El conflicto de Iraq y el Derecho Internacional: el caso Couso

Por Albert Galinsoga Jordà, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales Universidad de Lleida y catedrático “Jean Monnet” de Integración Europea

Con el asesinato de Osama Bin Laden el 1 de mayo de 2011 por fuerzas especiales estadounidenses parecía haberse cerrado un ciclo perverso de violencia, que afectó durante más de una década a las relaciones internacionales y que llegó a cuestionar los fundamentos del Derecho Internacional. Sin embargo, sólo se trató de la fase más descarnada del terrorismo internacional y su réplica: la “Guerra contra el Terror”, desatada a partir de los atentados del 11 de Septiembre de 2001. Muchos de los síntomas preocupantes de esta espiral son anteriores a 2001 y muchos de ellos están resultando muy difíciles de erradicar. El conflicto de Iraq es un exponente de todo ello.

El 20 de marzo de 2003 una coalición encabezada por Estados Unidos lanzó un ataque contra Iraq. Este hecho escenificó un enfrentamiento entre dos concepciones acerca del futuro de la Humanidad. Por una parte, el “modelo imperial”, en el que un centro de poder (la Administración Bush y sus aliados) aplicó sus propios criterios al margen del Derecho y de las instituciones de la Comunidad Internacional, esgrimiendo una serie pretextos  que no justifican en modo alguno el uso a la fuerza contra un pueblo entero. Por otra parte, el “modelo federal”, que encarnan las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. Éste modelo ([1]) contó con el apoyo explícito de la “sociedad civil”, cuyas movilizaciones constituyeron el fenómeno social más importante de los últimos años.

La decisión que provocó la confrontación fue la de usar la fuerza contra un Estado soberano. Se trata de la decisión más grave que existe. ¿Hay que recordar que la guerra es el peor de todos los males?  ¿Qué no es la solución de ningún problema, sino el virus de las más graves desgracias que pueden asolar a la Humanidad? Así lo proclama el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas (CNU): “Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles (…)”

Los Objetivos del Milenio -una agenda de mínimos que se planteó la Comunidad Internacional para combatir las intolerables lacras que persisten en el entorno humano, como la pobreza, la marginación y el desarraigo, la enfermedad y la violencia que afectan a los grupos humanos más vulnerables (los niños y las mujeres, los trabajadores migrantes y sus familias, los pueblos indígenas o los refugiados)- corren el riesgo de quedar sepultados por la avalancha de sucesos indeseables –desde amenazas nucleares a crisis financieras- generados en un clima de insolidaridad y confrontación, que afecta ya al propio proyecto de integración europea.

UTILIZACIÓN DE LA FUERZA           

La decisión de utilizar la fuerza, contra la voluntad de la inmensa mayoría de los Estados, de los órganos de las Naciones Unidas y de la “sociedad civil” -de las grandes ONG y de la opinión pública- fue un crimen. Un crimen atroz. Como establece la sentencia del Tribunal de Nüremberg del 30 de septiembre de 1946: “Desencadenar una guerra de agresión no es solamente un crimen internacional: es el crimen internacional supremo y solo difiere de los otros crímenes por el hecho de que los contiene a todos” ([2]).

Con el ataque y la ocupación de Iraq, se ignoró la letra y el espíritu del texto constitucional de la Comunidad Internacional. El acto de agresión –así se califica en Derecho Internacional a un ataque armado contra un Estado sin que corresponda ni al ejercicio de la legítima defensa (Iraq no había usado la fuerza armada contra ninguno de los coaligados) ni a una medida coactiva autorizada por el Consejo de Seguridad ([3])- se efectuó tras una importante derrota diplomática de la Administración Bush en la ONU. La propuesta de resolución autorizando el uso de la fuerza presentada por los Estados Unidos de Bush, el Reino Unido de Blair y la España del gobierno Aznar sólo obtuvo el soporte de Bulgaria (Rusia y Francia prometieron vetarla. China, Alemania y Siria se opusieron abiertamente, mientras que Angola, Chile, Pakistán, Camerún, México y Guinea mostraron su desacuerdo). No había lugar al pretexto de la legítima defensa; no se encontraron, ni antes, ni después, armas de destrucción masiva. No se probó, ni se intentó seriamente, encontrar un vínculo entre el régimen iraquí del dictador Sadam Hussein y la red terrorista Al Qaeda. Y el derrocamiento de un tirano no autoriza a librar una guerra contra un Estado y su población, agravando aún más su situación.

Años más tarde no se había establecido una democracia, pero 4,3 millones de personas habían perdido su hogar, entre refugiados y desplazados internos ([4]). Las cifras de víctimas mortales, aunque dispares, apuntaban a más de un millón de personas, según distintas fuentes humanitarias ([5]). El impacto del deterioro causado queda recogido en apreciaciones como la de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que en su Informe de 2008 decía:

“En marzo de 2008, al cumplirse cinco años de una agresión militar que vulneró la legalidad internacional, numerosas organizaciones internacionales de protección de los derechos humanos denunciaron que el conflicto ya había causado la muerte de un millón de personas y que las condiciones de vida de la población empeoraban sin cesar. Asimismo, Oxfam Internacional subrayó que la situación se había deteriorado hasta extremos críticos, ya que más de la mitad de la población vive con menos de un dólar al día, el 70% no tiene acceso suficiente al agua potable, el índice de paro asciende al 80% y el 33% de la población necesita ayuda humanitaria de emergencia. Especialmente crítica es la situación de los niños, puesto que el 75% no están escolarizados, el 92% tienen problemas de aprendizaje (por el clima de miedo en que viven) y el 28% están desnutridos” ([6])

Los hechos demuestran, una vez más, que el principio imperial genera una soberanía hipertrofiada basada en la supremacía, la desigualdad y la irresponsabilidad. El principio federal, que encarnan las instituciones del sistema de las Naciones Unidas, de la Unión Europea –o, a escala nacional, ciertos Estados federales, como los Estados Unidos, Canadá, Alemania o Suiza-, en cambio, se sitúa en una perspectiva de igualdad, pluralismo y complejidad, de cooperación y equilibrio, de flexibilidad y adaptabilidad antes que en un marco de jerarquía, coerción y rigidez. El principio federal aporta modelos de promoción de la libertad y la democracia, la separación de poderes, la protección de las minorías, el pluralismo, la participación y la autonomía, así como la responsabilidad directa de todos los órganos y agentes. En estos modelos el carácter soberano de los órganos federales queda matizado por una “invisibilidad” en el ejercicio de dichos poderes ([7]).

La agresión y ocupación de Iraq supuso la violación más grave de todas las obligaciones fundamentales que impone el Derecho Internacional. En primer lugar, las derivadas de los principios de la Carta de las Naciones Unidas:

•          la igualdad soberana de los Estados,
•           la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la CNU,
•           el principio de arreglo pacífico de las diferencias,
•           la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza,
•           la asistencia a las Naciones Unidas,
•           el principio de no intervención en los asuntos internos del Estado,
•           el deber de cooperación,
•           la libre determinación de los pueblos,
•           el respeto de los derechos humanos,
•           la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural,

Conculcó, además, toda clase de normas que concretan dichas obligaciones a los supuestos más específicos y muy especialmente los principios del Derecho Internacional Humanitario, calificados por la Corte Internacional de Justicia como “principios intransgredibles del Derecho Internacional consuetudinario” ([8]).

Desencadenar la Guerra de Iraq fue un crimen, pero también fue una estupidez de proporciones planetarias. Según la Tercera Ley Fundamental de la Estupidez Humana -de la teoría del profesor Carlo M. Cipolla-, una persona es estúpida si causa daño a otras personas o grupos de personas sin obtener ella misma ganancia personal alguna, o, incluso peor, provocándose daño a sí misma en el proceso ([9]).

Quienes desencadenaron la guerra quizá hayan obtenido algún beneficio personal, pero sus propios países han sufrido también las consecuencias:  4500 soldados norteamericanos muertos, una cifra estimada 15 veces mayor de heridos, traumatizados e incapacitados permanentes (con síndrome de estrés postraumático), los dos atentados terroristas más graves de la historia de Europa en sus propias capitales (Madrid y Londres), pérdida de popularidad y de elecciones, subida descontrolada del petróleo y su impacto en la economía mundial (y también en la propia) y pérdidas de más tres billones de dólares, según el Premio Nobel de Economía Joseph E. STIGLITZ y la catedrática de la Universidad de Harvard, Linda J. BILMES ([10]).

Si el desencadenamiento fue un crimen, luego se fueron añadiendo ilicitudes diversas, como el bombardeo indiscriminado de ciudades (causando miles de víctimas civiles), la práctica de la tortura en los prisioneros y detenidos (Abu Ghraib, Guantánamo…), el uso de armas prohibidas (el fósforo blanco en el asedio a Faluya, el uso de uranio empobrecido ([11]) o las bombas de racimo –cluster bombs-), las detenciones ilegales ([12]), las cárceles secretas (los “vuelos de la CIA”), los linchamientos, ejecuciones, violaciones, etc.

La generación de flujos masivos de refugiados y desplazados internos, la destrucción de infraestructuras económicas, sanitarias, educativas y del patrimonio cultural, el aumento de la inseguridad y de los odios sectarios son consecuencias de los hechos ilícitos que abarcan desde los preparativos de la agresión al largo período de ocupación y coexistencia con las nuevas autoridades iraquíes. Fueron cometidos por la acción u omisión de los agentes de los Estados miembros de la Coalición, así como por aquellas empresas y particulares que han actuado por su cuenta o ante su pasividad.

SÍMBOLO MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN   

En este contexto, el asesinato del periodista español José Couso adquiere un sentido especial: es un símbolo mundial de la libertad de información y del derecho a conocer la verdad. También es la causa de un largo y tortuoso proceso judicial, promovido en España, para desentrañar las circunstancias de su muerte y exigir las responsabilidades que correspondan. Un proceso abierto, con el procesamiento de tres militares estadounidenses y la imputación de dos más ascendiendo en la escala de mando, acusados de este crimen de guerra. Un proceso que muestra que las oscuras “razones de Estado” no deben prevalecer sobre la verdad. Esta auténtica “lucha por el Derecho” –como la denominó IHERING- es un combate que libra la sociedad entera para acabar con la impunidad y restablecer su propia conciencia jurídica.

Son múltiples tanto los ecos como las sinergias que la familia Couso ha despertado a escala nacional e internacional en su indeclinable esfuerzo contra el ejército más poderoso del mundo y los intereses de la superpotencia que lo dirige y ampara, hasta el punto de impedirle aceptar el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, a pesar del sufrimiento, 10 años no son nada, porque, en la expresión más que centenaria de Ihering, “prosa en la región de lo puramente objetivo, el Derecho se convierte en poesía en la esfera de lo personal (…) El dolor que experimenta el hombre por la lesión de su derecho, contiene la confesión instintiva, violentamente arrancada de lo que es el Derecho, primeramente lo que es para él, para el individuo, pero inmediatamente también lo que es para la sociedad humana” ([13]).

La determinación de una familia también ha puesto al descubierto algunas peculiaridades del funcionamiento de la justicia en nuestro país y de la sumisión de nuestras autoridades. Por ejemplo, se ha producido una inversión de las funciones tradicionales del Ministerio Fiscal –difícil de explicar en términos jurídicos-, que debería promover la investigación de los hechos enjuiciados, solicitando activamente la práctica de las pruebas pertinentes y formulando y concretando la acusación, incluida la petición de penas para los presuntos culpables. Por el contrario, la acusación pública ha permanecido pasiva en el desarrollo del proceso -negándose incluso a participar en la inspección ocular en Bagdad-, ha intentado socavar la competencia de la jurisdicción y ha solicitado reiteradamente el archivo de las diligencias, alegando la inexistencia de delito.

Sin embargo, dos sentencias del Tribunal Supremo -la primera, nº 1240/2008, de 14 de diciembre (Ponente: Excmo. Sr. D. Luís-Román Puerta Luís) y la segunda, nº 691/2010, de 6 de julio (Ponente Excmo. Sr. D. Francisco Monterde Ferrer)- han permitido proseguir la investigación judicial con todo fundamento. La primera confirmó la competencia de la jurisdicción española para enjuiciar los hechos. La segunda denegó el archivo de los autos y ordenó la práctica de las pruebas necesarias para la conclusión del sumario. Pero aún persisten toda clase de obstáculos a la acción de la justicia, derivados de la pasividad y/o la negligencia de órganos gubernamentales dependientes, sobre todo, del Ministerio de Justicia, ante el incumplimiento del gobierno de los Estados Unidos de sus obligaciones derivadas desde el Derecho Internacional Humanitario hasta el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, de 20 de noviembre de 1990.

JUSTICIA Y COMUNIDAD INTERNACIONAL

Quienes hemos dedicado la mayor parte de nuestras vidas al Derecho Internacional no podemos admitir que crímenes de tan hondo alcance quede impunes. La idea de justicia, que va forjándose en la conciencia de la Comunidad Internacional, exige que el Derecho, la diplomacia y la solidaridad sustituyan al uso de la fuerza, el imperialismo y a una criminalidad económica que va del soborno y la corrupción hasta los paraísos fiscales. Destruir un Estado y sumir a su población en la desgracia y el caos no pude resultar en ningún modo una acción gratuita.

El Derecho, como instrumento de ingeniería social, constituye un deber ser al que tiende cualquier sociedad, que, partiendo de una realidad alejada de los cánones que los principios y normas establecen, se propone alcanzar objetivos de armonía, libertad, dignidad y justicia, como los que se vislumbran en el trabajo de las instituciones de las Naciones Unidas y las aspiraciones de las ONG y otros grupos solidarios.

Los incumplimientos forman parte de la naturaleza ontológica del Derecho (deber ser) y lo distinguen de la física (el reino del ser), en el que las leyes se cumplen necesariamente o dejan de ser leyes. Pero, en Derecho, los incumplimientos –aunque previsibles- comportan una responsabilidad. La física no tiene normas secundarias ([14]); no las necesita. Un sistema jurídico no sólo no es tal si no las establece y sanciona, sino que depende fundamentalmente de su existencia y eficacia. Sin responsabilidad no hay sistema jurídico internacional que pueda merecer el nombre de ordenamiento, ni –lo que es más importante- cumplir su función social.

La agresión y ocupación de Iraq constituyó un hecho ilícito de la mayor gravedad. Por ello, es aplicable el Capítulo III sobre “Violaciones graves de obligaciones emanadas de normas imperativas de Derecho Internacional general” recogido en los Artículos sobre la Responsabilidad Internacional del Estado por Hechos Ilícitos, cuyo Artículo 40 establece: “1. El presente capítulo se aplicará a la responsabilidad internacional generada por una violación grave por el Estado de una obligación que emane de una norma imperativa de derecho internacional general. 2. La violación de tal obligación es grave si implica el incumplimiento flagrante o sistemático de la obligación por el Estado responsable”.

Como señalaba la Comisión Derecho Internacional de las Naciones Unidas en su Comentario al Artículo 40:   “(4) Among these prohibitions, it is generally agreed that the prohibition of aggression is to be regarded as peremptory (…)”.

El crimen de guerra cometido en la persona de José Couso es, como los cometidos contra tantas otras víctimas, sus seres queridos y la sociedad entera, imprescriptible. La impunidad de que gozan aún todos sus responsables, aunque insufrible, es efímera. La justicia española debe honrarse a sí misma, exigiendo que todos los poderes del Estado “respeten y hagan respetar” el Derecho Internacional Humanitario para evitar la vergüenza de que sea un Tribunal Internacional, como el de Estrasburgo, el que recuerde a nuestro Estado sus obligaciones.

La exigencia de responsabilidad jurídica es una consecuencia de la lucha contra la impunidad y por restaurar la dignidad de las víctimas. Para que los derechos humanos gocen de una protección eficaz han de entenderse como derechos subjetivos. La definición del derecho subjetivo como un “interés jurídicamente protegido” puede encontrarse en Ihering ([15]), quien afirmaba que “el derecho representa la garantía de las condiciones de vida de la sociedad, aseguradas por el poder coactivo del Estado; condiciones de vida que han de tomarse en sentido subjetivo”:

“Es el lenguaje que el sentimiento del derecho herido hablará siempre en todos los lugares y en todos los tiempos; la fuerza, la inflexibilidad de la convicción de que el derecho tiene que ser siempre derecho”.

Esta idea del Derecho subyace en la conmovedora –e idealizada- invocación de Víctor HUGO, que tiende a identificar el Derecho en sentido abstracto con la idea de justicia:   “La Revolución de Julio es el triunfo del derecho derrocando un hecho; una cosa llena de esplendor. El derecho derrocando el hecho; de aquí proviene el esplendor de la revolución de 1830, y de aquí también su mansedumbre; el derecho que triunfa no tiene necesidad de ser violento. El derecho es lo justo y lo verdadero. El carácter del derecho es permanecer eternamente bello y puro; el hecho, aun el más necesario en apariencia, aun el mejor aceptado por los contemporáneos, si no existe sino como hecho, si no contiene en sí más que un poco o nada de derecho, está destinado infaliblemente a ser, con el tiempo, deforme, inmundo y quizá monstruoso” ([16]).