Mañana, 20 de noviembre, en los Juzgados, contra las tasas

Mañana, 20 de noviembre, un año después de aquella mala noticia, de aquel error político que fue la Ley de Tasas, los abogados volveremos a manifestar nuestro desacuerdo delante de las sedes judiciales. Y lo haremos, como entonces, junto con los jueces, los fiscales, los secretarios judiciales, los funcionarios de Justicia, los sindicatos, las asociaciones de consumidores y los estudiantes de Derecho, representados por CONEDE, que también se suman a la protesta.

Y es que, un año después, todos los pronósticos se han cumplido y el Estado de Derecho, fruto del pacto constitucional de 1978, está en riesgo de quedar huérfano, nuestra Justicia está más lejos de los ciudadanos y nuestra democracia es hoy menos democracia.

Todo empezó cuando el ministro de Justicia, recién nombrado, dijo ante el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española que no habría tasas en primera instancia y que, en segunda, en todo caso serían simbólicas y se aplicarían  contra las maniobras dilatorias que encarecen y alargan los procesos. “Con una primera resolución judicial, dijo entonces el ministro, debe bastar. Si alguien pide revisión, añadió, que pague. Y si gana, se le devolverán”.

No cumplió su palabra. Sin diálogo y sin negociación, las tasas se implantaron en primera instancia y en segunda, sin una memoria económica justificativa y con total imprevisión (ni siquiera estaban preparados los impresos para pagarlas). Ante la impresionante presión social se rectificaron dos meses después, de forma torpe e insuficiente. No van a cubrir ni la mitad de las previsiones del Gobierno ya que hasta octubre se habían recaudado 103 de los 306 millones previstos por el Gobierno. Y, contra lo prometido y comprometido en la ley, no se vinculan en 2014 “a la asistencia jurídica gratuita” ni tan siquiera al Presupuesto de Justicia para 2014, lo que confirma el puro interés recaudatorio de la medida, al igual que la intención disuasoria de limitar o impedir el acceso a la Justicia de los ciudadanos. No se ha buscado penalizar el mal uso o el abuso de la justicia por parte de algunos, en lo que estaba conforme la Abogacía, sino que se ha penalizado el uso de la justicia por los ciudadanos, lo que es un atropello al Estado de Derecho.

Durante un  año, la Abogacía institucional ha batallado en todos los terrenos posibles y ha impulsado cuantas medidas eran factibles. Hasta cinco recursos se han presentado ante el Tribunal Constitucional, además de varias cuestiones  de inconstitucionalidad, una de ellas de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y un acuerdo no jurisdiccional de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Por eso, he pedido al presidente del Tribunal Constitucional que agilice la respuesta porque el daño a los ciudadanos que no hayan podido reclamar sus derechos es muy grave y se acrecienta cada día que pasa. Y eso sin contar con los miles de ciudadanos que ni siquiera se han planteado el recurso por carecer de medios para ello. La Ley de Tasas, un año después, no ha solucionado ningún problema de la justicia, ha creado innumerables injusticias, ha perjudicado seriamente a  decenas de miles de ciudadanos y, por el contrario, ha beneficiado a los más poderosos y a los más ricos –que pueden pagar las tasas y ejercer presión contra los que carecen de recursos- y a la Administración, que no paga tasas.

Mientras en Francia, a partir de enero de 2014, se eliminan las tasas “porque  penalizan a los justiciables más vulnerables”, en España el Gobierno prepara otras acciones que van a limitar aún más el campo de defensa de los ciudadanos o a limitar sus derechos. La Ley de Servicios y Colegios Profesionales limita la colegiación de los abogados y el control deontológico de los mismos, al tiempo que pretende imponer una tutela, sin duda para a impedir su independencia y su capacidad de movilización social demostrada con las tasas.

Además, se anuncia que habrá que pagar para que la ejecución de las sentencias sea ágil. Y el anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, entre otros muchos enfoques desafortunados, convierte  determinados actos judiciales en negocio de notarios y registradores –bodas, divorcios, convocatorias de juntas generales, subastas voluntarias, expedientes de partición de herencias, etc.- por los que también habrá que pagar dos veces: una en los impuestos y otra por cada acto.

Hace unos minutos, en el salón de Actos del Consejo General de la Abogacía Española, hemos celebrado una rueda de prensa en la que los miembros de la Plataforma Justicia para Todos y la Interasociativa de Jueces y Fiscales, y otras organizaciones han denunciado lo que para muchos es la mayor limitación de derechos de los ciudadanos y la más clara vulneración de la tutela judicial efectiva.

Mañana, 20 de noviembre, a las 12 de la mañana estamos llamados a manifestar nuestra protesta ante las sedes de los Juzgados para decir a los poderes públicos que seguimos en la lucha y que vamos a terminar ganando esta batalla.