El Consejo General de la Abogacía se adhiere a la Declaración del mundo jurídico ante los desahucios

El Consejo General de la Abogacía Española se ha adherido a  la ‘Declaración del Mundo Jurídico ante la realidad de los desahucios’ . Este documento apoya un cambio de la normativa sobre ejecuciones hipotecarias y exige que el texto de la futura Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social que llegó el sábado al Senado incluya medidas que no comporten situaciones de indefensión a los afectados por procedimientos de ejecución hipotecaria.

En el acto de presentación de la declaración, celebrado el 23 de abril en la sede del Consejo General de la Abogacia intervinieron José María Fernández Seijo, magistrado del Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona; José María Miquel, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid, vocal de la Comisión General de Codificación; Purificacion Saez, secretaria judicial; Miguel García, funcionario de la Administración de Justicia, y Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española.

El acto fue presentado por el abogado y colaborador de la PAH Marti Batllori.

MONSTRUO DE FRANKENSTEIN

Los más de 500 juristas que han dado su apoyo a la iniciativa legislativa popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han urgido al Partido Popular a rectificar la Ley Antidesahucios al entender que conduce al “caos” social, económico y jurídico y mantiene a España como un “paraíso” para los bancos. “Es el momento de legislar pensando en quienes se tiran por la ventana porque no pueden pagar la hipoteca”, han dicho.

Así se pronunciaron algunos de los firmantes de la ‘Declaración del mundo jurídico ante la realidad de los desahucios’, que ha sido suscrita por medio millar de jueces, abogados, secretarios judiciales, catedráticos universitarios o notarios. Piden la dación en pago retroactiva, la paralización de los lanzamientos y el alquiler social.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, reclamo “Justicia para los más débiles” y pidio respetar los derechos y la dignidad de los ciudadanos.

A juicio de José María Fernández Seijo, el proyecto de Ley Antidesahucios aprobado la pasada semana en el Congreso con el único voto del Partido Popular es “una especie de monstruo de Frankestein” que unifica en un mismo cuerpo legislativo tres textos “totalmente” diferentes, como es la iniciativa legislativa popular, el decreto sobre buenas prácticas bancarias y normativa comunitaria. “Será muy difícil de aplicar”, advirtio.

“El Parlamento tiene una oportunidad histórica de solucionar este problema”, ha expuesto el juez Seijo, para señalar que el 96% de los ciudadanos pagan con normalidad su hipoteca, por lo que una reforma legislativa no tendría previsiblemente un “efecto llamada”.

Seijo ha aplaudido el carácter “pionero” de medidas, como las barajadas en Andalucía o Cataluña para gravar inmuebles vacíos o expropiar temporalmente pisos a los bancos, aunque ha constatado que son “insuficientes” por ser acciones “aisladas”.

UN CAMBIO “JURÍDICAMENTE POSIBLE Y ECONÓMICAMENTE NECESARIO”

Martí Batllorí ha destacado que un cambio legislativo es “jurídicamente posible y econónicamente necesario para dejar que este país sea una isla, el único paraíso de la Unión Europea, para las entidades financieras”. Ha instado así al Parlamento a ser sensible ante un “drama social” que comporta “una deuda perpetua” y la exclusión de cientos de familias, agravando la crisis económica.

Para Purificación Sáez, secretaria judicial de Aranjuez, las Cortes Generales tienen el deber de legislar “mirando al pueblo” y “no sólo a los poderes económicos, los mercados y los bancos”. “Es el momento de legislar pensando en quienes se tiran por la ventana porque no tienen para pagar la hipoteca”, ha sentenciado.

El catedrático de Derecho Civil José María Miquel y el funcionario Miguel García también han alzado la voz para pedir al Grupo Popular, con mayoría en el Parlamento, que se solidarice con el “dolor y sufrimiento” de las familias españolas, acabe con los “abusivos” intereses de demora, acuerde el control de legalidad por parte de notarios y registradores y permita residir a los deudores durante cinco años como inquilinos en la vivienda que les ha sido ejecutada.

Consulte el texto de la Declaracion  http://juristasporlailp.wordpress.com/