20 septiembre 2013

La FIA exige que se investiguen los asesinatos de abogados en Colombia y Honduras

La Federación Interamericana de Abogados (FIA), organismo con más de setenta años de existencia, con sede en Washington (EEUU), y que integra a los Colegios de Abogados Nacionales, Federaciones de Abogados, Barras y Asociaciones de profesionales del derecho de las Américas, España y Francia, reconocida como Organización No Gubernamental ante la Organización de Estados Americanos (OEA), ha exigido a los gobiernos de Colombia y Honduras que investiguen los asesinatos de abogados que se están produciendo en esos pañises.

Estos asesinatos han sido condenados públicamente por diversos organismos de todo el mundo, entre ellos el Consejo General de la Abogacía Española y diversos Colegios de Abogados españoles.

El Comité Ejecutivo de la FIA, junto con su cuerpo de asesores, reunido la pasada semana en Segovia, acordó hacer pública la siguiente declaración:

1. La FIA ha tomado conocimiento de denuncias de situaciones irregulares que a lo largo de los años han realizado autoridades Colombianas y Hondureñas, así como pronunciamientos de otras entidades  internacionales, relacionadas con la cantidad de homicidios de abogados que han sucedido en Colombia y Honduras, y los deficientes controles de los Estados para proteger el derecho a la vida de los profesionales en el ejercicio libre de su profesión, en particular:

2.1. Que pese a las regulaciones nacionales e internacionales, el ejercicio de la profesión de abogado en la República de Colombia, se está convirtiendo en una profesión de alto riesgo, debido a los homicidios, atentados, presiones sociales y políticas que reciben los jueces y abogados, mediante un largo y lamentable número de acciones criminales de todo tipo en contra de las comunidades de juristas.

2.2. Que el Colegio Nacional de Defensores Públicos de Colombia, así como Asociaciones de Abogados de dicho país y miembros individuales de la FIA, han solicitado que la Federación Interamericana de Abogados se pronuncie sobre los homicidios y el riesgo que corren los juristas en dicho país.

2.3. Que el gremio de abogados de Honduras le ha manifestado a la Federación la muerte violenta de más de 74 abogados en los últimos 5 años, lo que obedece en su opinión a una escalada de la inseguridad colectiva que lamentablemente coloca a Honduras como uno de los países no en guerra con las tasas de homicidios más altas del mundo. Consideran que el crimen organizado ha forjado alianzas estratégicas con las pandillas juveniles para el tráfico de drogas (maras), así como la crisis política del 2009 ha provocado un incremento en la criminalidad que toca diferentes segmentos poblacionales y profesionales. El Colegio de Abogados de Honduras, así como la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se han pronunciado al respecto, debido a que la violencia en contra de los miembros que ejercen la profesión de abogados, incluyendo jueces y magistrados ha ido en aumento.

2.4. El Colegio de Abogados de Honduras señala que 74 abogados han sido asesinados en los últimos tres años, sin una respuesta adecuada por parte de las autoridades.  Por su parte diversos organismos de abogados de Colombia han reportado la muerte de más de 750 abogados en ese país en los últimos diez años.

2.5. Que con fecha 11 de agosto del año en curso, la Colegiatura de Abogados Litigantes de Colombia, comunica al Comité Ejecutivo de la Abogacía Colombiana, a los Colegios de Abogados de Colombia y a esta Federación, la mala noticia del asesinato del colega Juan Carlos Canizalez Ocampo, ocurrido en el Municipio de Buga (Valle) el día sábado 10 de agosto del presente año, reclamando al Estado Colombiano, garantías a la vida de los abogados, dirigiéndose al Presidente de la República, al Fiscal General de la Nación, a la Judicatura, al Procurador General y al Defensor del pueblo, para que se pronuncien y cumplan con sus obligaciones constitucionales e internacionales, para investigar los luctuosos hechos y se judicialice a sus autores, evitando la impunidad.

2.6. Que con fecha 27 de agosto del año en curso y con el apoyo del Consejo General de la Abogacía Española, el Colegio de Abogados de Cartagena, España, el Colegio de Abogados de Zaragoza, España, el Colegio de Abogados de Cáceres, España, el Colegio de Abogados de Cali entre otros, han propuesto una campaña permanente de rechazo y denuncia contra los asesinatos de abogados en Colombia.

EN CONSIDERACION A LO EXPUESTO:

La Federación Interamericana de Abogados viene en emitir la siguiente declaración concerniente a la preocupación de los asesinatos ocurridos en las Repúblicas de Colombia y Honduras, en el sentido de que:

1. No es posible mantener un Estado de Derecho cuando se amenaza a los profesionales encargados de hacer cumplir las leyes. Las amenazas y peor aún, los asesinatos de colegas en el ejercicio de su profesión debe ser investigado y procesado con prioridad por el Estado mismo, en defensa del sistema democrático que pretende mantener.

2. La FIA condena públicamente los asesinatos de abogados en las Repúblicas de Colombia y Honduras y solicita a sus gobiernos realizar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre estos asesinatos, con la intención de llevar ante la justicia a los que son responsables de estos crímenes.

3. La FIA, solicita a los Estados indicados, garantizar una protección eficaz a todos los abogados, que permita que los mismos puedan continuar con sus actividades legítimas y pacíficas en defensa de los derechos humanos sin temor a la intimidación, el acoso, represalias y la pérdida de su propia vida.

4. La FIA solicita a todos los países y en especial a Colombia y Honduras, a utilizar todos los medios legales a su alcance, para terminar con este flagelo en forma definitiva, cumpliendo sus compromisos con las Convenciones de Derechos Humanos que llaman al respeto y protección del derecho a la vida.

5. La FIA apoya cualquier cumbre de abogados que se lleve a cabo en cualquier país, donde se apoye todo acto de protección de la labor que llevan a cabo los profesionales en leyes.

 

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