Comunidad Abogacía

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes tres de las principales reformas impulsadas por el Gobierno en materia penal y de seguridad, tras la aprobación en el Pleno del Congreso con 181 votos a favor , 138 en contra y dos abstenciones. Se trata del último paso antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, que incluye la prisión permanente revisable y delitos específicos para luchar contra el territorismo yihadista, y la Ley de Seguridad Ciudadana.

Ambas normas, que entrarán en vigor el próximo 1 de julio, según lo dispuesto en ambos proyectos, han atravesado un largo trámite parlamentario en el Congreso y el Senado, que se ha prolongado durante meses salvo en el caso de la modificación relacionada con la violencia islamista.

El Código Penal, lanzado a iniciativa del exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, introducirá en España un nuevo tipo de pena que ha contado con la oposición frontal de la oposición que considera que es inconstitucional y se trata de una ‘cadena perpetua’ soterrada.

Prevé también nuevos delitos relacionados con el terrorismo yihadista, fruto del pacto sellado el pasado 2 de febrero en el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

La Ley de Seguridad Ciudadana también ha sido aprobada de forma definitiva por las Cortes. Lo que hasta el momento figuraban como faltas con la nueva ley pasan a ser infracciones administrativas. Las muy graves serán multadas con entre 30.001 a 600.000 euros, las graves de 601 a 30.000 euros y leves de 100 a 600 euros.

POSICIÓN DE LA ABOGACÍA

La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía de España muestra su total desacuerdo a la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Ésta incluye una enmienda que pretende legalizar las devoluciones inmediatas y sin garantías jurídicas de las personas que accedan a territorio nacional por vía terrestre. Más información La Abogacía considera que los rechazos en frontera incumplen el Derecho Internacional

Por otro lado, el decano del Colegio de Abogados de Baleares, Martín Aleñar, también ha expresado su preocupación por el hecho de que algunos de los preceptos contenidos en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, podrían suponer serias restricciones en el ejercicio de derechos fundamentales de las personas como, entre otros, el derecho de reunión, el derecho de manifestación y la libertad de expresión. El decano de Baleares advierte sobre la posibilidad de que la Ley de Seguridad Ciudadana pueda suponer la restricción de derechos de los ciudadanos

Por su parte, la Abogacía Catalana no ha tardado en unirse a la crítica. Con la aprobación del nuevo Código Penal, muchos pequeños delitos serán considerados infracciones administrativas incorporados a la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que supondrá sanciones de importes más elevados para determinadas conductas previstas en la citada ley. Además, la presunción de inocencia que prevalece en el orden penal será sustituida por la presunción de veracidad de los atestados administrativos, de modo que el ciudadano denunciado perderá garantías a la hora de defenderse.

La Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) también ha denunciado el agravamiento de las penas y destaca que todas estas medidas contribuyen a fijar un estado policial bajo imposición de sanciones. Análisis de la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad ciudadana.