La Justicia, cerca del ciudadano

Por Miquel Sàmper, Presidente del Consell de l’Advocacia Catalana. Adjunto a la presidència del Consejo General de la Abogacía Española. Decano del Colegio de Abogados de Terrassa 

(Publicado en El Punt el 2/2/2014)

La proximidad es un valor, por el ahorro que representa en tiempo y en dinero y por la sensación psicológica de identificación. Esta evidencia viene al hilo de la propuesta de reforma de la planta judicial que prepara el Ministerio de Justicia. El proyecto se basa en un estudio realizado por lo que ahora en Madrid llaman “comité de expertos”… Pretenden concentrar en las capitales de provincia toda la organización judicial, suprimiendo de manera definitiva los partidos judiciales como base de la organización y, de rebote, los juzgados del territorio que todos conocemos (juzgados de paz, audiencias provinciales, juzgados sociales, los penales…).

Lo anunciaba el Ministro de Justicia en su comparecencia el 25 de enero de 2012 en la Comisión de Justicia del Congreso, donde desvelaba sin tapujos su hoja de ruta en materia de Justicia: reducir litigios, desjudicializar procedimientos, despenalizar conductas, modificar el sistema de asistencia jurídica gratuita para evitar abusos, e implantación de tasas judiciales. Una mentalidad ultra conservadora, ratificada de nuevo en comparecencia en la misma Comisión el 7 de mayo de 2013, que presume un uso indebido y abusivo por parte de los ciudadanos de un servicio público, como es la justicia.

La reforma conllevaría que un ciudadano residente en Vielha tuviera que invertir dinero y tiempo para desplazarse al Tribunal de Instancia de Lleida, salvando el Puerto de la Bonaigua, o que un vecino de Puigcerdà tenga que emplear los mismos recursos y salvar la Collada de Toses, o que uno de Berga tenga que recorrer 90 quilómetros para ir a Barcelona. Los juzgados sociales, actualmente repartidos por todo el territorio, se integrarían en los Tribunales de Instancia, en la capital de la provincia, convirtiendo en más vulnerables a los más necesitados; recordemos que los asuntos tratados son los que se producen cuando un trabajador tiene un problema con su empresa o cuando se ha de reclamar el reconocimiento de los derechos ante la Seguridad Social en materia de prestaciones (invalidez, desempleo, viudedad, maternidad, etc.).

Todas las detenciones deberían ser resueltas también por las unidades penales del Tribunal de Instancia de la capital, y esto significaría que todos los detenidos deberían ser conducidos a la capital, no percatándose el proyecto de ley que esto es del todo inviable. No hay suficientes efectivos de los Mossos para conducir a todos los detenidos a Manresa, Vic, Terrassa, Sabadell, Igualada…, durante un fin de semana, a la capital, y en caso de existir se producirían dos efectos perversos; un inaceptable coste material (sólo el combustible de los coches asusta), pero al mismo tiempo dejaríamos a las ciudades mencionadas sin policía, ya que habríamos convertido a los Mossos d’Esquadra en taxistas.

Se alegará por parte del Ministerio que la proximidad no quedará afectada gracias al uso de las TIC, pero no es verdad; lo cierto es que la inversión necesaria hace difícil la implementación de las tecnologías en los juzgados, además de la dificultad de la población de acceder a su uso en todo el territorio.

También se dirá que con el redactado de la propuesta no se prevé de manera automática y obligatoria el cierre inmediato de las instalaciones donde se encuentran los juzgados actuales, y que nada impediría que siguieran funcionando bajo otro nombre, el de unidades del Tribunal de Instancia; tampoco es verdad. El hecho de que esto último no esté expresamente previsto en el proyecto, y la inclusión de una previsión específica que obliga a las Administraciones a concentrar todas sus futuras inversiones en infraestructuras en las capitales de provincia evidencian que el objetivo del proyecto es dejar morir poco a poco las instalaciones actuales, no invirtiendo un céntimo de euro en su mantenimiento y conservación.

Este proyecto, además la ley de tasas judiciales, dan como ha resultado la eliminación del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, eje del Estado de Derecho y pilar del Estado del Bienestar, dos involuciones que la sociedad civil debe detener con plena conciencia de rechazo como se ha hecho con la pretendida privatización de la sanidad en Madrid.