Una mala noticia para la Justicia

Hoy publico en Expansión este artículo sobre la dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

La dimisión de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado es una mala noticia para la Justicia y para el Estado de Derecho.

Desde la Abogacía hay que destacar la labor de Torres-Dulce en sus tres años al frente de la Fiscalía, su gran capacidad de trabajo y de diálogo y su vocación de servicio público. Gracias a su voluntad para llegar a acuerdos, el Consejo General de la Abogacía colabora con la Fiscalía en la descongestión de los juzgados mediante la aplicación de los protocolos de conformidad. El Protocolo prevé un sistema de conformidades simple y ágil entre abogado y fiscal en faltas y delitos menos graves: las distintas Fiscalías y Colegios de Abogados cuentan con fiscales y letrados cuya misión fundamental es el seguimiento, aplicación y correcto desarrollo de este Protocolo, solventando las incidencias que puedan producirse.

Torres-Dulce también ha sido defensor de una mayor dotación presupuestaria destinada a la Justicia. Ha tenido el valor de advertir al Gobierno central y a los de las comunidades autónomas que aunque la Justicia tenga también que sufrir recortes, nunca se deben hacer sobre lo que es imprescindible para su funcionamiento y su eficacia. Al final quien sufre los recortes es el ciudadano en la defensa de sus derechos ante los tribunales.

Siempre ha sido un gran defensor de la instrucción por los fiscales, pero respetando siempre el derecho de defensa en condiciones de igualdad. Torres-Dulce ha defendido el papel predominante en la investigación del Ministerio Fiscal, pero no a toda costa, no sin los medios económicos y personales adecuados y sin una reforma de la propia institución.

Eduardo Torres Dulce se va de la Fiscalía como cuando comenzó su mandato estatutario. En una entrevista publicada en la revista ‘Abogados’ nada más tomar posesión como fiscal general del Estado dejó clara la defensa de su independencia y autonomía: “Si me resultara imposible ejercer el cargo desde esos postulados, me iría anticipadamente”. La lealtad a uno mismo, a sus principios es, sin duda, uno de los valores a los que Torres Dulce no ha renunciado en ningún momento. Con estos criterios y con su actitud, Torres-Dulce ha dejado muy alto el listón para el próximo fiscal general del Estado. Quien le sustituya, quien proponga el Gobierno para ejercer el cargo debe ser consciente de que la institución debe mantener siempre su autonomía. La Justicia no es Justicia si está subordinada a la política.

He tenido la suerte de trabajar con dos fiscales generales, Cándido Conde-Pumpido y Torres-Dulce, que han colaborado con la Abogacía y defendido la libertad e independencia de los abogados y el Derecho de Defensa.