Vigo 2013, un encuentro trascendental para la Abogacía, para la Justicia y para la sociedad

Por Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española

Vigo, un viejo, activo e importante Colegio de Abogados “de partido” acogió las VI Jornadas de Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados y Consejos Autonómicos, y que nos han permitido reflexionar juntos sobre la situación actual de nuestra profesión y de nuestros Colegios, sus problemas y sus retos y que servirán también para analizar los cambios normativos que se anuncian y que marcarán, sin duda, el futuro de la Abogacía y de sus Colegios.

La reunión de Vigo ha sido especialmente importante por el momento y por los temas que están encima de la mesa, en particular una Ley de Servicios Profesionales ya anunciada por el Gobierno, que esconde no pocas amenazas para el futuro y la calidad de la Abogacía, para unos Colegios de Abogados perfectamente integrados en el tejido social, para los futuros abogados y, especialmente, para la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Además, el Gobierno ha puesto sobre la mesa un importante número de reformas que van suponer, de llegar a término, un cambio radical en nuestra Justicia, aunque no necesariamente un cambio negociado y discutido con todos los operadores jurídicos y por tanto, tampoco a priori un cambio en el buen camino. Un camino cuya meta no es la de los intereses de la Abogacía como profesión -que también, ¿por qué no?- sino el del interés general, el de los ciudadanos.

A esta convocatoria ha concurrido una generosísima mayoría de los responsables del gobierno de nuestras instituciones colegiales. Los ponentes fueron todos ajenos a la propia Abogacía institucional, lo que hizo que las opiniones y aportaciones presentadas gocen, además de su propia autoridad, de la correspondiente a la independencia.

CUESTIONAR SIN ATISBO DE CORPORATIVISMO

En Vigo, cuestionamos absolutamente todo, abandonando cualquier atisbo de corporativismo o de posiciones rígidas que impidan la imprescindible flexibilidad en el tratamiento de los numerosos problemas que nos conciernen. Pero también convencidos de la defensa de una profesión que sosteniendo los principios básicos de la Justicia, los pone al servicio de los ciudadanos. Estos días procede analizar la consideración legal y real de nuestra profesión, hoy y de cara al futuro. Estamos convencidos de que si no servimos valores superiores, pero, sobre todo, si no servimos a los intereses generales de la ciudadanía, no servimos para nada. Hace algo más de tres décadas, la Abogacía como profesión tuvo para nuestros constituyentes la máxima consideración. Tan importantes funciones y encargos exigían estructura y normativa institucional, acogidas con carácter general en el artículo 36 de la Constitución, con la muy destacable singularidad de ser el único texto constitucional en el mundo que hace referencia expresa a los Colegios Profesionales.

Realmente lo que hace la Constitución Española no es sino reconocer el altísimo nivel de eficiencia y eficacia alcanzados por nuestros Colegios a lo largo de la historia. Instituciones multiseculares de origen gremial que cumplen desde sus inicios loables y benéficas acciones para sus asociados, pero renovadas, ya sin cortapisas ni barreras, abiertas a todos y ofreciendo servicios sociales de primer nivel a los ciudadanos y la sociedad a la que servimos.

En las últimas décadas, los Colegios de Abogados, se han ido adaptando de tal forma que, desbordando con mucho lo que venían siendo sus iniciales fines, se han acreditado como eficientes y eficaces servidores públicos y defensores del interés general, todo ellos sin coste alguno para el Estado ya que, desde siempre, y para preservar su independencia, los Colegios de Abogados se han financiado con las cuotas de sus colegiados.

Hemos sido y somos una voz libre e independiente, fundamental para garantizar el derecho de defensa de los ciudadanos y para impedir recortes y abusos; para dar servicios a los colegiados, especialmente en materia de formación o para proveerles de herramientas tecnológicas que hagan más fácil su trabajo; siempre para ofrecer servicios de asistencia y orientación jurídica a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, para contribuir a la modernización de la Justicia o para defender a los ciudadanos ante medidas y/o normativas, como las tasas, que impiden o dificultan el acceso a la Justicia, o contra las ejecuciones hipotecarias o de desahucio, que desplazan las cargas sociales hacia los más débiles; en ocasiones, para rechazar la mordaza que puede suponer la reducción y supresión de instituciones colegiales.

En Vigo, puedo afirmar, hemos sido capaces de reforzar ese compromiso con la sociedad, de garantizar la mejor abogacía posible para todos y de defender el papel fundamental que, a coste cero para el Estado y los ciudadanos, realizan hoy los 83 Colegios de Abogados de España.