El Parlamento Europeo reconoce la lucha de la Abogacía contra las tasas

Se acaba de hacer público un Informe encargado por la Comisión de Libertades y Derechos de los ciudadanos (LIBE) del Parlamento Europeo sobre el impacto negativo de la crisis económica en los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Una de sus conclusiones es que en España se ha producido un evidente retroceso en materia de derechos fundamentales.

El informe LIBE constata que la crisis económica en España se produjo por la excesiva exposición financiera del sector inmobiliario, que ha venido produciendo caídas del PIB desde 2009. Para atajar estas consecuencias, el Gobierno español pidió ayuda al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para la recapitalización de sus instituciones financieras. Tras la aprobación de esta ayuda, el Eurogrupo estableció un programa de 18 meses para que España adoptara reformas en varios ámbitos, entre ellos la Justicia.

El estudio, que analiza las razones financieras de la crisis y destaca los recortes en la sanidad y en la educación, incluye una referencia expresa al acceso a la justicia y constata que las tasas judiciales han supuesto una seria barrera para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva por parte de muchos ciudadanos, al ser desproporcionadas y desiguales, en coincidencia con la posición defendida por la Abogacía en estos tres años de lucha contra las tasas judiciales.

Los autores del Informe mencionan de forma expresa en numerosas ocasiones al Consejo General de la Abogacía, sus repetidas denuncias contra una violación flagrante y constante del derecho fundamental de acceso a la Justicia, así como su papel en la creación de la Plataforma Justicia para Todos. El Informe señala que, a pesar de su revisión tras la petición formal del Defensor del Pueblo, después de recibir a la Abogacía y a la citada Plataforma, las medidas propuestas en primer lugar resultaron insuficientes, llegando a presentarse varias peticiones de inconstitucionalidad ante el TC por parte de gobiernos autonómicos y tribunales. El Informe se terminó antes de la eliminación de las tasas a las personas físicas, pero ya cuando el actual ministro de Justicia había anunciado su reforma.

Reconocimientos como éste, que es extensible a todos los operadores que han participado en la lucha contra las tasas y que finalmente han conseguido la supresión de las mismas para las personas físicas, son la prueba de que esta lucha de la Abogacía institucional contra una enorme injusticia ha permitido hacer llegar a todos que la Justicia es un valor, un bien que tiene que ser defendido y protegido, que no estamos dispuestos a se deteriore aún más. El éxito, ya lo he dicho, no hubiera sido posible sin la ayuda generosa de todos los operadores jurídicos, de los partidos, de los sindicatos, de las asociaciones de consumidores, de los ciudadanos de a pie, de asociaciones o grupos de abogados, en los despachos, en la calle y en las redes. Todos unidos persiguiendo el mismo objetivo: restaurar el efectivo acceso a la justicia de todos los ciudadanos sin barrera alguna.