10 abril 2014

El ICAB entrega a los partidos catalanes en el Congreso sus enmiendas a la Justicia Gratuita

La lucha para combatir el proyecto de ley de justicia gratuita, aprobado el pasado 21 de febrero por el Consejo de Ministros, ha llevado al decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca, a reunirse hoy en el Congreso de los Diputados con los representantes de los diferentes partidos políticos catalanes con representación parlamentaria. El Colegio de Abogados de Barcelona continúa pues con su plan de actuación previsto para modificar la aprobación de este anteproyecto de ley.

Durante las reuniones mantenidas con los diputados Joan Coscubiela (ICV), Dolors Montserrat (PP), Jordi Jané (CiU), Alex Sáez (PSOE) y la senadora Esther Capella (ERC), el decano de los abogados de Barcelona ha podido explicar el retroceso que sufriría el Turno de Oficio, un servicio público esencial para los ciudadanos, en el caso de que el Congreso aprobara el proyecto de ley de justicia gratuita tal como está redactado en estos momentos.

El este sentido, Rusca ha tachado de “intolerable” que el proyecto de justicia gratuita considere un abuso del sistema ‘por parte de los ciudadanos’ la necesidad de tener que recurrir tres veces en un año al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.

El decano de los abogados de Barcelona también ha denunciado que el proyecto de justicia gratuita conlleva un “incremento de los trámites que se deben hacer para solicitar el beneficio de la Justicia gratuita, por tanto, más burocratización y gasto público innecesario, dado que el 95% de las resoluciones de la abogacía catalana son ratificadas por la Administración, por lo que mantener este sistema supone una doble estructura que dilata inútilmente el reconocimiento definitivo del derecho a justicia gratuita”. Por este motivo Rusca ha criticado que “con esta medida no se busca la calidad del servicio así como la falta de sensibilidad del Ministerio de Justicia hacia un servicio público esencial como es el Turno de Oficio (TO) prestado por letrados con alta formación y experiencia”.

El decano de los abogados de Barcelona también ha lamentado la insuficiencia de recursos destinados al ámbito de la Justicia, y muy especialmente para sufragar el coste del Turno de Oficio y Asistencia al Detenido. Rusca ha mostrado una vez más el rechazo de la abogacía a que la ley de tasas judiciales sirva para contribuir al pago de la justicia gratuita. Además los datos del propio ministerio demuestran que esta medida recaudatoria no ha alcanzado la cifra prevista, ni que se estén utilizando las tasas para garantizar el servicio.

El proyecto de ley de justicia gratuita tampoco resuelve los problemas actuales de los abogados adscritos al TO. La homogeneización a la baja de los módulos de pago, los pagos impuntuales, la falta de traductores que permitan la comunicación cliente -abogado para todo el proceso, o que se limite la libertad e independencia del criterio del abogado en el ejercicio de sus funciones son algunos de los principales aspectos que el Colegio de Abogados de Barcelona quiere resolver durante la tramitación de la nueva ley de justicia gratuita. Por este motivo, Rusca ha considerado “injusto que en la redacción de la Ley no se haya tenido en cuenta la opinión de los abogados que prestan el servicio, lo que muestra el desprecio hacia el trabajo del abogado de oficio, ya que la no resolución de estas situaciones va en detrimento del servicio al ciudadano que ve malversado su acceso a la justicia”.

El decano de los abogados de Barcelona también ha aprovechado las reuniones mantenidas hoy con los diferentes partidos políticos para reivindicar la erradicación del proyecto de ley de Colegios y Servicios profesionales, así como el de jurisdicción voluntaria. Las dos iniciativas legislativas no sólo perjudican al colectivo de los letrados, sino también a los ciudadanos que verán mermado el servicio que se les presta.

Rusca también tiene previsto reunirse próximamente con la Comisión de Justicia del Congreso, con los senadores catalanes y realizará otras visitas institucionales, como por ejemplo con la presidenta del Parlamento catalán o la Defensora del Pueblo.

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