La Abogacía internacional analiza los efectos de la crisis en los Derechos Humanos

“Las cuantías desorbitadas que establece la reciente Ley de Tasas Judiciales es un obstáculo insalvable para el acceso a la Justicia de la mayoría de la población, vulnerando el derecho constitucional de acceso a la tutela judicial efectiva“. Con esta afirmación, Javier Diago, secretario general de la Federación de Colegios de Abogados de Europa (FBE), se dirigió a los asistentes a la mesa ‘Abogacía, crisis y Derechos Humanos’ que se celebró la mañana del jueves 13 de diciembre en el marco de la Conferencia Anual de la Abogacía 2012 y que estuvo organizada por la Fundación de la Abogacía Española.

El secretario general de la FBE anunció que su Presidencia presentará una queja formal ante el Gobierno español, en la persona de su presidente y la de su Ministro de Justicia, e igualmente ante el Presidente del Tribunal Constitucional y ante Su Majestad el Rey.

 La inclusión de estas dos últimas personas se explica “porque estuvieron con nosotros en la inauguración de los actos de celebración del 20 aniversario de la FBE el pasado mes de febrero en Barcelona. Evidentemente, nos hicieron un honor, pero eso no va a hacer que la Federación de Colegios de Abogados de Europa incumpla sus deberes para con los ciudadanos europeos“.

 Además, para el caso de que la ley no sea retirada se someterá a la Asamblea General de Frankfurt, que se celebrará entre el 30 de mayo y el 1 de junio de 2013, una resolución de condena al Gobierno español y se iniciará una campaña a nivel europeo contra esta ley.  Por supuesto, estas medidas se adoptarán, igualmente, contra cualquier Gobierno europeo que actúe de la misma forma, independientemente de su signo político.

LA ABOGACÍA INTERNACIONAL ANALIZA LOS EFECTOS DE LA CRISIS EN LOS DERECHOS HUMANOS

“Sin abogados, la sociedad libre y justa no es posible”, aseguró Mariano Durán, decano del Colegio de Abogados de Valencia y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo General de la Abogacía Española, durante la mesa ‘Abogacía, crisis y Derechos Humanos’ que se celebró en el marco de la Conferencia Anual de la Abogacía 2012.

El moderador de la mesa, Antonio Garrigues, presidente de Garrigues Abogados, destacó durante su intervención la importancia de valorar los Derechos Humanos y propuso a los asistentes “pensar en hacer una declaración de los deberes humanos”.

Juan Antonio Cremades, presidente honorífico de la Unión Internacional de Abogados (UIA), alertó sobre los peligros que acarrearía la “desaparición del secreto profesional y la colegiación obligatoria, que sería catastrófica para los ciudadanos”. En la defensa de los Derechos Humanos, Cremades aseguró que es necesaria una estructura sólida de la Abogacía y recordó que “cuando un régimen quiere vulnerar los Derechos Humanos, comienza por amordazar a los abogados”.

El vicepresidente segundo del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), Aldo Bulgarelli, destacó la labor de esta institución al monitorizar los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en Europa. Bulgarelli recordó el papel que desarrolla la Responsabilidad Social Empresarial y su repercusión en la sociedad, además de la obligación social de trabajar en defensa de los Derechos Humanos.

Dominique Attias, miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional de la Abogacía francesa (CNB), destacó la labor de los abogados como garantes del Estado de Derecho y, al mismo tiempo, su papel de “ser los primeros en luchar en la defensa de los Derechos Humanos en tiempos de crisis”. Por su parte, Catherine St. Geniest, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Paris, desgranó las numerosas actividades de la Abogacía parisina, desde el comienzo de la crisis, en favor de proteger los Derechos Humanos y de apoyo a los abogados en peligro.

La abogada y vicepresidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos en España, Almudena Bernabéu, defendió la “iniciativa de justicia transicional para luchar contra la impunidad y la persecución de crímenes internacional y violaciones de Derechos Humanos a través de iniciativas de justicia trasnacionales destinadas a establecer la responsabilidad penal y civil nacional e internacionalmente por tales violaciones”.