Enatic analiza los retos de la Abogacía digital ante la nueva Sociedad de la Información

 ENATIC ha celebrado una nueva edición de la serie #ticlawyers para identificar y analizar cuál debe ser el papel del abogado dentro de la nueva sociedad de la información hacia la que nos dirigimos, regida por una Administración electrónica con cada vez una mayor relevancia. ¿Qué postura debe adoptar la abogacía ante los nuevos problemas que van a plantearse a los ciudadanos y administraciones públicas? ¿Cómo abordar la alfabetización digital dentro del mundo del derecho?

A estas y otras muchas cuestiones respondió el director general de Red.es, Borja Adsuara, que fue el ponente en esta ocasión.

En el evento, celebrado el 11 de julio en la sede del Consejo de la Abogacía, se aseguró que estamos ante un escenario de implantación generalizada de nuevas tecnologías, tal y como muestran los últimos informes sobre la Sociedad de la Información publicados por Red.es. De hecho, según confirmó Adsuara, los últimos informes que se manejan muestran que a los españoles no les cuesta usar la tecnología, especialmente cuando se compara con otros países del entorno europeo. Sin embargo, no puede negarse la existencia de una brecha digital importante que constituye el principal objetivo sobre el que debe trabajarse de cara a lograr una inicial alfabetización digital. Ahora, si bien la alfabetización digital es uno de los objetivos más cercanos, el reto último está en lograr una auténtica “capacitación digital” que nos permita ser competitivos a todos los niveles.

Será la propia evolución tecnológica y social la que normalice la situación relacionada con la implantación y uso de las nuevas tecnologías en la sociedad, y también, como no podría ser de otra manera, en la abogacía. “Lo que hoy calificamos de digital, en un futuro cercano ya será lo normal, por lo que se trata de una calificación temporal, si bien es un claro signo indicativo de que no se ha alcanzado esa situación de normalidad aún”, aseguró Adsuara.

Entrando ya en aspectos concretos, el primer punto que se analizó tiene que ver con la identificación de los retos a los que se enfrenta el profesional del Derecho en su actividad diaria y los que están por venir, a la vista de la rápida evolución de la sociedad de la información. En cuanto a este primer punto, la opinión del director general de Red.es es clara: la abogacía deberá adaptarse a los nuevos canales y a las nuevas herramientas. Y no sólo desde el punto de vista de la alfabetización, sino también de la capacitación.

En relación a este asunto, ya estamos viendo las primeras iniciativas de la abogacía por adaptarse a los nuevos tiempos. Destaca la publicación del informe sobre cloud computing en la abogacía, desarrollado conjuntamente por el Consejo General de la Abogacía Española y la Agencia Española de Protección de Datos. Sin embargo, de otro lado se plantean nuevos interrogantes sobre la conveniencia en el uso de determinadas herramientas en la práctica profesional de la abogacía como es, por ejemplo, la reciente noticia relativa a la falta de garantías de seguridad que ofrecen plataformas de mensajería instantánea, como Whatsapp. Un reciente informe de la Agencia Catalana de Protección de Datos desaconseja su uso por parte de los profesionales del Derecho, al no poder garantizar los indispensables niveles de seguridad en la comunicación entre abogado-cliente.

El segundo tema de discusión se centró en cuál debe ser el papel del abogado en esta nueva sociedad de la información que está por venir, y de qué manera debemos prepararnos para afrontarla. Para Borja Adsuara, el papel que debe jugar el abogado es el mismo que ahora. De manera que la necesidad no se centra tanto en qué hacer, sino en el cómo. De ahí que se destaque la necesidad de que el abogado, en cuanto profesional, deba entender el nuevo mundo de la tecnología y conocer el régimen jurídico de las herramientas que van surgiendo. Pero sus servicios y el objetivo de los mismos no deben variar.

La abogacía, en la medida de lo posible, sí debe coadyuvar a que se legisle mejor. Desde el punto de vista del director general de Red.es, el legislador debe entender que la buena regulación, especialmente cuando se trata de nuevas tecnologías, es aquella que regula en base a conceptos generales y no se centra en la tecnología concreta. Por todos es sabido que el derecho no puede ir nunca por delante de la evolución tecnológica, por lo que el objetivo no debe ser el de crear nuevo derecho, sino el de adaptar el existente. Un claro ejemplo lo tenemos en la Ley Orgánica 1/1982, que puede considerarse un buen modelo de norma en cuanto regula aspectos generales, pues así lo ha demostrado manteniendo su vigencia desde hace más de 30 años.

Incidiendo algo más en la “alfabetización digital”, se expuso la necesidad de que tanto la escuela primero, como la universidad después se conviertan en los centros clave de la capacitación del ciudadano y futuro profesional en materia digital. En cuanto al profesional, la formación continua debería ser uno de los pilares fundamentales a la hora de que la abogacía pueda hacer frente con solvencia a las necesidades que está creando la revolución tecnológica que estamos viviendo y la que, quizás, esté por venir.

En relación con lo anterior, Borja Adsuara destacó la importancia que tendrán las plataformas de gestión del conocimiento. Y puso como ejemplo el caso del proyecto Watson en el mundo médico, donde es un software el que realiza una primera evaluación y diagnóstico. ¿Sería posible un caso Watson en el mundo jurídico, que sea una máquina la que, a modo de simulador, valore las posibilidades de resultado de un juicio? Y se mencionaron algunas iniciativas legislativas que ya prevén la posibilidad de que se planteen automáticamente determinadas soluciones a conflictos, ofrecidas en base a experiencias anteriores en casos similares.

Todas estas situaciones abren, también, otro interrogante, esta vez relacionado con el impacto que el uso de las nuevas tecnologías puede tener en la deontología profesional.

Por último, se abordó el tema de la e-administración y el papel que está jugando Red.es en el ámbito de la Justicia.

En relación a este punto, se mencionó la función de digitalización de los tribunales que se inició hace algún tiempo, y los avances obtenidos gracias a esta labor de modernización de la justicia. La creación de registros electrónicos, la unificación de base de datos, el expediente judicial electrónico o la instalación de medidas de grabación en las salas de vista de los juzgados y tribunales son algunos de los hitos conseguidos gracias a la intervención de Red.es. Todas estas medidas deberán servir para lograr una justicia segura, rápida y eficiente, quizás –por qué no- dentro de un escenario de smart cities, concepto éste que ya ha dejado de ser ciencia ficción. También se aludió a la Comisión de Reforma de la Administración (CORA), donde se lleva tiempo trabajando para intentar unificar versiones de software en la Administración electrónica española.

Como conclusión, Adsuara señaló que este tipo de iniciativas dirigidas a la actualización tecnológica lleva su tiempo, ya que la sociedad necesita ir aprendiendo cómo funcionan las cosas. Y sólo una vez consolidados estos conocimientos, podemos plantearnos evoluciones. Para ello, se hace imprescindible una amplia labor de evangelización, dentro de la cual la Abogacía puede desarrollar un papel muy importante dentro de la sociedad de la información.

Tras la exposición del director general de Red.es, se abrió un turno de debate en el que los asistentes y seguidores del acto por streaming tuvieron la oportunidad de comentar desde los problemas que se plantean en los procesos políticos de desarrollo legislativo y regulatorio relacionados con las nuevas tecnologías, hasta aspectos relacionados con la relación existente entre la ley de Administración Electrónica y la Ley de Trasparencia. Y, como no podía ser de otro modo, la responsabilidad de los prestadores de servicio y la interpretación actual de algunos preceptos de la LSSI que no parecen respetar el espíritu del legislador mostrado en los debates parlamentarios correspondientes.