20 junio 2013

Día Mundial del Refugiado. España, segundo peor país de la UE para pedir asilo, según CEAR

Las carencias de la Ley de Asilo aprobada en 2009, la ausencia, cuatro años después, de un reglamento que la desarrolle y la “falta de sensibilidad” en general, de las autoridades con la protección internacional, han convertido a España este año en el segundo peor país de la Unión Europea para pedir asilo.

Así se desprende del informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR),  que sitúa a España en el puesto 26 de los 27 países de la Unión Europea, por detrás de Estonia y sólo por delante de Portugal, con 55 peticiones de asilo por cada millón de habitantes frente a las 660 de la media comunitaria, informa Europa Press.

En concreto, España, frontera sur de la UE y responsable según Bruselas, de rechazar al 63% de los inmigrantes irregulares que llegan al espacio común, recibió el año pasado 2.580 peticiones de asilo, un 25% menos que en 2011, el cuarto descenso anual consecutivo y la cifra más baja de los últimos 25 años, lo que le ha valido el descenso desde el puesto 24 que ocupaba el año pasado hasta el 26 actual.

En paralelo, se incrementaba un 10 por ciento el número de solicitantes de asilo en la Unión Europea, que recibió 301.375 peticiones, un 72 por ciento de las cuales se cursaron en Alemania (77.540), Francia (60.560), Suecia (43.265), Reino Unido (28.175) y Bélgica (28.105). Además, en el ámbito comunitario, el 26,65% de estas peticiones fueron concedidas, mientras que en España las resoluciones favorables, un total de 565, representaron el 20,1 por ciento.

“Las estadísticas españolas quedan muy por debajo de los estándares europeos en todos sus parámetros, resultando especialmente preocupante el número de solicitudes de asilo, que evidencian una preocupante falta de compromiso de nuestro país con las personas refugiadas”, ha explicado en el portavoz de CEAR José Antonio Rubio, en una rueda de prensa en la que han comparecido a su vez el presidente de la organización, Carlos Berzosa, y la secretaria General, Estrella Galán.

De las 2.580 solicitudes recibidas por España, 1.841 se cursaron en territorio nacional, 402 en puestos fronterizos, 160 en Centros de Internamiento de Extranjeros (un 40% menos que en el año anterior) y 177 en embajadas (para extender el estatuto a familiares del refugiado). Según la organización, se ofrece “un tratamiento diferenciado” en función del lugar donde se curse la petición que “vulnera el principio de igualdad”.

DENEGACIONES EN FRONTERA Y CIE

La responsable del área jurídica de CEAR, Paloma Favieres, denuncia que mientras el 95% de las peticiones en territorio nacional fueron admitidas a trámite, “sólo el 40%” de las cursadas en centros de internamiento y fronteras llegaron a tramitarse, porque la ley permite en estos lugares no sólo inadmitir la petición sino denegarla directamente, y se está registrando “un elevado número de denegaciones”. De hecho, según ha dicho, conseguir la admisión en un CIE “es misión imposible” hoy día.

Por nacionalidades, el país del que llegaron más personas buscando asilo fue Siria, con 255 solicitudes, seguido de Nigeria, con 204; Argelia, de donde llegaron 202; Camerún, con 121; Costa de Marfil, que registró 106 y Malí, con un total de 101, conforme los datos de la Oficina de Asilo y Refugio que recopila CEAR.

En cuanto a las 565 concesiones, 220 eran estatutos de refugiado, la cifra más baja desde que se aprobó la ley actualmente en vigor, que representa el 9,24% de las resoluciones acordadas y el 8,5% del total de solicitantes de asilo. Asimismo, se concedieron 289 de protección subsidiaria, 13 de protección por razones humanitarias y 4 por reagrupación familiar.

La organización relaciona las cifras con varios factores, como el hecho de que España, al igual que Italia y Grecia (que registran también cifras bajas), juega el papel de “gendarme europeo” contra la inmigración irregular y “ha sido muy eficaz en su política de externalización de fronteras”, provocando un “efecto disuasorio” en los solicitantes de asilo que, además, les lleva a buscar rutas de llegada a la UE más peligrosas o a ponerse en manos de las mafias.

CEUTA Y MELILLA, “CIUDADES-CÁRCEL”

Asimismo, Rubio ha señalado el caso de Ceuta y Melilla, que se han convertido “en grandes centros de retención” para los solicitantes de protección internacional, a quienes no se permite viajar a la Península, “vulnerando la Ley de Asilo y la Constitución”, lo que invita a muchos solicitantes a renunciar a su derecho. La llegada de extranjeros a las ciudades autónomas se redujo un 15% el año pasado, pero las solicitudes de asilo cayeron un 21% en Melilla y un 63,5% en Ceuta.

Otro de los asuntos que “preocupa” a la organización por su incidencia en las cifras de asilo es la “inactividad de la Oficina de Asilo” ante las solicitudes de apatridia”, la “inmensa mayoría” de las cuales proceden de ciudadanos saharauis. Rubio ha explicado que esta postura “desoye a la Audiencia Nacional”, que ha dictado cerca de 30 sentencias favorables a reconocer la apatridia de estas personas, y al Tribunal Supremo, que se ha pronunciado dos veces en este sentido.

CEAR exige al Gobierno que elabore ya el Reglamento de la Ley de Asilo, que debía estar listo seis meses después de la entrada en vigor de la norma y que, cuatro años después no se ha aprobado, para, entre otras cosas, ordenar el procedimiento en embajadas y consulados, donde actualmente las peticiones de asilo son “inexistentes” por la falta de normativa.

La organización solicita asimismo que se regule la apatridia, se reconozca a los ciudadanos europeos el derecho a pedir asilo en España, se permita a los solicitantes de Melilla y Ceuta trasladarse a la Península, se elimine el visado que se exige para viajar a España en los casos de países en conflicto, como Siria; se mejore y amplíe el cupo del programa de reasentamiento, y se reconozca la trata con fines de explotación como motivo de persecución por razón de género.

 

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