El Gobierno fija los criterios para los candidatos a jueces, abogados generales y miembros de distintos tribunales europeos

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un acuerdo conjunto de los Ministerios de Presidencia, Justicia y Asuntos Exteriores y de Cooperación por el que se establecen las pautas para la propuesta de candidatos a jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y a miembros del Tribunal General de la Unión Europea, según ha informado el Ministerio de Justicia.

Según este mecanismo de selección de los candidatos españoles, será el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación quien comunicará a los de la Presidencia y de Justicia, y al Consejo Ejecutivo de Política Exterior, la necesidad de elaborar una propuesta para lo que habrá que desarrollar un proceso de selección con la publicidad correspondiente. Un comité de selección examinará la idoneidad de los candidatos y propondrá sus nombres. Posteriormente, la candidatura se comunicará al Consejo Ejecutivo de Política Exterior antes de que el Consejo de Ministros finalmente tome la última decisión.

El comité seleccionador estará integrado por el secretario de Estado para la Unión Europea, el secretario de Estado de Justicia, el subsecretario de Presidencia y el subsecretario de Justicia, y contará con el apoyo de una secretaría ejercida por un Abogado del Estado.

Este sistema ofrece las máximas garantías de capacitación, transparencia y adecuación al cargo de aquellos candidatos que España presente, de cara al desempeño de unas responsabilidades tan relevantes en el ámbito de la Justicia europea, cuyas decisiones tienen una repercusión creciente en todos los Estados de la Unión.

La Constitución española otorga al Gobierno la capacidad de proponer candidatos a altas funciones jurisdiccionales internacionales y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que estos profesionales serán designados en el caso del Tribunal de Justicia y elegidos en el del Tribunal General de la Unión Europea entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y capacidad, por un periodo de seis años.