Torres-Dulce recuerda que la Constitución “nunca dificulta la convivencia pacífica entre los españoles”

• Apertura del Año Judicial
• El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, destaca la diferencia entre el dato bruto de diligencias previas incoadas en 2013 -4.036.984- y el rendimiento neto tras el descuento que suponen inhibiciones, acumulaciones  y archivos rápidos, que las dejan reducidas a 661.556. Esta cifra, ha dicho, “es la verdadera referencia cuantitativa de la justicia penal en nuestro país.
• El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha dado a conocer que las sentencias dictadas durante el año pasado por los tribunales españoles se elevan a 1.571.391, se ingresaron más de 8.600.000 asuntos y se resolvieron casi 9.000.000. La duración media estimada en todas las jurisdicciones se situó en el umbral inferior a los doce meses. 

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha recordado durante su discurso este miércoles con ocasión de la Apertura del Año Judicial que “todas las ideas y las personas” tienen cabida en España y que es la Constitución “la que ampara, nunca la que dificulta la convivencia pacífica entre los españoles”.

Ante el Rey Felipe VI, que preside este año por primera vez el acto formal de apertura de los tribunales; el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes y los miembros de la cúpula judicial Torres-Dulce ha citado al pensador Isaiah Berlín para señalar que “el mérito de una sociedad libre es que acepta gran variedad de opiniones en pugna, sin necesidad de suprimirlas”.

En clara alusión al proceso soberanista en Cataluña, aunque sin citarlo, el fiscal general ha recordado que los españoles y españolas han luchado desde 1975 para ampliar el marco de derechos y libertades y por ello se niegan a aceptar “un país ineficiente” y, citando ahora a Gil de Biedma, “algo así como España entre dos guerras civiles”.

Redundando en esta idea, y en una tercera cita del reformista Melquíades Álvarez, Torres-Dulce ha recordado que el progreso no consiste en la destrucción ” por el afán de aparecer avanzado” de “una obra tradicional en la que todavía alienta el vigor y la vida porque, al hacerlo, no logramos otra cosa que fabricar en el aire, con ideas abstractas, creaciones de la fantasía más que del pensamiento, y que se desvanecen por esto mismo al primer soplo de la realidad”.

CORRUPCIÓN

Torres-Dulce también se ha referido en su discurso a la existencia del “problema de la corrupción” señalando que existe la corrupción política “que mina la credibilidad del sistema democrático”, aunque tampoco puede ignorarse la corrupción privada, “que en el terreno financiero compromete gravemente la estabilidad económica y la distribución de la riqueza”, provocando “crisis con repercusiones sociales que amplían desigualdades intolerables”.

A este respecto, ha reconocido que “el frente judicial contra la corrupción empieza a rendir frutos”, de lo que es muestra el porcentaje de condenas logradas, un total de 18 en 2013 todas ellas conformes total o parcialmente con la acusación ejercida por el Ministerio Público.

No obstante, reconoce que “la respuesta del sistema judicial penal es en exceso lenta y a veces desigual” y que precisamente por esta razón debe demandar “medios que cambien este rumbo”, así como modificar “hábitos procesales y organizativos propios” que actualmente “lastran” la eficiencia de la Justicia.

Así, ha recordado al Rey  que “sin Justicia no habrá libertades reales ni las exigencias de progreso social en igualdad pueden contemplarse y disfrutarse como reales”.

RENDIMIENTO DE LA FISCALÍA

A lo largo de su discurso, el fiscal ha ofrecido algunos datos de la última Memoria de la Fiscalía, relativa a 2013, en la que destaca la diferencia que se abre entre el dato bruto de diligencias previas incoadas durante dicho año, que fueron 4.036.984, y el rendimiento neto tras el descuento que suponen inhibiciones, acumulaciones  y archivos rápidos, que los dejan reducidos a 661.556. Esta cifra, según ha destacado, “es la verdadera referencia cuantitativa de la justicia penal en nuestro país.

Por ello, la Fiscalía aboga por que los atestados policiales sean remitidos a juzgados y fiscalías “sólo cuando haya podido determinarse la autoría del delito”. Para ello sería necesario reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En relación con esta reforma, tantas veces anunciada, Torres-Dulce aboga por potenciar la actividad investigadora del fiscal “dentro del vigente marco legal”, y la Fiscalía plantea para ello la creación de equipos de investigación integradas por fiscales especializados y expertos en materias contables, fiscales y otras ramas de pericia técnica.

A su juicio, añade, “en este terreno lo que no suponga un significativo aumento de la autonomía funcional y orgánica del Ministerio Fiscal redundará en una percepción ciudadana muy negativa”.

FALTAS Y RESPUESTA PROCESAL

Se ha referido al igual que años anteriores a los juicios de faltas, que merecen ha su juicio un comentario crítico porque la Fiscalía tuvo que asistir a un total de 226.883 juicios de faltas en 2013, según datos de la última Memoria hechos públicos este miércoles, lo que representa un 66 por ciento del total de sus asistencias a juicio oral. Este dato de por sí causa “desazón” según  Torres-Dulce.

En cuanto a la respuesta procesal, a Torres-Dulce le preocupa que entre la incoación de un procedimiento y la evacuación de un escrito de calificación por el fiscal transcurran una media de 393 días en el procedimientno abreviado, 722 días en sumario y 538 días en los tribunales de jurado, y que hasta la fecha de señalamiento de juicio transcurran otros 532 días en procedimiento abreviado, 250 días en el sumario ordinario y 237 en el caso del jurado.

Por ello aboga por “reforzar la cultura del consenso e intensificar la aplicación de los protocolos de conformidad”, si bien reconoce que son remedios puntuales “que no deben distraernos del verdadero objetivo” que es el de reformar la justicia penal.

La reforma proyectada del Código Procesal Penal, “desafortunadamente” según el fiscal general, ha sido aparcada de momento, por lo que Torres-Dulce aboga por la regulación de las medias de investigación limitativas del derecho al secreto de las comunicaciones, una reducción razonable del número de aforamientos o en un una configuración más precisa del estatuto jurídico del imputado.

TERRORISMO Y VÍCTIMAS

También se ha referido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha constatado una disminución de asuntos derivada del cese de la actividad de ETA, advirtiendo que persisten no obstante el fenómeno de la ‘kale borroka’ y actos de enaltecimiento del terrorismo (se incoaron 55 procedimientos de este tipo en 2013) .

Ha advertido igualmente de la necesidad de no bajar la guardia frente al ‘yihadismo’, que sigue considerando a España como objetivo potencial y que en 2013 generó 5 escritos de acusación de la Fiscalía, la celebración de cuatro juicios y la obtención de otras tantas sentencias, todas ellas condenatorias.

Ha destacado igualmente el fiscal general en la “memoria debida” a las víctimas del terrorismo, que “constituye un poderoso acicate para el Ministerio Público” y para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, “que no olvidan la necesidad de permanecer alerta ante cualquier nueva manifestación de la lacra del terrorismo, en especial cuando se producen actos de enaltecimiento de sus autores o de humillación de sus víctimas”.

EL PRESIDENTE DEL TS RECUERDA QUE EL ESTADO DE DERECHO IMPIDE EL “CAMBIO UNILATERAL” DE LAS REGLAS DEL JUEGO

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo ha asegurado que el respeto al Estado de Derecho constituye una “exigencia ineludible” para pertenecer a la Unión Europea y que esta “lealtad institucional” impide el “cambio unilateral de las reglas del juego” que han de regir nuestras convivencia, en referencia al proceso soberanista catalán aunque sin citarlo expresamente.

En su intervención, Lesmes ha expresado que los jueces son conscientes de que España experimenta “importantes transformaciones” y padece “incertidumbres sociales y políticas”, lo cual afianza su convicción de que solo mediante la observancia del Derecho, el respeto a la Constitución y “en la unidad pero con respeto a la diversidad, será posible la convivencia pacífica y la prosperidad de los españoles”.

Dicho esto, ha mostrado el compromiso de los jueces españoles en la defensa del Estado de Derecho y de una Justicia independiente al servicio de los ciudadanos. “Estos valores que nos comprometemos a defender se fortalecen también con la lealtad institucional que reclama nuestra integración en la Unión Europea, constituyendo el respeto al Estado de Derecho una exigencia ineludible para pertenecer a ella, lealtad que impide el cambio unilateral de las reglas del juego que han de regir nuestra convivencia”, ha remachado.

Mientras, se escuchaban los pitos y las consignas de un grupo de funcionarios concentrados a las puertas del alto tribunal en protesta por la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles, el “deterioro” de la Justicia y la reforma del mapa judicial. Los sindicatos han convocado la manifestación con el lema “Gallardón acaba con la justicia para todos” en la que los participantes han reclamado la dimisión del ministro.

LOS JUECES AGILIZARÁN LA TRAMITACIÓN DE CASOS DE CORRUPCIÓN

El presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha referido también al problema de la corrupción, destacando que la tramitación de los asuntos extendida en el tiempo “más allá de lo razonable” genera “desaliento en la sociedad”.

En este sentido, ha subrayado que el Poder Judicial se implicará “activamente” en la lucha contra esta “lacra social”, que está minando la credibilidad en las instituciones”. “Nos comprometemos a hacer todo lo posible para revertir esta situación, agilizando la tramitación y resolución de las causas en materia de corrupción”, ha destacado.

Lesmes, que dirige el órgano de gobierno de los jueces, ha aprovechado la ocasión para agradecer la “encomiable responsabilidad y dedicación” de los vocales del CGPJ a lo largo de estos nueve meses de mandato. Además, ha celebrado su satisfacción por los tiempos de respuesta del Supremo, en la vanguardia” de los tribunales de casación europeos.

En este escenario, ha dado a conocer que las sentencias dictadas durante el año pasado por los tribunales españoles se elevan a 1.571.391, se ingresaron más de 8.600.000 asuntos y se resolvieron casi 9.000. La duración media estimada en todas las jurisdicciones se situó en el umbral inferior a los doce meses.

Finalmente, Lesmes ha centrado su discurso en la importancia de la Europa del Derecho para dar respuesta a las nuevas necesidades, amenazas y riesgos. Ha recordado que la cuestión prejudicial de la Audiencia Nacional ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea culminó con el reconocimiento del “derecho al olvido” en Internet e hizo posible que 500 millones de europeos tengan un nuevo mecanismo de protección en su privacidad.

El presidente del Supremo también ha querido recordar la iniciativa del juez de Barcelona en el ‘caso Aziz’ que contribuyó a identificar la “inveterada figura del deudor hipotecario con la de un moderno consumidor”. En total, han sido 313 las cuestiones prejudiciales planteadas por los órganos jurisdiccionales españoles hasta el 31 de diciembre de 2013.

Ha hecho hincapié en que la cooperación entre los jueces y la tutela de los derechos humanos les lleva a interiorizar este acervo común y ha defendido que los altos tribunales nacionales puedan solicitar al tribunal de Estrasburgo que emita “opiniones consultivas” sobre la interpretación de las libertades reconocidas en Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus protocolos.

“Lo señalado hasta ahora no constituye activismo judicial, en su acepción peyorativa de mero voluntarismo” ha señalado Lesmes, para apostar por la revitalización del ordenamiento jurídico ya que el reconocimiento judicial de nuevos derechos se presenta como un “formidable instrumento en beneficio de la cohesión social que garantiza nuestra convivencia”.

El protocolo del acto ha recuperado el tradicional besamanos, que se ha celebrado tras los discursos y que había sido suspendido en las últimos años por la imposibilidad del Rey Juan Carlos de permanecer mucho tiempo de pie, según fuentes del alto tribunal. Al acto también han asistido el presidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos, del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, así como representantes de la Audiencia Nacional y vocales del CGPJ, entre otras autoridades.