Las noticias jurídicas del verano imprescindibles para ponerse al día

Aunque cueste asumirlo, el descanso estival ya casi ha acabado, y si es de los que ha conseguido desconectar del todo en su lugar de vacaciones y no se ha enterado de todo lo que ha pasado informativamente –o ha conseguido olvidarlo- aquí le dejamos un repaso por lo más destacado que ha ocurrido en el mundo de la Justicia durante la temporada estival.

Aprobación de la Ley de Servicios Profesionales

Tras años anunciándose, finalmente el 2 de agosto el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales. A la espera de recibir oficialmente el trámite de audiencia del texto de esa propuesta, el Consejo General de la Abogacía Española mostró su más rotundo rechazo al intento de dividir esta profesión jurídica. El texto final del anteproyecto –si no sufre nuevos cambios tras las audiencias públicas y directas- sigue teniendo en opinión de la Abogacía serios defectos técnicos, posiblemente motivados por la urgencia en su aprobación y por la falta de diálogo con que se ha elaborado. Elimina la colegiación obligatoria para los abogados que trabajan por cuenta de terceros, una ruptura de la profesión que es de dudosa legalidad y, en todo caso, inaceptable y negativa para los profesionales y para los ciudadanos

La colegiación es fundamental para el control institucional del ejercicio de las profesiones. A través del requisito de incorporación a un Colegio profesional, se garantiza a los usuarios, clientes y pacientes la buena práctica de los profesionales que les atienden. El Consejo General de la Abogacía Española criticó además la falta de interlocución real entre el Ministerio de Economía y Competitividad y las instituciones colegiales para la elaboración del anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales.

Con todo, el Consejo General de la Abogacía Española está trabajando en las alegaciones que presentará al anteproyecto, cuyo plazo de audiencia pública concluye el 16 de septiembre. Sin embargo, se tiene que abrir otro plazo para que las instituciones afectadas remitan sus informes.

Rotundo rechazo a los recortes en el Turno de Oficio de Cataluña

Otro de los “puntos calientes” del verano fue la propuesta del Ministerio de Justicia de rebajar de media un 30% las retribuciones a los abogados de oficio catalanes, algo que de inmediato fue rechazado de forma rotunda por el Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña (CICAC). La Abogacía Catalana calificó de “inaceptable” la reducción que plantea el Ministerio, y consideró que repercutiría negativamente en la dignidad de las retribuciones  que perciben actualmente los abogados de oficio. Por este motivo, el CICAC propondrá al Departament de Justícia hacer un frente común para que la Generalitat no renuncie a esta competencia.

El presidente del CICAC y  decano  del  Colegio  de Abogados de Terrassa, Miquel Sàmper, aseguró que “lejos de rebajarlas, las retribuciones que cobran los abogados del Turno de Oficio -ya de por sí bastante ajustadas- deberían de incrementarse, y tenemos el compromiso de la Generalitat que lo hará en cuanto disponga de más recursos económicos“.

Además, el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) también consideró inaceptable la propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de “homogeneizar” a la baja los módulos de pago de los abogados del turno de Oficio en España. El decano del ICAB, Oriol Rusca, afirmó que “no podemos tolerar esta propuesta del Ministerio de Justicia porque afecta a un servicio público que se presta a los ciudadanos más desprotegidos y pone de manifiesto la poca sensibilidad social del Gobierno del estado” y añade: “no podemos permitir que el abogado que presta el servicio perciba una compensación que no se corresponda con la dignidad propia de su trabajo. Es una falta de respeto al trabajo que diariamente realizan los abogados del Turno de Oficio. Estoy convencido de que ningún funcionario del Ministro Gallardón trabaja por 2 euros la hora“.  Durante la presentación del VII Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y la editorial LA LEY del grupo Wolters Kluwer, Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, pidió que no se rebajaran los baremos de los abogados del Turno de Oficio de Cataluña, recordando que “la sociedad se resentirá de que los más necesitados no puedan acudir a la Justicia” con la aplicación de las tasas judiciales, justificadas por Gallardón para financiar la Justicia Gratuita.

La Audiencia Nacional, contra el “tasazo”

El último envite contra las tasas judiciales lo propició la Audiencia Nacional a finales de julio, tras considerar que esta norma contiene elementos “que pueden considerarse inconstitucionales” al dificultar el acceso a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

En un auto, la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo opina que la norma “puede infringir el artículo 24.1 de la Constitución” en alusión al derecho de los ciudadanos a la tutela efectiva de los jueces y tribunales, acogiendo así un recurso del abogado Miguel Javaloyes en nombre de la asociación de gestión de multas Dvuelta.

En este sentido, el tribunal explica que “se entiende que este derecho fundamental de la persona queda conculcado, no por la exigencia del pago de una tasa, sino por las consecuencias procesales y sustantivas derivadas de la falta de dicho pago“. Por todo ello, añade, “la consecuencia que conculca el artículo 24.1 de la Constitución será o la continuación del procedimiento sin haber podido evacuar dicho trámite (mal menor) o la finalización del procedimiento“.

La exigencia de una tasa, dentro de ciertos límites y procedimientos y circunstancias, “es perfectamente constitucional”, explica el tribunal, “lo que puede no ser constitucional, es que el pago de dicha tasa, condicione: primero, la posibilidad de acceder a la jurisdicción; y segundo la posibilidad de obtener la tutela judicial“. “Son estas dos consecuencias inevitables si no se pagan las tasas, las que se pueden considerar inconstitucionales”, precisa.

Aprobada la lista de candidatos al CGPJ

Se acabaron las especulaciones. El 4 de agosto, el CGPJ publicaba las listas oficiales de candidatos para miembro del CGPJ, con una media de cinco candidatos por puesto. Ahora deben ser remitidas al Congreso y al Senado para que elijan a los nuevos vocales antes del próximo 24 de septiembre, que es cuando concluye el mandato del actual órgano.

Siete magistrados del Tribunal Supremo aspiran a ser consejeros del CGPJ -del total que se designen, al menos tres deben ser de este órgano-. Entre ellos está el que fuera presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) José López García de la Serrana, Pilar Teso, Rafael Fernández Valverde, Joaquín Hueling, Wenceslao Olea, y Clara Martínez Careaga, esposa del exfsical general del Estado Cándido Conde-Pumpido.

Igualmente se han presentado el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, el expresidente del TSJ del País Vasco Fernando Ruíz Piñeiro, la juez de violencia de género de Madrid María Tardón, entre otros.

Una vez se comprueben sus datos acreditativos, y salvo que la decisión de la Junta Electoral sea recurrida ante el Tribunal Supremo, el listado definitivo será remitido al actual presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, quien a su vez lo remitirá a las Cortes para que entre ellos se elija a los nuevos vocales del CGPJ.

Las cámaras deben designar a un total de 10 vocales cada una, 6 de procedencia judicial de entre los candidatos aprobados por la Junta Electoral y 4 juristas de reconocida competencia.

Los datos reales de la Justicia: menos litigiosidad

¿Son reales las cifras que ofrece el CGPJ en sus memorias sobre la litigiosidad en España? A juzgar por el informe ‘Situación actual de la Administración de Justicia en España: un análisis desde el Derecho Procesal’ que presentó en julio Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, y Gilberto Pérez del Blanco, doctor en Derecho, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador del equipo de investigadores que ha llevado a cabo el estudio, demuestra que las cifras del CGPJ  están muy lejos de la realidad.

Según este informe, el número real de procesos tramitados en 2011 ante los órganos jurisdiccionales fue de 1.833.608, de los cuales, 700.171 corresponden al orden Civil, 717.559, al orden Penal, 182.676, al Contencioso-Administrativo y 233.202, al orden Social. Es decir, el número total de procesos tramitados supone aproximadamente un 20% de las cifras ofrecidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Además, la situación estadística de la Jurisdicción adolece de importantes carencias, tanto a la hora de recopilar los datos de la actividad de los órganos jurisdiccionales como, sobre todo, de su tratamiento y puesta a disposición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por ello, el análisis de los datos estadísticos reflejados en la Memoria del CGPJ es muy sesgado y no puede ser tomado en consideración para determinar la litigiosidad real en la Administración de Justicia ni, por tanto, puede servir de base para proponer cualquier reforma que persiga un funcionamiento más eficiente.

La Abogacía Española supera los 16.000 seguidores en Twitter

El Consejo General de la Abogacía Española ha superado, durante el periodo vacacional, los 16.000 seguidores en la red social Twitter. Más de 16.050 son las personas seguían el perfil @Abogacia_es al comenzar el mes de agosto. En la actualidad, se supera con creces esta cifra. A ellos hay que sumar los que siguen los otros perfiles especializados que la Abogacía tiene en Twitter, como el del proyecto tecnológico de la Abogacía @RedAbogacía (4.026 seguidores), la Fundación Abogacía Española (@AbogaciayDDHH, 1.734 seguidores) y la Delegación en Bruselas (@Abogacia_UE, 2.894 seguidores). La Abogacía Española se convierte así en un referente en esta red social en el ámbito de la Justicia, donde se sitúa por encima, en cuanto a número de seguidores, de instituciones como el Ministerio de Justicia (9.223 seguidores) u organismos como el Consejo General del Poder Judicial (12.684).

En el área de profesiones colegiadas que forman parte de Unión Profesional Española, el Twitter de Abogacía Española es el que tiene más fuerza por encima, de la Organización Médica Colegial (4.055 seguidores) o de la Organización Farmacéutica Colegial ( 6.794 seguidores)

Cerca de 28.000 declaraciones de la Renta presentadas con el carné digital colegial

Cada año se incrementa el número de abogados españoles que presenta sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta y las de sus clientes por Internet -de forma segura y autenticada- usando el carné ACA con certificado digital desarrollado por RedAbogacía, la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española.

En esta última campaña de la Renta, la correspondiente al ejercicio fiscal de 2012, los abogados españoles han presentado 27.695 declaraciones del IRPF con el certificado digital ACA a través de la página web de la Agencia Tributaria (www.aeat.es). Esta cifra supone un incremento superior al 13% con respecto al ejercicio pasado, cuando los abogados presentaron 24.570 declaraciones del IRPF con certificado digital ACA.