Justicia debe rectificar: la asistencia letrada al detenido, imprescindible en la recogida de muestras de ADN

Hoy publica María Peral una información en el diario El Mundo según la cual el Ministerio de Justicia quiere suprimir la necesidad de asistencia letrada para obtener muestras de ADN de detenidos. Para ello utilizará la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que hoy aprueba el Consejo de Ministros.

Según la redacción conocida, el anteproyecto de Ley de reforma de La LECrim establece que la asistencia letrada “no será precisa para la recogida de muestras de sustancias biológicas del detenido con los fines previstos en la legislación sobre bases de datos policiales sobre identificadores obtenidos a partir de ADN”. Manifiesto el rotundo rechazo de la Abogacía a esta pretensión del Ministerio de Justicia.

En defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales, el Ministerio de Justicia debe eliminar este cambio y mantener la doctrina del Tribunal Supremo, que el pasado 24 de septiembre se pronunció en el sentido de que el almacenamiento de muestras biológicas constituye “una suerte de preconstitución de prueba a perpetua memoria, eventualmente de cargo, de particular relevancia”, ya que el detenido “accederá a una genérica y abierta condición de sospechoso” de hechos delictivos tanto pasados como futuros, respecto a los cuales la policía podrá cotejar sin límite su ADN. El Supremo extrema las garantías para la recogida de muestras “que no se podrán utilizar como prueba, incluso si el detenido autoriza la obtención, salvo que se haya avisado a su abogado y éste haya aconsejado a su cliente”.

Este cambio legal que quiere llevar a cabo el Ministerio vulnera los artículos 17.3 y 24 de la Constitución Española y contradice lo fijado en otro punto del mismo anteproyecto que señala que “el abogado informará al detenido de las consecuencias de prestación o denegación de consentimiento a la práctica de diligencias que se le soliciten”.

Lo conocido hasta ahora sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es sólo un anteproyecto. Pero, en línea con lo manifestado reiteradamente por el nuevo ministro de Justicia, es imprescindible que todas las leyes que actualmente están en trámite parlamentario o de deliberación, antes de su envío al Parlamento, sean previamente debatidas y consensuadas, en la medida de lo posible, con los operadores jurídicos para evitar errores o planteamientos que afecten a los derechos fundamentales de los ciudadanos y que agraven más todavía el estado de deterioro de la Justicia española. Es un compromiso reiterado del nuevo ministro de Justicia que éste debe mantener y cumplir.