Más voces contra las tasas: Pascual Sala, Torres Dulce, el comisario europeo Muiznieks: ¿Rectificarán?

Al clamor ciudadano, de la Abogacía, de jueces y fiscales, de secretarios judiciales, de sindicatos y de consumidores contra las tasas judiciales, tras un año de vigencia, se unen ahora nuevas y relevantes voces del mundo de la Justicia como el anterior presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce o el comisario europeo Muiznieks.

Pascual Sala ha declarado recientemente en Valencia que “las tasas están impidiendo el acceso a la Justicia de los ciudadanos, limitando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva” y ha invitado al Ministerio de Justicia a “reconsiderar la Ley de Tasas” y a hacerlo “dialogando con el Consejo General de la Abogacía Española” para que no haya diferencias entre los ciudadanos a la hora de defender sus legítimos derechos.

El acceso a la Justicia es un derecho fundamental y un bien básico de nuestro Estado de Derecho al servicio de derechos y deberes de los ciudadanos. Y los ciudadanos son iguales ante la Ley. Por eso, -como también expresaba esta semana en Zaragoza el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce en un acto conmemorativo del 35 aniversario de la Constitución Española-, “su acceso a la Justicia debe ser en igualdad de condiciones”. Cualquier norma debe respetar este principio; si no incumplirá su principal cometido, el servicio y la utilidad social.

Todo esto contradice lo declarado por el ministro de Justicia en el Pleno del Congreso el pasado 20 de noviembre: “las tasas no han disuadido a ningún ciudadano de la tutela judicial efectiva”. ¿Quién tiene razón, el ministro  o todos los demás? ¿Estamos equivocados todos los que defendemos lo contrario y sólo él tiene razón?

Pero no solo la Ley de Tasas está cercenando derechos de los ciudadanos. El anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana parece seguir sus pasos. No sólo por el afán recaudatorio del Ejecutivo- al imponer otra vez tasas a quien recurra judicialmente una sanción- sino por limitar derechos, como los de reunión o manifestación. Desde el Consejo de Europa ya se han disparado las alarmas. El comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muznieks ha calificado la futura norma de ”desproporcionada” y ha expresado su seria preocupación por su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Volverá el Gobierno a hacer oídos sordos? Equivocarse es ley de vida, rectificar es de sabios.