Un funesto aniversario: dos años de la Ley de Tasas

Hoy se cumplen dos años de la publicación en el BOE de la funesta Ley de Tasas Judiciales. Dos años en los que se ha impedido el acceso de muchos ciudadanos a la Justicia y se ha liquidado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Dos años en los que se han confirmado los peores augurios sobre la aplicación de esta ley, en los que se ha consagrado una justicia para ricos y otra para pobres, penalizando a la mayor parte de los ciudadanos que no está en ninguna de esas dos categorías, y en los que también se ha privado a jueces y magistrados del conocimiento de miles de injusticias y quejas del conjunto de los ciudadanos.

En este segundo aniversario exigimos, con más fuerza, la eliminación de las tasas judiciales para los ciudadanos, por ser inconstitucionales, injustas y desproporcionadas.

Son los ciudadanos quienes sufren las consecuencias y los graves daños que provoca esta Ley. Por ello, el Tribunal Constitucional debe agilizar su respuesta ante los cinco recursos de inconstitucionalidad y las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas.

Quienes nos dedicamos a la Abogacía hemos conocido, a lo largos de estos dos años, muchos casos de ciudadanos que han tenido que renunciar a iniciar un proceso o recurrir una sentencia por no poder afrontar el pago de las tasas judiciales. Ellos son el claro ejemplo de la injusta barrera que, para el acceso a la Justicia, supone esta Ley.

El Consejo General de la Abogacía ha estado todo este tiempo en vanguardia en la lucha contra las injustas tasas judiciales. Dos años en los que ha liderado las protestas de los colectivos jurídicos para exigir la retirada de las tasas judiciales. Pero los operadores jurídicos no estamos solos en la lucha contra esta Ley. La mayoría de ciudadanos también se muestran en contra de la imposición de tasas judiciales. Según un sondeo de Metroscopia, un 83% de los españoles considera que no hay razones que justifiquen el pago previo de una tasa para acudir a la Justicia, mientras que un 79% cree además de los importes establecidos en la Ley son excesivos.

La oposición a las tasas judiciales también se ha expresado desde fuera de nuestras fronteras. La Federación de Colegios de Abogados de Europa (FBE) aprobó una resolución, en su congreso de 2013, en las que calificaba las tasas como “totalmente desproporcionadas” y expresaba su total rechazo a esta normativa, que supone una clara limitación al acceso a la Justicia.

Cuando se aprobó esta Ley se aseguró que lo recaudado se destinaría a mejorar la asistencia jurídica gratuita. Así lo prometió el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. No ha sido así. Hasta julio de 2014 el Estado ha recaudado 512 millones de euros en tasas judiciales, como reconoció en una respuesta a una pregunta parlamentaria Desconocemos el destino de este dinero, pero desde luego no se ha dedicado a lo que se prometió.

¿Cuál es el objetivo, entonces, de recaudar dinero por que los ciudadanos ejerciten su legítimo derecho de acceso a la Justicia? A lo largo de estos dos años ha quedado demostrado que el objetivo de la Ley de Tasas es puramente recaudatorio y disuasorio, pues no ha ido destinado a financiar la justicia gratuita

El actual ministro de Justicia, Rafael Catalá ha anunciado en diferentes ocasiones una revisión de la tasas para ajustarlas y en este sentido, la creación de una Comisión Mixta Abogacía-Ministerio es un buen instrumento para debatir el tema y cambiar la ley. Pero cada día que pasa, hay más ciudadanos que sufren la injusticia de la ley de forma irreparable.

Francia también tenías tasas judiciales, con una cuantía mucho menor que la de aquí, y aun así el Gobierno francés las eliminó porque, como ha expresado la ministra de Justicia francesa, suponían una penalización a las personas más vulnerables y una restricción de su acceso a la Justicia. Esperamos que éste sea el último aniversario de esta Ley. Los españoles no podemos permitirnos mantener una barrera que impide de forma tan clara el acceso efectivo de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva.