El PSOE se compromete a presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas Judiciales

El Grupo Parlamentario Socialista se ha comprometido a presentar cuanto antes recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales, tras la reunión mantenida esta mañana con la Plataforma Justicia para Todos, encabezada por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Los representantes de la Plataforma, que integran entre otros, los sindicatos CSIF, CC.OO, UGT, USO, STAJ, y el Consejo de Consumidores y Usuarios, han trasladado a Rubalcaba que los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales en defensa de sus legítimos derechos, tal y como reconoce nuestra Constitución y la Carta de Derechos y Deberes del Ciudadano ante la Justicia, y no puede obstaculizarse o impedirse ese acceso por medio de un sistema de tasas que perjudica a una gran mayoría de los ciudadanos. “Muchos ciudadanos, dijo Carnicer, ya están renunciando a ejercer sus legítimos derechos porque no pueden pagar las tasas y esta Ley da la puntilla al sistema de garantías que los ciudadanos nos dimos con la Constitución”.

El presidente de la Abogacía denunció, además, que algunas de las arbitrariedades que fija la Ley de Tasas se están tratando de corregir con el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que tampoco ha sido consultada con la Abogacía, lo que tiene un efecto doblemente perverso, ya que no sólo no corrige el fondo del problema –el acceso a la tutela judicial efectiva- sino que puede estropear un modelo que viene funcionando eficientemente, aunque con necesidad de algunas mejoras.

La Abogacía considera que la aplicación de la Ley de Tasas pone en evidencia su inconstitucionalidad debido a los grandes riesgos tanto por la exagerada cuantía del tributo como por la ampliación de órdenes jurisdiccionales que se sujetan a las tasas, como el laboral, tradicionalmente excluido. Estas alegaciones se sustentan en la sentencia 20/2012 del Tribunal Constitucional, que cuestiona la legalidad de este tributo “si se mostrase que la cuantía de las tasas establecidas son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables”.

Los representantes de los usuarios y consumidores y de los sindicatos pusieron de manifiesto que la Ley tendrá efectos negativos sobre los arbitrajes –ya que la ejecución de éstos sí paga tasas-; que beneficia a las empresas frente a los ciudadanos; que ya han producidos renuncias a ejercer derechos; y que esta petición es fruto de la alianza social frente a la quiebra del principio de igualdad en el acceso a la justicia. “Con la excusa de la crisis -se dijo también- se está cambiando el modelo social y de derechos”. Los miembros de la Plataforma hicieron referencia también a otros proyectos del Ministerio como la eliminación de los jueces sustitutos o a la privatización de los registros civiles, que consideran un nuevo retroceso en el sistema de garantías.

El secretario general del PSOE, que manifestó su deseo de no politizar la Justicia, se comprometió a recurrir cuanto antes esta ley ante el Tribunal Constitucional porque “leyes como esta, que afectan y vulneran principios y derechos fundamentales de los ciudadanos, como la igualdad o la tutela judicial efectiva, pueden acabar convirtiéndose en una gran injusticia”.

La reunión, que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados, se produce a los pocos días de que la ‘Plataforma Justicia para Todos’ pidiera a la defensora del Pueblo una solicitud formal para que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas y solicite la paralización de su aplicación; y después de que, este lunes, se entregaran 250.000 firmas en este mismo sentido en el Ministerio de Justicia.

El plazo para presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional vence el próximo 20 de febrero.

DECLARACIONES DE RUBALCABA

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha trasladado a la ‘Plataforma Justicia para Todos’ su compromiso de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de tasas judiciales.

“El PSOE va a recurrir la ley de tasas porque entendemos que de la tutela judicial efectiva de la que habla la Constitución quitan el apellido y pasan a una tutela judicial en función del dinero que uno tenga”, ha argumentado Rubalcaba, para advertir de que “afecta”, por lo tanto, al derecho a la igualdad de los españoles recogido en la Carta Magna.

El líder de los socialistas ha adelantado que su grupo tiene preparados los argumentos jurídicos del recurso y que “cuanto antes” lo presentará ante el alto tribunal. “Así que será cuestión de muy poco tiempo”, ha añadido.

ANDALUCÍA ACUERDA RECURRIR AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LA LEY DE TASAS

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado el martes 23 de enero interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas Judiciales que entró en vigor el pasado mes de diciembre por considerar que vulnera los principios constitucionales de “igualdad y tutela judicial efectiva”.

Se trata del cuarto recurso promovido en lo que va de legislatura por el Ejecutivo andaluz ante el Tribunal Constitucional (TC) contra decisiones del Gobierno de la Nación que, en su opinión, invaden competencias de la comunidad autónoma. Asimismo, este es el primer recurso ante el Alto Tribunal que se interpone en España contra esa norma y su principal objetivo es la “defensa de los derechos de los ciudadanos”.

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que desconoce cuánto puede tardar el Tribunal Constitucional en resolver este recurso, si bien ha expresado que tiene la esperanza de que los magistrados sean lo suficientemente sensibles con los ciudadanos para resolverlo cuanto antes y ha confiado, por ello, en que se le dé “preferencia”.

Ha expuesto que los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 de la nueva norma estatal vulneran el principio de igualdad y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocidos en la Constitución Española, al ampliar y generalizar el pago por el acceso a la Administración de Justicia hasta el punto de producir un “efecto disuasorio” para gran parte de los ciudadanos y para las pequeñas y medianas empresas.

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