He pedido al presidente del Tribunal Constitucional que agilice la sentencia sobre las tasas

He remitido una carta al presidente del Tribunal Constitucional en la que le solicito la máxima agilidad posible en la resolución de los recientes recursos interpuestos, y admitidos a trámite, por el Gobierno Canario y la Diputación de Aragón contra la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, la popularmente conocida como Ley de Tasas. Estos recursos se suman a los presentados anteriormente por el Partido Socialista Obrero Español, la Junta de Andalucía y la Generalitat de Cataluña y a las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

Si hubo unanimidad en la protesta social contra la ley, parece que el recurso al intérprete último de la Constitución también es de gran calado.

En esta misiva incido especialmente en la urgencia no solo de paliar el gravísimo efecto que están provocando las tasas en los ciudadanos -condicionar o impedir su acceso a la Justicia-, sino también en que los tribunales no pueden conocer la realidad social –como les exige la Constitución- por las trabas puestas a los ciudadanos.

Se nos dijo que las tasas no iban a limitar el acceso de los ciudadanos a la Justicia y la reducción de ese derecho es innegable, fundamentalmente en el área de lo contencioso-administrativo y en los recursos de apelación y casación que se han reducido un 24 por ciento sólo en el primer trimestre del año.

Se nos dijo que las tasas se considerarían vinculadas a la mejor financiación de la Justicia Gratuita, y la recaudación de 2013 no va a ir a ese fin sino a las arcas generales del Estado. Y ya veremos si en 2015 se afectan a la Justicia Gratuita o siguen siendo un puro instrumento recaudatorio. En el territorio que controla el Ministerio de Justicia no hay mejoras en el Turno de Oficio sino congelación sobre una congelación que dura ya diez años, y en las autonomías que tienen transferidas las competencias, las únicas noticias remarcables han sido de fuerte reducción.  El dinero de las tasas no ha sido  para la Justicia Gratuita ni para otras partidas de la Justicia, ya que el presupuesto del Ministerio se ha reducido aún más. Cornudos y apaleados. El Ministerio debe explicar detalladamente este nuevo incumplimiento y cómo espera que tengamos una Justicia de calidad sin recursos, sin suficiente diálogo y sin colaboración de todos los afectados.

Se nos dijo que las tasas se podrían recuperar si se ganaba el recurso y esto tampoco parece que suceda en algunos casos de acuerdo con las experiencias que ya empezamos a tener y a conocer.

No es de extrañar que responsables del Ministerio de Justicia, en una reciente comparecencia en el Congreso de los Diputados, reconocieran que las tasas no estaban consiguiendo la recaudación prevista. Previsiblemente no lleguen ni a la mitad. Lo que sí han provocado es consagrar esa justicia para ricos y para pobres que hemos denunciado y una merma sustancial de los derechos de los ciudadanos, es decir, dejar a miles de españoles en la estacada, indefensos por no poder acudir a los tribunales para defender sus derechos, a pesar de lo que dice el artículo 24 de nuestra Constitución.