El PP defiende en Vigo desjudicializar las faltas y potenciar la mediación para frenar la litigiosidad

La tercera y última ponencia de las VI Jornadas de Juntas Gobierno de Colegios de Abogados, que se celebró la tarde del viernes 28 de junio en Vigo, abordó los textos legislativos en trámites de reforma.

Victoria Ortega, secretaria general del Consejo General de la Abogacía Española, moderó la mesa desde tres premisas: el anuncio de proyectos normativos sobre la ciudadanía, parece que van a ser inmediatos, pero sin planificación se genera una desilusión entre los ciudadanos; siendo todos conscientes de la crisis, no toda reforma legislativa debe abordarse desde un prisma economicista y no todo nuestro ordenamiento jurídico es perfecto, pero desde la Abogacía carecemos de resistencias al cambio, “sólo pedimos cambiar para mejorar”.

José Miguel Castillo Calvin, portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, realizó una breve referencia general de los problemas de la Justicia: su exceso de litigiosidad que provoca la protesta de la ciudadanía; la mala organización del sistema judicial y la inexistencia de una buena inversión.

Nuestra estructura provoca que a mayor gasto no se logre mayor eficiencia judicial. “Tenemos una pésima organización territorial de partidos judiciales y necesita una reforma urgente, pero no podemos invertir en un modelo que está agotado”, aseguró Castillo.

Ante el exceso de litigiosidad, el diputado del PP propuso la desjudicialización de determinados procedimientos como las faltas y el impulso de la Ley de Mediación. Ante la organización del sistema judicial, las reformas se han llevado a cabo a través de la modificación de varios textos legislativos como la Ley Orgánica del Poder Judicial, la revisión de la Oficina Judicial (asunción por los Tribunales de Instancia de las competencias provinciales para maximizar los recursos existentes), la consolidación de la segunda instancia en los TSJ y la desaparición de las Audiencias Provinciales.

Sobre la reforma del Código Penal, propuso la supresión de las faltas (medida solicitada por la Fiscalía General del Estado), la introducción de la prisión preventiva revisable (figura a aplicar a delitos concretos y cuyo sentido se encuentra en que las penas se han de dirigir a la reinserción y reeducación social, esta medida está avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), la supresión de la pena de localización permanente (custodia de seguridad) y la regulación de la libertad condicional.

El diputado no pudo participar en el debate que hubo a continuación de las ponencias por tener que tomar el vuelo de regreso a Madrid. Tras la pausa, la moderadora aclaró que el portavoz del PP se tenía que ir, y frente a algunos silbidos, los asistentes aplaudieron cuando Victoria Ortega reclamó “respeto y reconocimiento a una persona invitada que ha venido consciente de nuestro disgusto con la actitud del Ministerio de Justicia”.

LEYES APROBADAS POR EL RODILLO PARLAMENTARIO

A continuación, Margarita Robles Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial, criticó las reformas enumeradas por Castillo, y respecto de la reforma de la LOPJ, puso de manifiesto que las enmiendas efectuadas por la oposición lo fueron a la totalidad y las propuestas efectuadas con relación a los nombramientos del CGPJ, lo fueron en el sentido de posibilitar la presentación de miembros no asociados con los preceptivos avales.

La vocal analizó las tres líneas de actuación del Ministerio de Justicia:

• Leyes aprobadas, todas con el rodillo del PP, donde destacó el papel reivindicativo de la Abogacía y del CGPJ (Ley de Tasas, Ley de desmantelamiento del CGPJ…)
• Leyes en trámite de anteproyecto, como la de la Justicia Gratuita o la reforma del CP, destacando que la prisión permanente revisable es anticonstitucional, según el CGPJ, por vulnerar el artículo 24 de la Constitución
• Los múltiples estudios de expertos (reforma LOPJ y de planta judicial) no asumidos por el Gobierno, por lo que mostró sus dudas de que salgan en esta legislatura.

SENTENCIA RÁPIDA DEL TC AL RECURSO CONTRA LAS TASAS

José Antonio Martin Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, comenzó su ponencia asegurando que para la justicia y la sociedad es un riesgo la proliferación continua de leyes, “vivimos en un mundo de leyes desbocadas”. Respecto a la Ley de Tasas todo está consumado, y hay que esperar a la resolución del Tribunal Constitucional, que debe resolver rápidamente pues están afectados los Derechos Fundamentales. Esta Ley atenta gravemente contra el derecho a la tutela judicial efectiva y deja indefensos a los ciudadanos y no puede esgrimirse a su favor que las tasas existen en nuestro entorno europeo ni la excesiva litigiosidad existente en España.

Respecto de la Ley Procesal Penal, criticó la figura del fiscal investigador, quien, además de ser parte en el proceso, puede reservarse pruebas que impidan que haya igualdad de armas; los fiscales tampoco son independientes, dado que son elegidos por el Ejecutivo. También cuestionó la figura del juez de garantías, quién no podrá tomar decisiones importantes sin conocer antes el asunto, lo que dificultará el buen desarrollo del proceso.

En relación a la reforma del CGPJ, aseguró que su culminación es “un gran desatino ya que crea el magistrado de día, vocal de noche”. Este hecho producirá un elevado número de recusaciones, porque se impugnará su independencia, además de crear fricciones en el cuerpo de magistrados.

El magistrado consideró que no pueden esgrimirse las directivas de la UE para cambiar el actual sistema de la Abogacía, que debe ser defendido por todos. Los Colegios de Abogados tienen una historia –que hay que legitimar cada día- como garantes de los derechos y al servicio de la sociedad. Si alguna vez se pierde la confianza en la ley y en la justicia (incluyendo a la abogacía), la alternativa es el desorden, aseguró Martín Pallín.

REFORMAS LEGISLATIVAS QUE PERJUDICAN AL CIUDADANO

Finalizó la tercera ponencia de estas Jornadas, Manuel Almenar Berenguer, vocal del Consejo General del Poder Judicial y colegiado en el Colegio de Abogados de Pontevedra, quien aseguró que las reformas planteadas no son de ninguna utilidad y están ocasionando un perjuicio a la ciudadanía pues suponen un impedimento para el derecho a la tutela judicial efectiva. Reconoció que en los últimos años la Abogacía y los jueces están participando más activamente en la renovación de la sociedad.

Aseguró que los tres grandes males de Justicia son la falta de racionalización de la litigiosidad, ya que cada juzgado es autónomo del que está al lado; la inadecuada planta judicial, ya que sobran la mitad de las demarcaciones territoriales, y la escasa utilización de las nuevas tecnologías para mejorar la interoperabilidad entre los juzgados.

Frente a los tres factores que inciden en el funcionamiento de la Justicia, el aumento de la litigiosidad, la insuficiencia de jueces, y las carencias de la organización judicial, el vocal destacó las propuestas efectuadas por el CGPJ:

• Evitar que algunos asuntos lleguen a tribunales (reforma del Registro Civil y despenalizar las faltas).
• Promover el arbitraje y la mediación, tanto extrajudicial como intrajudicial.
• Simplificar los procedimientos, eliminando los que sean innecesarios
• El uso abusivo de la Justicia no se evita imponiendo tasas, sino con la inclusión de la condena en costas en caso de actuación temeraria.
• No creación de órganos judiciales innecesarios
• Puesta en marcha de tribunales de instancia.

Respecto a la estadística judicial, Almenar aseguró que de los 6 millones de asuntos penales ingresados en 2012, la realidad es que la mitad están duplicados. Somos incapaces de que el Ministerio de Justicia tenga un sistema unificado de registro. De los 8.970.000 ingresados en 2012, la realidad es que son 6.700.000 al descontar los asuntos penales duplicados.