En Cataluña, dos tasas: otra injusticia y una esperanza

En Cataluña, los ciudadanos no van a tener que pagar sólo una tasa judicial que obstaculiza e impide su acceso a la Justicia –ya está demostrado el daño en toda España- sino que van a tener que abonar dos, porque el Tribunal Constitucional descarta que haya coincidencia entre el hecho imponible sobre el que recae la tasa estatal y el hecho imponible gravado por la tasa autonómica. La sentencia señala que “a diferencia de lo que sucede con la tasa del Estado, la autonómica no está enlazada con el acceso a la jurisdicción o a los recursos, ya que el pago de la misma no constituye condición de admisibilidad de los actos procesales” sino que se refiere a los medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia, una materia cuya competencia es de la Generalitat.

Los razonamientos jurídicos pueden ser impecables, pero el daño social es innegable. Los ciudadanos catalanes van a tener más difícil el acceso a la Justicia que el resto de los ciudadanos españoles porque van a tener que pagar dos tasas para ejercer su legítimo derecho de defensa. Me sumo a las críticas que se han realizado desde los Colegios de Abogados de Cataluña y respaldo su petición de que la Generalitat derogue una tasa que supone una doble barrera para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva.

Hemos dicho muchas veces que la Abogacía se opone radicalmente a las tasas como sistema de financiación de la Justicia, porque ésta debe financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado y debe garantizarse a todos los ciudadanos el legítimo derecho de acceso a la Justicia. En el año y medio que lleva de vigencia esta nefasta ley, el Ministerio de Justicia ha conseguido su objetivo: que un alto porcentaje de ciudadanos no defienda sus derechos o no recurra decisiones judiciales que consideran injustas porque no pueden hacer frente al pago de las tasas que, en ocasiones, pueden llegar a los 10.000 euros. Y, sobre todo, el Ministerio ha conseguido que no se recurran decisiones de la Administración porque juega con ventaja: la Administración no paga tasas.

Pero además, ha engañado a los ciudadanos. La Ley de Tasas dice que el dinero recaudado en 2013 –que no sabemos cuánto ha sido, si los 149 millones que recogen las estadísticas de la Agencia Tributaria o los 300 millones de los que habla el Ministerio sin ningún tipo de detalle- iría destinado a la mejora de la Justicia Gratuita. No ha sido así. Nadie sabe a qué se ha destinado ese dinero y tampoco cómo se va a distribuir en otros años. Varias comunidades autónomas lo han reclamado sin ningún resultado. Desde luego, no ha ido a los abogados de oficio que, además de cobrar hasta con un año de retraso en muchos casos, cobran hasta un 40 por ciento menos que hace pocos años.

La sentencia del Tribunal Constitucional, sin embargo, tiene una parte positiva al señalar que mientras “la conexión de las tasas estatales con la potestad jurisdiccional es directa y resulta patente que su impago lleva ineludiblemente aparejada la inadmisión del acto procesal al que la misma se anuda (art. 8.2 Ley 10/2012), siendo así conditio sine qua non para el propio ejercicio de la tutela judicial efectiva, el abono de la tasa autonómica carece, como no puede ser de otro modo, de toda consecuencia impeditiva o retardataria del acceso a la jurisdicción”.

El Tribunal que tiene pendiente la resolución de cinco recursos de inconstitucionalidad y de varias cuestiones de inconstitucionalidad, reconoce “la conexión directa” de las tasas estatales con la potestad jurisdiccional y que “su impago” –por carencia de medios o por lo que sea- lleva ineludiblemente aparejada la inadmisión del acto procesal al que la misma se anuda, y que es conditio sine qua non “para el propio ejercicio de la tutela judicial efectiva”. Es decir lo que venimos denunciando desde antes de que se aprobara la ley.

Estando así las cosas, creo que es más oportuno que nunca recordar que el pasado mes de octubre envié una carta al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, pidiéndoles que “se agilice en lo posible la resolución de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Tasas Judiciales” por entender que ya ha imposibilitado o dificultado a miles de ciudadanos el acceso a la tutela judicial efectiva, como señalan también todos los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad presentados ante el alto Tribunal.

Reitero hoy esta petición porque es de Justicia y porque en Cataluña les han dicho a todos los ciudadanos que la Justicia, para ellos, está más lejos que ayer –“si no quieres caldo, dos tasas”-y más cara que para el resto de los ciudadanos, a los que también se les ha impuesto una barrera injusta. Mi solidaridad con los Colegios de Abogados de Cataluña y mi promesa de que no cejaremos en nuestra batalla hasta conseguir la derogación de esta injusta Ley de Tasas.