Liberalizar en exceso mina la confianza del ciudadano

Hoy he concedido esta entrevista al diario Cinco Días, realizada por la periodista Marta Zaballos:

Liberalizar en exceso mina la confianza del ciudadano 

Un mal funcionamiento de los servicios profesionales agravará la crisis 

Extremadamente crítico con el texto aprobado por el Gobierno sobre la nueva colegiación profesional, Carnicer considera que el mal funcionamiento de los servicios agravará la crisis económica.

Unión Profesional es una organización creada en 1980 que agrupa a las profesiones colegiadas españolas. Acoge a 35 Consejos Generales y Colegios Profesionales de ámbito estatal y representa a 966 Colegios Profesionales territoriales, con 1.404.000 profesionales. Su presidente, Carlos Carnicer, ha seguido todo el proceso por el que se ha gestado el anteproyecto aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros, que regulará en el futuro la nueva colegiación obligatoria. Además de no estar de acuerdo con el texto, lamenta que el Ejecutivo no haya mantenido un diálogo con todas las partes afectadas.

PREGUNTA. El Gobierno dice que la nueva ley trata de introducir más competitividad, ¿está de acuerdo?

RESPUESTA. El subsector de los servicios profesionales ya es competitivo y fue modernizado en 2009 con la Ley Ómnibus [que persigue eliminar trabas burocráticas en el sector servicios]. Una liberalización excesiva potencia la entrada de profesionales, pero la calidad de los servicios podría verse afectada, lo que repercutiría en pérdida de confianza del usuario. No se pueden plantear reformas teniendo en cuenta solo factores económicos, que no debieran estar por encima de los derechos de los ciudadanos. Y tampoco por la crisis, de manera que afecte a un sector que juega un papel relevante en la sociedad y que su funcionamiento inadecuado podría venir a agravarla aún más.

P. ¿Qué le parece el recorte en el número de profesiones que han de tener colegiación obligatoria? ¿Qué beneficios reporta la colegiación?

R. Me parece contraproducente, ya que afectará negativamente al ejercicio de los derechos fundamentales, debido a que se elimina la garantía de la buena práctica. Los colegios aportan la sujeción a la deontología, por lo que no es una cuestión que afecte únicamente a las profesiones jurídicas, sanitarias y técnicas. Estoy hablando de psicólogos, trabajadores y educadores sociales, entre otros, cuyo contenido son materias sensibles, por lo que la desaparición del control colegial marcaría una tendencia a la degradación.

P. Otra de las consecuencias que Economía defiende que generará esta nueva ley es una rebaja de los aranceles que cobran los profesionales, ¿cree que será así?

R. No. Los profesionales no cobran ni tarifas ni aranceles, salvo los procuradores. En 2009 desapareció la facultad de los colegios a la hora de orientar honorarios, salvo para costes judiciales.

P. Sobre la transparencia de estos órganos, ¿le parecen adecuadas las medidas que se pondrán en marcha, como la publicación de los sueldos de sus miembros?

R. La transparencia y la gobernanza son elementos clave para el desempeño de nuestras funciones. No obstante, en 2009 ya se introdujeron medidas como la ventanilla única (agrupación en una sola instancia de todos los trámites diferentes que el ciudadano debe realizar ante la Administración pública con un fin particular) o la publicación de las memorias que contienen toda la información necesaria. Más que sumar reformas, se deberían aplicar las ya existentes.

Una liberalización excesiva puede repercutir directamente en una pérdida de confianza por parte de los usuarios

P. Dice Economía que esta es una de las reformas impuestas por Bruselas, ¿por qué cree que la CE quiere reformar el modelo colegial español?

R. Lo que se exige Bruselas es una liberalización de los servicios profesionales, pero eso no quiere decir que se deterioren los derechos fundamentales. El modelo colegial español se basa en la independencia de criterio, la responsabilidad del profesional y el control colegial, que no ha sido considerado por el anteproyecto.

La consultora Roland Berger advierte del impacto negativo que podría llegar a tener la liberalización

P. ¿Qué futuro les espera a los colegios profesionales que dejen de ser obligatorios? ¿Han hecho un primer cálculo del impacto económico?

R. Seguirán ejerciendo la función social que tienen atribuida, aunque solo podrán ayudar y controlar a los profesionales colegiados, no a los ciudadanos. Es difícil calcular el impacto económico, pues no sabemos cómo quedará finalmente. Nos extraña el cálculo realizado por Economía porque un estudio elaborado por la consultora Roland Berger concluye que los beneficios que podrían alcanzarse con la liberalización serían mínimos, mientras que el impacto negativo podría ser muy importante.

              La Unión profesional demanda interlocución

El presidente de Unión Profesional, la organización que agrupa a las profesiones colegiadas españolas, demanda que el modelo colegial español desempeña un acto profesional que no fue considerado por el ministerio de Economía al concebir el anteproyecto.

En su opinión, debería implementarse, para toda la ley en general, una interlocución efectiva y un trabajo conjunto en la elaboración de la normativa para que se tuvieran muy en cuenta los planteamientos de las profesiones afectadas, pues son ellas las que saben el impacto que las cuestiones analizadas tienen sobre la ciudadanía. Por lo tanto, desde la agrupación de colegiados Unión Profesional esperan que en la etapa de alegaciones al anteproyecto y en los demás trámites, particularmente en el legislativo, se escuchen las aportaciones de las profesiones que irán referidas al interés general, concretado en el ejercicio amplio y efectivo de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a todos los españoles.

Además, considera que no es necesario reformar, y menos de esta manera, un sector que funciona bien y que ya fue modernizado en 2009 con la Ley Ómnibus, promulgada para adaptar la legislación española sobre el libre acceso a las actividades de servicios a la Directiva Bolkestein, que persigue eliminar trabas burocráticas del sector.