Las líneas rojas de la Justicia Gratuita

Por los derechos de ciudadanos y abogados en Justicia Gratuita

La presentación en el Consejo General de la Abogacía Española del VIII Observatorio de Justicia Gratuita me ha permitido defender otra vez más que nuestro sistema actual de Justicia Gratuita es magnífico y he vuelto a recordar que el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita no puede hacerse en contra de los ciudadanos y a espaldas de los abogados. ¿Por qué tramitar una ley que es peor que la actualmente vigente?.

El Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita lo prestan profesionales muy cualificados que ofrecen la garantía -bajo el paraguas de los 83 Colegios de Abogados- de proporcionar la defensa jurídica de los más vulnerables de forma libre e independiente.

También he recordado el clamor existente por el impago de los baremos a los abogados del Turno de Oficio, manifestando nuestro compromiso en seguir trabajando por la ciudadanía. Por ello debemos denunciar las desconsideraciones de que somos objeto por parte de algunas Administraciones Públicas.

Dentro de las acciones que se están llevando a cabo para trasladar el malestar del Consejo General de la Abogacía con el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ha adoptado una serie de medidas para difundir la profunda discrepancia de la Abogacía institucional con la redacción del actual proyecto de ley. Entre estas medidas está la concentración en Madrid el día 24 de julio de las Juntas de Gobierno de todos los Colegios de Abogados de España y, además, se ha propuesto a todos los Colegios de Abogados que los días 30 de julio y 10 de septiembre deje de prestarse el servicio de asistencia letrada a imputados no detenidos, no se preste el servicio de orientación jurídica (salvo para la suspensiones de plazos procesales) y el no asistir a los juicios rápidos sin detenidos.

Estas medidas deben servir para potenciar –todos juntos- la fuerza de nuestra posición y la solidez de nuestros argumentos.

La celebración en toda España, desde hoy hasta el próximo lunes 14 de julio, del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio debe servir para mantener un carácter reivindicativo en contra de la tramitación del proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que pone en riesgo un servicio fundamental para garantizar el derecho de defensa de los más vulnerables.

A continuación incluyo el texto de mi prólogo al Informe del VIII Observatorio de la Justicia Gratuita en el que se expone la posición de la Abogacía:

No es difícil explicar lo que es y lo que no es, lo que hace y lo que representa el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio que prestan los 83 Colegios de Abogados de España. No hace falta mucha literatura, sólo datos. Este VIII Informe del Observatorio de Justicia Gratuita que elaboran el Consejo General de la Abogacía Española y la editorial LA LEY está lleno datos y de razones, de argumentos y de propuestas.

No se gasta más, se gasta menos. Desde 2010 el gasto social en Justicia Gratuita –yo prefiero llamarlo “inversión en paz social” porque es exactamente eso- ha disminuido año tras año. De 266 millones en 2009 a 223 en 2013. Y eso, a pesar de que, por decisiones gubernamentales y parlamentarias han aumentado los colectivos que pueden beneficiarse de la Justicia Gratuita. En algunos casos, hay que decirlo, de manera injusta. A los ciudadanos españoles mantener el modélico sistema de Asistencia Jurídica Gratuita que desarrollan más de 42.000 abogados 24 horas al día, 365 días al año les cuesta menos de 5 euros al año. Y les cuesta menos hoy que hace cinco años, aunque han aumentado los asuntos y los beneficiarios y no se ha bajado ni un ápice la calidad del servicio que reciben las personas que lo demandan. Más allá de los asuntos, de las demandas, de los problemas, están los seres humanos.

Hay abogados que no cobran por su trabajo y otros que cobran tarde o que cobran cada vez menos. Los baremos que cobran los abogados por atender una asistencia letrada al detenido en la madrugada de un sábado o un domingo han bajado en algunos casos hasta un 40 por ciento. El recorte en el gasto se hace desde años a costa exclusivamente de los abogados. Aunque las Administraciones públicas están obligadas a pagar todas las facturas a un máximo de treinta días –y lo hacen a una media de entre 60 y 120 días- hay Administraciones que pagan el Turno de Oficio con más de un año de retraso y son los Colegios de Abogados los que tienen que hacer gravosos acuerdos con los bancos para poder adelantar ese dinero. Y, como he dicho, si se deniega el beneficio de Justicia Gratuita cuando el abogado ya ha realizado su trabajo, el abogado no cobra. Como si no hubiera trabajado. Es injusto, muy injusto.

No baja la calidad, no hay apenas quejas, no hay abusos significativos. Muchos Colegios de Abogados disponen de Formularios de Control de calidad que cumplimentan los usuarios del Servicio. Además, permanentemente, bien a través del Informe Anual de este Observatorio de Justicia Gratuita, bien en los Barómetros de Opinión que realiza periódicamente el propio Consejo, se analiza su valoración por los usuarios y también por los abogados. Curiosamente, son más exigentes los abogados que los usuarios. Pero si quieren un instrumento absolutamente externo de valoración, ajeno a la Abogacía, tenemos la Memoria del Defensor del Pueblo. En la de 2013, las quejas sobre la Justicia son el tercer capítulo más importante después de la función y empleo públicos y la actividad económica. Incluso el segundo, si le sumamos las que están contabilizadas en capítulos como Registro Civil, tráfico y seguridad vial o ciudadanía seguridad pública. En total son entre 2.200 y 4.000 quejas más o menos. Son más que por la sanidad, la política social, la seguridad social, la vivienda, la educación o el urbanismo. A los ciudadanos les preocupa la mala calidad de la Justicia. Al parecer, más que a los políticos.

¿Saben cuántas quejas ha habido por la prestación del servicio público de Justicia Gratuita? Sólo 65, tres más que el año anterior.

Pero, además, más del 90 por ciento de las solicitudes de Justicia Gratuita que presentan los Colegios, se confirman por las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, lo que viene a confirmar que no resultan ciertos los excesivos abusos o intentos de abusos por parte de ciudadanos con los que se pretende justificar el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Sí hay un modelo que funciona. Y que lo hace de forma eficiente. La puesta en marcha por la Abogacía, a costa de las cuotas de los colegiados, del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita agiliza la tramitación y evita molestias, desplazamientos y pérdida de tiempo a los ciudadanos y a los funcionarios. Y, sobre todo, hace mucho más difícil el fraude. En 2013 se han atenido por este procedimiento las demandas de 525.000 ciudadanos. Es decir, uno de cada dos expedientes de Justicia Gratuita se ha tramitado por el procedimiento electrónico. Seguramente es el único expediente electrónico en la Justicia española que funciona como debe. Pero, además, la satisfacción de los usuarios es alta y la organización y coordinación por los Colegios, muy eficiente. El modelo de justicia gratuita español, con sus defectos, es altamente valorado en Europa y en otros lugares del mundo y no crea problemas. Los soluciona.

No se ha recaudado más y no se ha dedicado el dinero de las tasas a la Justicia Gratuita. Habría que preguntarse por qué se quiere recaudar más si el servicio de Justicia Gratuita cuesta menos cada año desde 2010. Pero incluso olvidando eso, contra la promesa del ministro de Justicia, la recaudación por las injustas y desproporcionadas tasas judiciales -149 millones de pesetas en 2013, menos de la mitad de los cálculos del Ministerio, que eran de 306 millones- ni han ido a la Justicia Gratuita ni han servido para financiar mejor el servicio.

Sí han influido las tasas y se han recortado los derechos. Las tasas tenían una clara vocación disuasoria y recaudatoria. Y la han satisfecho. Miles y miles de ciudadanos, que apenas superan los 1.000 euros mensuales de salario, han visto obstaculizado o totalmente impedido el acceso a la Justicia y la tutela Judicial efectiva. Ese déficit democrático debe ser considerado como un grave déficit del Estado de Derecho.

No hay criterios comunes. La Abogacía viene denunciando desde hace años, lo reitera éste, que no hay criterios comunes en la aplicación de las normas por parte de las distintas Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita y que eso provoca graves diferencias para los ciudadanos según donde residan. La unificación de esos criterios es absolutamente necesaria.

Sí hay voluntad por la Abogacía de diálogo y de mejorar el sistema. La Abogacía manifiesta su permanente voluntad de diálogo para mejorar el modelo de Justicia Gratuita y denuncia la escasez de diálogo en la preparación del proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que se encuentra ya en el Parlamento. La reciente constitución –en el pasado mes de abril- de una Comisión Mixta Ministerio de Justicia-Consejo General de la Abogacía Española, tras una entrevista entre el ministro y el presidente de la Abogacía, abre una puerta a la esperanza. Pero las esperanzas sólo son positivas si se convierten en realidades.

Pero se avizoran rayas rojas que la Abogacía Española no está dispuesta a traspasar: si lo que se avecina es hacer más complejo y burocrático el funcionamiento del modelo, originando costes innecesarios, y arruinar la actual organización territorial cercana al justiciable; si no se garantiza la financiación pública a cargo del Estado y se consolidan las tasas; si se reducen aún más honorarios y, sobre todo, si no se reconoce y respeta permanentemente la labor de los abogados de oficio; si se continua sospechando permanentemente de los ciudadanos en lugar de perseguir y aplicar sanciones sólo a los que abusan; si se pretende arrojar a los ciudadanos del uso de un derecho y de un servicio fundamentales para los más desfavorecidos.