Los ponentes de la mesa “Crisis y Derechos Humanos en España” apuestan por la movilización social para defender el Estado de Derecho

El presidente del consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, y la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, inauguraron el pasado 13 de diciembre el encuentro  ‘Abogacía, Crisis y Derechos Humanos’, que se enmarca dentro de los actos de la Conferencia Anual de la Abogacía. En su intervención, Becerril abogó por el diálogo, el acuerdo y el consenso, especialmente en épocas de crisis, para “sostener entre todos lo que hemos logrado en España”.

Por su parte, Carlos Carnicer, recordó que la Abogacía ha celebrado varias jornadas y ha emitido informes este año sobre muchos temas que también preocupan al Defensor del Pueblo, como los deudores hipotecarios, los CIES, las personas con enfermedad mental en las cárceles españolas y las víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Al tiempo que reiteró a Becerril  que interponga recurso de inconstitucionalidad ante la nueva Ley de Tasas “porque muchos españoles se quedarán sin posibilidad de acceso a la Justicia”.

El Encuentro se organizó en torno a dos mesas, la primera de las cuales, titulada Crisis y Derechos Humanos en España” estuvo compuesta por representantes del tercer sector, especialmente golpeado por la crisis, y moderada por Jesús López-Medel, patrono de la Fundación de la Abogacía Española.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, aseguró que la historia de la crisis “es la historia de la indefensión de la gente” y diferenció entre servicios sociales y Derechos Humanos. “La educación, la sanidad, la vivienda digna, no son servicios sociales, sino Derechos Humanos que se están vulnerando, sin que los ciudadanos puedan defenderse ante los tribunales” Beltrán denunció que los gobiernos consideran los Derechos Humanos un artículo de lujo que puede suprimirse en épocas de crisis y propuso reformas legales para garantizar estos derechos especialmente en sanidad y vivienda. “Hay que estar también muy vigilantes en cuanto al derecho de manifestación y lograr que los policías vayan identificados”, concluyó.

Por su parte, Sebastián Mora, secretario general de Cáritas, denunció que “vivimos una vulnerabilidad estructural, no de colectivos o personas” y  también en lo relativo a los derechos vivimos tiempos de “inseguridad jurídica”. Mora aseguro que en España los umbrales de pobreza se han situado en extremos que no conocíamos desde los años de la Guerra Civil y señaló que Cáritas pasó de atender a 340.000 personas en 2007 a más de un millón en 2011.

“Se está desdibujando la dignidad humana”, aseguró Mora quien propone tres rutas para salir de esta crisis: la ruta de la ética, con un discurso anclado en los Derechos Humanos; la ruta política-institucional, con una estructura básica de derechos y deberes y leyes justas, y la movilización ciudadana. “Ese es nuestro reto: volar en justicia y dignidad”, concluyó.

Paloma Escudero, directora ejecutiva de UNICEF España, puso sobre la mesa la alarmante situación de los menores. “La infancia siempre es uno de los colectivos más afectados por la crisis, pero siempre se queda atrás en la recuperación”, dijo. Escudero pidió que se situara a las personas por delante de  los indicadores económicos, a la vez que puso de manifiesto que cada año se incorporan 3000.000 menores  a la estadística de menores que viven en hogares por debajo del umbral de la pobreza. “Cada vez son más niños y más pobres. La intensidad de la pobreza es mayor: el porcentaje de pobreza crónica infantil es superior al 53%”.

Finalmente, Ana Sastre, delegada de Derechos Humanos del CERMI, denunció que la crisis está afectando especialmente a los discapacitados porque dependen mucho de la ayuda institucional. Así, denunció que la red de atención a estas personas está en peligro ya que se les adeudan 300 millones de euros. Asímismo, aseguró que se están desmontando los apoyos a la autonomía personal de los discapacitados lo que pone en peligro los apoyos a más de 100.000 personas, como demuestra el hecho de que 38.000 personas que trabajaban en el ámbito de la dependencia se han quedado sin empleo, según los últimos datos de paro.

“¿Volvemos a las políticas basadas en la caridad y no en el reconocimiento de la dignidad de la persona”, concluyó Sastre.

Todos los ponentes estuvieron de acuerdo en señalar que en este momento la movilización social es más necesaria que nunca.