27 febrero 2015

Tasas judiciales: derogación urgente y eficiente

ULTIMA HORA: A las 13:20 horas de hoy viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, han anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley para que los ciudadanos no tengan que pagar  tasas judiciales para defender sus derechos.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una propuesta de resolución tras el debate del Estado de la Nación por la que se acuerda exonerar “a las personas físicas del pago de tasas judiciales en todos los órdenes e instancias judiciales”. Tras esta aprobación, lo que toca ahora es que la medida se aplique con urgencia. He pedido desde siempre la eliminación total de estas tasas que son una barrera infranqueable para que los ciudadanos puedan acceder a la Justicia. Tras el anuncio del Presidente, es necesario que el Gobierno apruebe de forma inmediata su derogación para evitar la inseguridad jurídica y la agonía de miles de ciudadanos que están pendientes de iniciar trámites ante los tribunales para defender sus derechos. Bastante daño se ha hecho ya a miles y miles de personas que no han podido acudir a la Justicia y también a los que sí lo han hecho pagando unas tasas injustas, desproporcionadas e inconstitucionales, sin que su dinero, contra lo comprometido por el Gobierno, se haya destinado a mejorar el servicio público de la Justicia Gratuita.

Las tasas se pueden derogar de forma rápida y eficiente; el Gobierno ya hizo una “reforma exprés” hace dos años. En enero de 2013 entraron en vigor las denostadas tasas y el anterior ministro de Justicia las modificó por presiones de la Abogacía, de los ciudadanos y de la Defensora del Pueblo mediante Real Decreto Ley del 22 de febrero de 2013. Ahora se debe seguir el mismo procedimiento.

Desde la Abogacía continuaremos defendiendo –en los despachos, en la calle y en las redes sociales-, con todos los que nos quieran acompañar que la medida de supresión de este tributo también se extienda a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Con ello se repararía la injusticia y se impulsaría el crecimiento económico y la creación de empleo.

Dicho eso, creo que también es necesaria ahora alguna reflexión. El Consejo de la Abogacía Española ha mostrado su “satisfacción parcial” porque una batalla que ha durado tres años y que ha liderado la Abogacía Institucional, sin duda alguna, absolutamente unida, ha dado frutos concretos: en breve, ningún ciudadano tendrá que pagar tasas por acceder a la justicia. Hay que recordar que en febrero de 2012, cuando el ministro Ruiz-Gallardón anunció que no habría tasas en primera instancia y sí en segunda, de forma simbólica, para disuadir a los que abusaban de la Justicia, nadie se manifestó en contra, a la espera de ver cómo se concretaba la propuesta. Pero desde el mismo momento en que el Ministro incumplió totalmente su palabra, la Abogacía institucional no ha dejado de denunciar esa situación y de trabajar para revertirla. Lo saben bien todos los consejeros, los abogados a través de notas de prensa, de nuestra revista, de nuestra web, de los medios de comunicación y de la información que han dado todos y cada uno de los Colegios de Abogados. Y, sobre todo, lo saben bien en el Ministerio de Justicia, en la Presidencia del Gobierno, en el Defensor del Pueblo, en el Tribunal Constitucional, en los partidos, en los sindicatos y en la calle, donde nos hemos manifestado en repetidas ocasiones.

Una reflexión más: hace un año, los ciudadanos y los abogados teníamos la amenaza de una ley de Justicia Gratuita que iba a empeorar gravemente la situación de todos y podía acabar con un servicio público que funciona eficientemente. Hoy esa ley, aún corregida y mejorada notablemente, está parada.

Hace dos años la amenaza de desaparición de los Partidos Judiciales y de muchos Colegios de Abogados era inminente. Hoy no existe.

También hace dos años, estaba cerca el anteproyecto de una Ley de Servicios y Colegios Profesionales que en lugar de modernizar nada y solucionar problemas, iba a asfixiar a los Colegios y perjudicar a los ciudadanos. Hoy dicen que está guardada en un cajón.

En el plazo más breve posible –ojalá hoy mismo y por Real Decreto-Ley, como reclama la Abogacía institucional- los ciudadanos dejen de que pagar tasas para defender sus legítimos derechos. Y para valorar adecuadamente nuestras posibilidades como colectivo, deberíamos hacer una tercera reflexión: ¿cuántas leyes conocemos que hayan sido modificadas en dos ocasiones, en contra de los propios principios que las inspiraron y por el mismo Gobierno que la puso en marcha?

Pues eso es lo que la Abogacía institucional, con la ayuda generosa de todos los operadores jurídicos, de los partidos, de los sindicatos, de las asociaciones de consumidores, de los ciudadanos de a pie, de asociaciones o grupos de abogados, en los despachos, en la calle y en las redes, unidos hemos conseguido. Por eso creo que podemos estar parcialmente satisfechos. Pero, sobre todo, debemos todos saber quién es y dónde está nuestro adversario. No debemos perder ni un minuto en batallas estériles. Vamos a seguir reclamando, todos juntos, lo que nos parece necesario cambiar. Hasta que lo consigamos. Y seguimos en la lucha. Las tasas han sido una batalla importante, pero sólo una de las muchas en las que la Abogacía está defendiendo los derechos y los intereses de los abogados y de los ciudadanos. Y de forma prácticamente unánime.

Seguro que hemos cometido errores. Nuestras disculpas por ello. Pero en la batalla contra las tasas, éxito de todos, repito, han ganado los ciudadanos y la Justicia.

 

 

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