10 octubre 2013

Los recortes atentan contra los Derechos Humanos en España, según el Consejo de Europa

Muiznieks« La reducción de los presupuestos en políticas sociales, sanidad y educación ha conducido a un preocupante crecimiento del empobrecimiento de las familias en España. Los recortes tienen un impacto especialmente negativo en los derechos de los menores y las personas con discapacidad. Las autoridades españolas deberían hacer más para garantizar que los derechos de los grupos más vulnerables se respeten », asegura Nils Muizneks, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, en el informe que ha publicado sobre la visita que efectuó a España del 3 al 7 de junio de este año.

« Cada vez más niños sufren pobreza, malnutrición y problemas de vivienda. Este fenómeno es muy preocupante, ya que puede tener consecuencias devastadoras a largo plazo para estos menores y para todo el país. Las autoridades españolas deben poner en marcha estrategias eficaces para resolver estos problemas ligados a la pobreza e incrementar la protección de los derechos económicos y sociales », asegura el informe.  El comisario subraya que para ello, es importante evaluar sistemáticamente los efectos de las medidas de austeridad sobre los menores y los demás grupos sociales vulnerables, en estrecha colaboración con la sociedad civil y con el Defensor del Pueblo y sus homólogos autonómicos. Muiznieks recomienda también que España se adhiera a la Carta Social Europea revisada y a su mecanismo de denuncia colectiva.

Por otra parte, el Comisario alerta de que los significativos recortes sufridos en los presupuestos de educación los tres últimos años están vulnerando el derecho a la igualdad de oportunidades, que afecta especialmente a los menores más desfavorecidos o a los que tienen necesidades especiales. “Es cada vez más complicado tener acceso a una enseñanza de calidad, impartida en un entorno abierto a la diversidad”, dice Nils Muiznieks, quien pide también que la educación en derechos humanos siga estando presente en los programas educativos, puesto que « aporta una contruibución esencial a la formación de una generación de ciudadanos activos y responsables, sin los que no es posible una democracia activa ».

Las medidas de austeridad están emperorando igualmente las condiciones de vida y las posibilidades de integración social de las personas con discapacidad. «Las autoridades españolas deberían evaluar las consecuencias que las restricciones presupuestarias tienen para las personas con discapacidad y ajustar las políticas adoptadas, de forma que se garanticen lo recursos suficientes para la educación y al empleo de estas personas ».

EXCESOS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Además, el comisario muestra su preocupación por la conducta de las fuerzas de seguridad. “Los malos tratos infligidos por representantes de las fuerzas de seguridad y la impunidad de los culpables constituyen un problema muy grave y persistente de Derechos Humanos por el que España ya ha sido condenada por diferentes organismos internacionales, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las autoridades españolas deberían garantizar que los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado respeten plenamente las normas internacionales de Derechos Humanos. En este sentido, hay que acabar con las detenciones incomunicadas que han dado lugar a graves violaciones de los Derechos Humanos”

Muiznieks exige a las autoridades que impidan la discriminación racial en las operaciones policiales dirigidas constantemente contra los inmigrantes, que solo contribuyen a su estigmatización.

También se muestra preocupado por el “desproporcionado” uso de la fuerza que hace la policía en las manifestaciones contra los recortes, y la imposición de multas a los manifestantes. “Estas prácticas son contrarias a la libertad de expresión y de reunión. Además, en muchas ocasiones no son visibles los números de identificación de los policías, de ahí la dificultad de perseguir y sancionar a los autores de abusos”. Aunque Muiznieks reconoce que ha habido un pequeño avance porque se ha mejorado el tamaño y la visibilidad de los números de identificación en la Policía Nacional, considera que no es suficiente para idenficar fácilmente a los agentes.

Por último, el Comisario subraya que la impunidad de los malos tratos policiales es contraria al principio mismo de la democracia y pide al Gobierno español que acabe con “su habitual práctica de indultar a los autores de graves violaciones de los Derechos Humanos, como la tortura, cuya prohibición absoluta obliga a los estados a imponer sanciones efectivas”.

Informe completo (en inglés)

Comentarios de las autoridades españolas (en inglés)

 

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