22 septiembre 2014

El TC agiliza el estudio de los recursos contra las tasas ante la paralización de procesos judiciales

El Tribunal Constitucional está estudiando los recursos contra las tasas judiciales que están vulnerando el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por razones económicas, según publica El Confidencial.

Desde el TC se entiende que el recurso planteado contra las tasas de Ruiz-Gallardón debe ser resuelto con prontitud principalmente por dos razones. La primera, porque el clamor social es muy elevado y cada vez se presentan menos recursos ante el Tribunal Supremo por las excesivas cuantías. Y la segunda porque hay muchos procesos judiciales paralizados al haber presentado jueces y tribunales cuestiones de inconstitucionalidad a las tasas judiciales –entre ellas la propia Audiencia Nacional– que no pueden resolverse hasta que el recurso principal quede decidido. De ahí que se espera que antes de que acabe el año haya una decisión tomada, según El Confidencial.

Hace casi un año, en octubre de 2013 el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, solicitó al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, que “se agilice en lo posible la resolución de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Tasas Judiciales”.

En el escrito dirigido al presidente del TC, Carnicer consideraba urgente “paliar el efecto muy grave” que tienen las tasas judiciales tanto para los ciudadanos, ya que no pueden acceder al derecho a la tutela judicial efectiva, como para los tribunales, que carecen de criterios para conocer la realidad social por las trabas puestas a los ciudadanos para acceder a la Justicia.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por los Gobiernos de Andalucía, Aragón, Canarias , Cataluña, y el Grupo Parlamentario Socialista.

También hay que añadir las cuestiones de inconstitucionalidad que han planteado Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Además, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo adoptó un acuerdo no jurisdiccional que establece la no exigencia de tasas judiciales al trabajador, sindicatos, beneficiario de la Seguridad Social, funcionario o personal estatuario en recursos de suplicación y casación. Todos los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, recordaba Carnicer en el escrito remitido a Pérez de los Cobos, se fundamentan en que las tasas judiciales pueden estar “condicionando el acceso de los ciudadanos a la Justicia”.

Según, El Confidencial, que cita fuentes del alto tribunal, el ponente está redactando su texto, que después tiene que ir a pleno para su votación. El TC tendrá que decidir si las tasas afectan en sí mismas a la tutela judicial efectiva e impiden al ciudadano acceder a la Justicia. Aunque también puede que la tasa judicial se considere constitucional pero las cuantías desproporcionadas.

Oposición frontal de la Abogacía

La Abogacía Española se ha manifestado en contra de esta Ley desde antes de su tramitación y ha criticado que el Ministerio de Justicia no escuchara a los diversos colectivos antes de aprobarla. En el Manifiesto publicado tras la entrada en vigor, las calificaba de “experimentos o iniciativas improvisadas carentes de eficacia alguna, que sólo tienden a impedir o recortar el acceso de los ciudadanos a la Justicia sin percatarse de que el verdadero problema no son disfunciones puntuales, sino el deplorable estado que sufre la Administración de Justicia”.

 

 

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