La Abogacía estudia si la última modificación de la LEC garantiza los derechos de los ejecutados hipotecarios

El Consejo General de la Abogacía está examinando el Real Decreto-ley 11/2014 de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, que establece el plazo preclusivo de un mes (a contar desde el 7 de septiembre) para presentar recurso de apelación en las ejecuciones hipotecarias en las que se hubiera dictado auto desestimatorio de la oposición a la ejecución, para valorar si se garantizan los derechos de los ejecutados hipotecarios en el sentido indicado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Según la disposición transitoria cuarta del Real Decreto, publicado en el BOE del sábado 6 de septiembre, con las modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil establecidas en el texto, se procede a ejecutar la sentencia del TJUE de 17 de julio de 2014.

La publicación en el BOE tiene carácter de comunicación plena y válida a los efectos de notificación y cómputo de los plazos previstos, “no siendo necesario en ningún caso dictar resolución expresa al efecto”, según el texto del Real Decreto-ley.

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, ha enviado una circular a todos los Consejeros advirtiendo de esta importante modificación legislativa y este breve y preclusivo plazo  de un mes, que puede afectar a cientos de ciudadanos incursos en procesos de ejecución hipotecaria y obliga a todos los abogados -muchos de ellos de oficio- a revisar los procedimientos hipotecarios que hayan llevado.

PRECEDENTE EN MAYO DE 2013

La Abogacía Española ya alertó en 2013 cuando la nueva Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, también estableció un plazo de un mes para que todos los procesos de ejecución hipotecaria pudieran ser revisados por si contenían cláusulas abusivas. El plazo no admitía prórroga y los juzgados no tenían obligación de advertir sobre él.

El Consejo General de la Abogacía Española informó de esta circunstancia, tanto a abogados como a ciudadanos inmersos en procesos de ejecución hipotecaria, a través de las redes sociales y mediante anuncios publicados en medios de comunicación escritos, para evitar que miles de ciudadanos pudieran quedar indefensos.