28 junio 2013

Jornadas Vigo: la Abogacía analiza los retos de la profesión durante la ponencia sobre su función social

La primera ponencia de las Jornadas de Juntas de Gobierno de Colegios de Abogados que se celebran en Vigo del 27 al 28 de junio analizó el tema de la función social de la Abogacía y estuvo moderada por la decana del Colegio de Abogados de Ferrol, Nieves Santomé, quien agradeció la labor que realizan las Juntas de Gobierno.

La decana de Ferrol reconoció que las dificultades –en relación a los proyectos legislativos- unen y ayudan a sacar lo mejor de cada uno. También defendió que la unidad de la Abogacía, ante los retos futuros, es uno de los activos más valiosos de la profesión, “pero también lo es la función social de la abogacía”.

Antonio Garrigues Walker, presidente del bufete Garrigues, destacó que “la transparencia no elimina radicalmente la corrupción, pero la vigila y la dificulta grandemente”. El abogado recordó que fue diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid con Antonio Pedrol como decano.

Destacó que estamos viviendo una época en la que tenemos que cuestionarnos todas las funciones de la abogacía. Por ello, aseguró Garrigues “hay que eliminar toda resistencia al cambio y afrontar nuevos retos en el ejercicio de la profesión”. Aunque la Abogacía se ha ido adaptando, pero aún queda un largo camino, por ello el ponente defendió “salir del inmovilismo”. Uno de los retos a afrontar es la modernización de la Justicia, que debe ser también demandada por la Abogacía

La Abogacía tiene que tener un papel de protagonismo muy superior al que tiene y asumir funciones en todos los conocimientos nuevos, procurando analizarlos desde el punto de vista jurídico.

Por ello, aseguró Garrigues, es necesario avanzar en una imagen con más credibilidad de la profesión y en la aplicación de las nuevas tecnologías, donde queda mucho por hacer. Finalizó su ponencia asegurando que “los abogados debemos ser conscientes de que vivimos una época muy importante para la humanidad y tenemos que ampliar nuestra función social”.

REFORMAS LEGISLATIVAS

Por su parte, Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, inició su ponencia asegurando que “no hay ningún derecho económico que valga más que la dignidad de una persona”.

El magistrado reconoció el grave “desconcierto en el que nos tiene sumido el Ministerio de Justicia con sus reformas jurídicas”. Las actuaciones del Gobierno no están dotadas de coherencia y son fruto de la mayoría solitaria del PP, pero además el Ministerio de Justicia se encuentra enfrentado al colectivo de jueces y profesionales jurídicos. Por ello existe una ruptura del proceso de modernización de la Justicia y también se ha quebrado el Pacto por la Justicia de 2001. Ante esta problemática, el presidente del TSJ País Vasco propuso sentar las bases de una verdadera reforma de la Justicia.

Ibarra también reconoció la existencia de una carencia grave -sin que existan propuestas de solución- sobre la regulación de los Consejos de Justicia, que deberían estar en marcha tras la aprobación de los siete nuevos estatutos de autonomía. Ante esta situación, el magistrado aseguró que “es inaudito que el Consejo General del Poder Judicial no participe en la Comisión Intersectorial ni que exista un Agencia Estatal de Administración de Justicia”.

Ante las reformas de la Justicia durante la X Legislatura, el magistrado defendió la aplicación de unos indicadores. Hay parámetros a seguir para conocer el estado de la Justicia:

  • Eficiencia de la actividad jurisdiccional
  • Mejora de la calidad de la Administración de la Justicia
  • Potenciar la imagen social sobre la independencia judicial

Finalizó pidiendo a jueces, abogados y resto de profesiones jurídicas expresar de forma positiva nuestro “deber ser” constitucional.

IMAGEN DE LOS ABOGADOS

Desconfianza y sentimientos contrapuestos han sido las características de la imagen de los abogados hasta hace unos años, aseguró en su ponencia José Juan Toharia, presidente de Metroscopia. En Japón y Alemania, los abogados son cooperantes de la Justicia, y no se les considera como defensores de derechos. Sin embargo, en España, a pesar de existir la idea de que ejercen defensa de intereses particulares, la imagen es de una institución que fomenta el bien común a través de la defensa de derechos particulares.

Existe una crisis de confianza en las instituciones españolas, y en cambio se registra una subida espectacular en la valoración ciudadana de los abogados. El 70% de los españoles consideran que la profesión de abogado contribuye a pacificar conflictos. Nunca antes la imagen social de la abogacía había sido tan elevada como lo es en la actualidad.

Por su parte, Eugenio Ribón, responsable de los Servicios Jurídicos de la asociación de consumidores CEACU, definió la función social como vocación de servicio público. Planteó la última ponencia desde el punto de vista de lo que la sociedad civil espera del abogado y de los Colegios de Abogados.

Reconoció que se están pasando momentos difíciles en la profesión con todas las reformas legislativas, pero que no se pueden considerar un ataque a los abogados, sino a los ciudadanos, recordando las movilizaciones contra las tasas de la Plataforma Justicia para Todos. Aseguró que las asociaciones de consumidores son los únicos representantes para defender los intereses colectivos de los usuarios y que el Consejo de Consumidores de Usuarios no ha sido consultado en materia todas estas reformas legislativas que afectan a los consumidores.

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