Jueces para la Democracia y ONGs se suman al clamor de la Abogacía contra la reforma de la Justicia Gratuita

Para explicar lo que es, hace y representa para los ciudadanos y los abogados el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio no se necesita mucha literatura, sino datos. Los últimos datos los tendremos en breve gracias a la publicación del VIII Informe del Observatorio de Justicia Gratuita que elaboran el Consejo General de la Abogacía Española y la Editorial LA LEY para cargar con razones, argumentos y propuestas este servicio tan esencial para los ciudadanos más desfavorecidos: la Asistencia Jurídica Gratuita.

El proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y cuya presentación de enmiendas se ha ampliado hasta el 20 de mayo, ha provocado un nuevo rechazo, el de Jueces para la Democracia, que considera la futura norma –si no se modifica en el trámite parlamentario- como “un retroceso importante” en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y “perjudicará” a amplios sectores de la ciudadanía. En mi opinión, también lacera a los más de 42.000 abogados que en cualquier lugar, 24 horas al día, 365 días al año, defienden los derechos de los más desfavorecidos.

Los magistrados también denuncian que el proyecto de Ley impondrá nuevas trabas burocráticas que dificultarán el acceso de los ciudadanos a la Justicia Gratuita y provocarán un elevado coste –en un momento de apretarse el cinturón para evitar gastos innecesarios- a los 83 Colegios de Abogados que gestionan la Asistencia Jurídica Gratuita.

Es gratificante que Jueces para la Democracia reconozca que el proyecto de Ley no asegura una retribución adecuada a los abogados que vocacionalmente –sus retribuciones muchas veces no superan los dos euros por hora trabajada- están adscritos al Turno de Oficio, a lo que deben añadirse los numerosos perjuicios que están sufriendo por las demoras en los pagos y por las consignaciones económicas insuficientes. Esta vez no lo decimos los abogados, lo afirma una asociación que representa a un importante sector de la magistratura. Puedo añadir que las retribuciones de los abogados del Turno de Oficio llevan congeladas más de 10 años y, en casos como la Comunidad Valenciana, recortadas un 40%.

El apoyo de los jueces en nuestras discrepancias con el Ministerio de Justicia es un acicate, más aún cuando estos magistrados reconocen que los abogados no defendemos privilegios corporativistas sino la mejora del servicio público de la Justicia Gratuita y la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Este clamor para modificar el proyecto de Ley de Justicia Gratuita también es compartido por movimientos sociales, entre ellos el iniciado por la ONG Rights International Spain (RIS), que ha puesto en marcha una campaña informativa denominada #SinJusticia para denunciar las reformas de ley del Gobierno que suponen una regresión para los derechos ciudadano.

Ya me he puesto en contacto con la directora ejecutiva de RIS para respaldar esta campaña divulgativa, porque es una responsabilidad colectiva que compartimos desde la Abogacía.

Coincido con esta ONG en que los procesos legislativos como las tasas judiciales, la Justicia Gratuita o la reforma del Poder Judicial afectan a la calidad de la Justicia en nuestro país. Como abogados no podemos permanecer callados porque la Constitución y las leyes orgánicas nos han asignado como función social imprescindible el asesorar y defender todo tipo de derechos e intereses legítimos, removiendo obstáculos para que el Estado garantice el acceso la justicia y a la tutela judicial efectiva, verdaderas garantías y pórtico de todos los demás derechos

Agradezco que en el análisis jurídico realizado por RIS sobre el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita se reconozca la labor del Consejo General de la Abogacía por la presentación de enmiendas, propuestas y recomendaciones para modificar la norma que se encuentra en trámite parlamentario y de la que tienen constancia todos los abogados españoles. En este campo, la unidad de la Abogacía, de todos los Colegios, es absoluta. Estamos negociando mejoras en la ley con el Ministerio de Justicia. Hay diálogo, hay negociación, hay esperanza. Por nuestra parte no vamos a cejar en el diálogo mientras sea posible. Pero todos deberían saber que si no se modifica el proyecto, quienes van a pagar las consecuencias serán los ciudadanos.