Hernández-Gil: “La actividad pro bono no puede sustituir la obligación de los poderes públicos en Justicia Gratuita”

En el trascurso de la inauguración del VI Foro Europeo Pro Bono, presidido por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el Decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil ha mostrado su preocupación por la situación que atraviesa el sistema de justicia gratuita y ha solicitado de los poderes públicos toda la atención que merece un servicio que es básico para la defensa de los derechos fundamentales y para atender las necesidades de los más desfavorecidos en materia jurídica.

Antonio Hernández-Gil ha manifestado que la necesaria actividad pro bono no puede sustituir la obligación de los poderes públicos respecto a la justicia gratuita. Ha destacado asimismo la función de los colegios de abogados en beneficio de la sociedad y el papel de los letrados que desempeñan su labor en el Turno de Oficio y en los Servicios de Orientación Jurídica Gratuita.

En este sentido, la misión del Colegio de Abogados de Madrid como servicio complementario al que deben desempeñar los poderes públicos ha sido reforzada con la creación en 2008 del Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía, dedicado a impulsar la acción social de los abogados con el objetivo de ofrecer oportunidades de servicio pro bono a las organizaciones no gubernamentales que así lo requieran.

La inauguración del Foro Europeo Pro Bono ha contado asimismo con la intervención de Edwin Rekosh, representante de la actividad pro bono en Estados Unidos, y de Noeline Blackwell, representante de las organizaciones de voluntariado jurídico en Irlanda.

El VI Foro Pro Bono que organiza The Global Network for Public Interest Law (Pilnet) con la colaboración del Colegio de Abogados de Madrid, acoge en Madrid a 350 expertos de más de 25 países que representan a todas las regiones del mundo y que debaten sobre cómo hacer realidad el acceso a la justicia de los ciudadanos más desfavorecidos, bien a través de mecanismos de justicia gratuita financiados por los poderes públicos, o bien por medio de la actividad pro bono de abogados y despachos.