Libertad para españoles condenados por Ecuador

La libertad, como dice Cervantes en El Quijote, no puede igualarse “con los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre”. Estar privado de ella es uno de los mayores castigos a los que se puede someter a un ser humano. Castigo que se transforma en tormento si el encarcelamiento se prolonga más allá de los límites legales que establece una condena.

Decenas de españoles condenados en Ecuador por tráfico de droga a pequeña escala están sufriendo este tormento. No son integrantes de bandas organizadas de narcotráfico, sino personas que se prestaron a actuar como lo que coloquialmente se denomina “mulas”, creyendo que obtendrían así un dinero fácil para cubrir sus necesidades económicas tras perder el empleo o ante otras situaciones desesperadas.

Los tribunales ecuatorianos les impusieron severas condenas, pero ahora Ecuador ha aprobado un nuevo Código Orgánico Integral Penal que modula las penas por tráfico menor de estupefacientes en función de la cantidad portada en el momento de la detención. Es una reforma que debería ser ejemplo para toda la región, ya que pone de manifiesto una visión progresista del derecho penal y la aplicación real en las normas del principio de proporcionalidad de las penas.

Aunque el nuevo Código entró en vigor en agosto de 2014, todavía hoy buena parte de los condenados siguen privados de libertad. En España, unas 50 personas que fueron trasladadas en su día en virtud del convenio con Ecuador para cumplir su condena en centros penitenciarios españoles, están pagando más cárcel de la que deberían. Y, como he dicho, algunos más siguen aún en prisiones ecuatorianas.

Felicitamos sinceramente al Gobierno ecuatoriano por su reforma penal y por el enorme esfuerzo que está haciendo en la modernización de sus infraestructuras penitenciarias. Pero le pedimos que agilice al máximo los procedimientos de revisión de condena de todos los españoles afectados, tanto aquí como allí, para que puedan recobrar la libertad y, en el caso de los que están en Ecuador, para que puedan volver a España con sus familiares y amigos.

La Fundación Abogacía Española está coordinando a abogados ecuatorianos para que les asesoren y en nuestro país, son los compañeros de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria y otros abogados voluntarios quienes se están ocupando de los que están aquí.

A las autoridades penitenciarias españolas les hemos solicitado que concedan el régimen abierto a los presos que ya han cumplido su condena, en tanto la justicia ecuatoriana revisa sus penas y llega el licenciamiento definitivo.

No podemos ignorar esta grave situación y quedarnos de brazos cruzados. Nadie que diga que respeta los Derechos Humanos debería consentir que una persona esté privada de libertad ni un solo segundo más de lo que legalmente le corresponde.