Justicia Gratuita: otro paso atrás

Un amigo mío, veterano en las lides jurídicas y políticas, prometió que nunca más pronunciaría dos palabras: “peor, imposible”, porque la realidad desmentía permanentemente su talante esperanzado y su voluntad de diálogo. Así que estoy por seguirle.

Está demostrado que el servicio público de Justicia Gratuita que mantienen los 83 Colegios de Abogados y, sobre todo, más de 39.000 abogados, 24 horas al día, 365 días al año en cualquier lugar de España es, posiblemente, el servicio público que funciona mejor en España, con mayor eficiencia, sin apenas quejas y a un coste realmente bajo. Lo demuestra cada año la rendición de cuentas que hace el Observatorio de Justicia Gratuita que la Abogacía Española, por iniciativa propia, y la Editorial LA LEY ponen encima de la mesa con la máxima transparencia.

La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996, que puso blanco sobre negro la atención jurídica a los más desfavorecidos y que nos ha convertido en un país digno en este terreno, fue una excelente ley, pero necesitaba una reforma. No porque el modelo no funcionara, que funciona. No porque fuera ineficiente, que no lo es. No porque fuera difícilmente soportable incluso en tiempos de crisis, porque es muy barato. No, simplemente necesitaba un cambio para hacerlo más eficaz, para corregir los errores, para adaptarla a los cambios sociales.

Estamos a punto de perder esa gran oportunidad. Hace algunos años alguien decidió que era el momento de hacer cambios en la Organización Nacional de Trasplantes que era, posiblemente, el mayor “caso de éxito” a nivel mundial de la Administración Española. En pocos meses, una organización modélica que ha copiado medio mundo, estuvo a punto de irse al garete para siempre. Alguien rectificó y salvó los muebles y la vida de miles de ciudadanos.

Con la Justicia Gratuita está a punto de pasar lo mismo. Algo que funciona, que atiende anualmente a más de un millón de ciudadanos, los más desfavorecidos, los que tienen menos posibilidad de defender sus derechos, puede irse al traste si no se corrigen los graves errores del proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que el Gobierno acaba de enviar a las Cortes (ver Nota de Prensa del Consejo General de la Abogacía Española). Hemos hecho alegaciones basadas en la experiencia y en nuestro particular “caso de éxito” que han forjado miles de abogados con una dedicación vocacional y una entrega absoluta, día tras día, caso a caso, persona a persona. Lo que está en peligro no es algo corporativo; es el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa de los ciudadanos más débiles, la eficiencia de un sistema mal pagado que tratan de burocratizar y que, si lo consiguen, funcionará peor. Hubo, en el pasado reciente, intentos de privatizar este servicio público esencial. No triunfaron. Luego vinieron las tasas judiciales, que han echado de la justicia a miles de ciudadanos. Ahora esto. No, yo tampoco volveré a decir “peor, imposible”. Pero ya saben también eso de que “no hay mal que cien años dure”. Si esta ley acaba prosperando, se cambiará más pronto que tarde. Como la de las tasas. Los derechos de los ciudadanos, la tutela efectiva de sus derechos no puede estar al albur de planteamientos economicistas y, lo que es peor, del desconocimiento absoluto de la realidad social.