Tasas: no íbamos tan desencaminados cuando la Audiencia Nacional las cuestiona

La Audiencia Nacional, como se esperaba, ha presentado cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas porque entiende que puede condicionar el acceso a la tutela judicial. El auto de los magistrados de la Sala Séptima, de lo Contencioso Administrativo, indica que la falta de pago de las tasas puede constituir trabas “innecesarias, excesivas y que carezcan de razonabilidad o proporcionalidad” respecto de los fines de la norma. Es un nuevo varapalo a la Ley de Tasas, que se suma al pronunciamiento de la Sala de lo Social del Supremo y que se suma también a los recursos de inconstitucionalidad presentados para que el Gobierno rectifique.

Miles y miles de ciudadanos han visto impedido su derecho de acudir a la Justicia. La recaudación que el Gobierno esperaba conseguir con esta barrera a los ciudadanos está muy lejos de los cálculos oficiales. No tenemos una Justicia mejor. Simplemente, decenas de miles de ciudadanso se han quedado sin Justicia.

La Abogacía institucional encabezó la oposición a las tasas y, previsiblemente, tendrá que volverá  salir a la calle junto con los demás operadores jurídicos, los sindicatos, las asociaciones de consumidores, los funcionarios, etc. Hasta que el gobierno rectifique.

Fuimos los primeros en decir que suponían la vulneración de un derecho fundamental como es el del acceso a la Justicia para muchas personas, fundamentalmente de clase media.

Denunciamos en todos los foros que se había creado una justicia para ricos –los que no tienen problemas para litigar- y otra para pobres –los que tienen derecho al beneficio de justicia gratuita-, y que millones de ciudadanos, que no pueden acceder a la justicia para ricos ni a la de pobres, ven obstaculizado o impedido este derecho fundamental.

Todos los operadores jurídicos, asociaciones de consumidores y representantes de los trabajadores nos han acompañado en estas protestas y aunque el Gobierno se vio obligado a rectificar la ley, apenas dos meses después de su entrada en vigor, no es suficiente.

Hemos presentado antes del verano un informe elaborado por expertos de la Universidad Autónoma de Madrid que demuestran que las cifras de litigiosidad en España –una de las razones para aprobar la Ley de Tasas- no sólo no crecen en los últimos años ni son excesivas sino que están hinchadas artificialmente. En España no hay “nueve millones de asuntos” con carga judicial. La cifra real es de unos dos millones.

Seguimos con una batalla que creemos justa.

Cuando todo el mundo va en una misma dirección, es inconcebible que el Gobierno se empeñe en ir en la contraria. No es propio de una democracia.