El Colegio de Zaragoza presenta una queja al defensor del Pueblo porque Hacienda exige presentar las declaraciones sólo por Internet

El Colegio de Abogados de Zaragoza presenta queja ante el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo, por la decisión de la Agencia Tributaria de exigir a partir de este mismo mes de enero que las autoliquidaciones y declaraciones tributarias se presenten por vía electrónica a través de Internet, necesariamente.

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, en sesión de 27 de diciembre de 2013, acordó elevar queja al Justicia de Aragón, para su tramitación o remisión al Defensor del Pueblo Español caso de ser este el competente, a fin de que se emita Sugerencia o Recomendación de que debe mantenerse el derecho a presentar autoliquidaciones y declaraciones tributarias en papel y sin obligación de hacerlo por vía electrónica.

El Colegio de Abogados comparte el interés de la Agencia Tributaria (AEAT) por mejorar y agilizar la atención a los ciudadanos y entiende que el incremento de las comunicaciones por vía electrónica contribuye a esa mejora. Pero una buena medida aplicada con carácter general y de forma indiscriminada puede esconder una grave discriminación y restricción de derechos hacia aquellas personas que no están en condiciones de hacer uso de ella e implicar una restricción de los derechos que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos.

La aparente sencillez de los medios electrónicos no es tal cuando se desconoce o no se domina su funcionamiento o simplemente se carece de los medios para contar con los aparatos y conexiones necesarios, situación en la que se encuentran miles de personas en nuestro país. Y no sólo por cuestiones de edad o de cultura, sino también por razones económicas.

Es lógico que la Agencia Tributaria busque extender el uso de los medios electrónicos y que incluso esto implique una mayor agilidad o beneficio que el uso de los medios manuales habituales, pero una cosa es promocionar el uso de los primeros y otra imponerlo sin alternativa posible. El ciudadano que no desee hacer uso de los medios electrónicos tiene pleno derecho a la luz de la Constitución a relacionarse con la administración por cauces no electrónicos, por escrito y en papel. Y la Administración tiene la obligación legal de admitir esos escritos como estén y si aprecia algún error, dar al presentador diez días para subsanarlo.