Los servicios profesionales son bienes de confianza

Hoy he publicado este artículo de opinión en el diario Expansión:

Los servicios profesionales son bienes de confianza

Dentro de las intensas reformas que, según anunció el Ministro de Economía y Competitividad Luis de Guindos, se aprobarán en el Consejo de Ministros antes de las vacaciones del verano, merece nuevamente especial atención la referida a los colegios y servicios profesionales. El impulso liberalizador recomendado por diversos organismos como la Comisión Nacional de la Competencia o, en el ámbito internacional, por la Comisión Europea, el FMI o la OCDE, carece, sin embargo, de un estudio en mayor profundidad para caracterizar un mercado tan específico, heterogéneo y sensible como es el de los servicios profesionales. Por ello, la condición indispensable a la hora de analizar la regulación de un mercado para hacerlo más competitivo requiere, por un lado, el estudio del comportamiento de los agentes que intervienen en él —oferta y demanda— así como del bien o servicio intercambiado y, por otro lado, el impacto en la sociedad.

Los servicios prestados por los profesionales colegiados que, característicamente articulan los derechos fundamentales de los ciudadanos, son ‘credence good’, una clasificación que proviene de la teoría económica enunciada por los economistas Darby y Karni en los años 70 y utilizada en la actualidad. El servicio profesional es, por tanto, un bien basado en la confianza, definido por la dificultad para el cliente o paciente de poder comprobar el nivel de calidad que está obteniendo tanto ex ante y durante la prestación del servicio como ex post. Luego estamos ante un “bien” diferenciado que requiere un tratamiento específico en cuanto a la ordenación y el control del ejercicio profesional al tener implicación directa con la seguridad física y jurídica de los consumidores. Una implicación que es determinante para el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, los cuales tendrían que estar aún más presentes en la nueva configuración de la regulación de los colegios como entidades de control que aportan la garantía institucional para los ciudadanos.

El mercado de los citados servicios profesionales presenta un funcionamiento diferente a otros mercados. De una parte, la demanda de servicios profesionales es inelástica, es decir, en este tipo de servicios, los consumidores responden más ante la confianza sobre la calidad que esperan obtener que a un precio bajo. En otras palabras, nuestra tendencia general cuando necesitamos un abogado o un dentista es obtener buenas referencias más que únicamente un precio reducido. Unas referencias que sólo son fiables cuando existen organismos independientes que controlan el ejercicio profesional. De esta forma, es de esperar un aumento de la rigidez de la demanda de los consumidores si perciben un menor grado de control sobre el ejercicio de los profesionales, como afirman diversos estudios económicos, entre ellos, el del economista Hayne Leland. Respecto a la oferta de estos servicios prestados por los profesionales, esta responde a criterios vocacionales y de servicio a la sociedad. Por tanto, plantear una supresión de los requisitos de ejercicio apenas produciría un aumento de operadores en un mercado que ya presenta una densidad competitiva elevada y donde los requisitos para ejercer, aunque mejorables, están lo suficientemente ajustados y en línea con parámetros europeos. Así, el resultado de una liberalización excesiva sería un mercado sin potencial de crecimiento tendente a la degradación en la calidad de los servicios profesionales y con pérdida de confianza de los consumidores.

En los documentos circulados oficiosamente sobre la liberalización de los servicios profesionales se señala que la reducción de los márgenes de precio de estos servicios en un 10% supondría un 1% de crecimiento del PIB. Se trata de un supuesto discutible cuando este subsector ya experimenta un severo ajuste en precios y ocupación como refleja el INE en sus Indicadores de Actividad del Sector Servicios. En este sentido, si tenemos en cuenta el contexto económico donde, por ejemplo, la propensión marginal al consumo es cada vez menor, sería necesario calibrar con mayor precisión el impacto sobre el PIB, no sin olvidar que otras variables macroeconómicas podrían ser afectadas de forma negativa. Podemos afirmar, en consecuencia, que en este campo concurren múltiples factores que dibujan escenarios complejos. De la mano de estudios autorizados se afirma que los beneficios que las medidas legales anunciadas pudieran producir, en las hipótesis más optimistas, serían menores, mientras que en previsiones más realistas, los perjuicios alcanzarían cotas de bastante mayor proporción. Por ello, es necesario configurar disposiciones regulatorias más equilibradas. Estructurar una regulación que combine una mayor protección de los consumidores, usuarios y pacientes, junto con un ajuste en los requisitos para ejercer aportaría más valor añadido y credibilidad a los profesionales. Una labor que emanaría de un preciso y más diligente control deontológico por las entidades colegiales, potenciando así el objetivo esencial del servicio profesional: prestarlo con la seguridad y calidad necesaria para el ciudadano.

Carlos Carnicer

Presidente de Unión Profesional