La PIMEM y el Colegio de Abogados de Baleares acuerdan crear un frente común contra las tasas judiciales

• Ambas instituciones coinciden en la necesidad de extender a las pequeñas y medianas empresas la exención del pago de tasas de la que desde el 2 de marzo disfrutan las personas físicas.

• Tanto el decano del ICAIB como el presidente de PIMEM consideran que en momentos de recesión económica, que afectan de modo muy especial a las pymes y a sus trabajadores, es incomprensible mantener una justicia tasada con la que, de hecho, se pone un precio desorbitado al ejercicio de los derechos.

La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM) y el Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB) harán un frente común contra las tasas judiciales para exigir que la exención del pago de este tributo de la que, desde el 2 de marzo, se benefician los particulares, se extienda también a las pymes. 

Así lo han acordado el presidente de la PIMEM, Antoni Mas, y el decano de la abogacía balear, Martín Aleñar, en la reunión que han mantenido en la sede del Colegio de Abogados, durante la que también se han tratado otras posibles vías de colaboración institucional que afectan al ámbito de la formación y a la promoción, entre las empresas de las islas, del sistema de la mediación como un método ágil y eficaz de resolución de los conflictos que puedan surgir entre las sociedades mercantiles o entre éstas y sus clientes.

De este modo, la PIMEM se une a la reivindicación de la abogacía balear, que exige la derogación de la ley de tasas, por considerar que impone una Justicia tasada que, en la práctica, está impidiendo a muchos autónomos y empresarios poder defender en los tribunales sus derechos y legítimos intereses.

Tanto Antoni Mas, como Martín Aleñar han coincidido en señalar que con la reciente reforma operada en la ley de tasas, por la que las personas físicas han quedado exentas del pago de las mismas, pero no así las personas jurídicas, el Gobierno “ha perdido una ocasión excelente de mostrar cierta sensibilidad” hacia la difícil situación por la que atraviesan muchas de las pequeñas y medianas empresas que, en las Islas, han recordado desde PIMEM, suponen entre el 80 y el 90 por ciento del tejido empresarial.

En este sentido, ambos consideran que en momentos de recesión económica, que afectan de modo muy especial a las pymes y a sus trabajadores, es incomprensible mantener una justicia tasada con la que, de hecho, se pone un precio desorbitado al ejercicio de los derechos.