Primer Congreso de la Abogacía colombiana: Un sueño en marcha

Miguel Ángel Aragüés

Abogado

El 9 y 10 de agosto de 2012 marcaron una fecha histórica para la abogacía colombiana. Esos dos días de un agosto lluvioso y frío en Bogotá, el Auditorio Fundadores de la Universidad Autónoma de Colombia fue escenario y testigo privilegiado del encuentro de cuatrocientos abogados procedentes de todos los rincones de la República, decididos a celebrar el Primer Congreso Nacional de la Abogacía Colombiana.

No existen los Colegios de Abogados en Colombia. Para ser más exactos no existen como se conciben en España. Hay allí un centenar o más de Colegios, Círculos y Clubs de Abogados, de carácter privado y voluntario, sin ninguna o muy escasa incidencia en la actividad profesional y en la vida jurídica del país, enormemente rica, pero que se mueve por otros caminos y sin tener en cuenta las más de las veces a los abogados y su realidad profesional y personal.

El que un abogado sea asesinado cada nueve días, el que lleven más de 700 abogados muertos en media docena de años, el que el abogado se encuentre en el escalón más bajo de la estimación social, no parece que preocupe a los políticos, ni a los medios de comunicación, ni a la sociedad en general. Ignorando temerariamente que solo la existencia de una abogacía libre e independiente, es decir fuerte y segura, garantiza el ejercicio de los derechos que convierten a un Estado en Estado de Derecho y que no puede haber abogacía libre e independiente si los abogados se tienen que jugar la vida todos los días al ejercer su profesión.

Hace años que los abogados colombianos claman por ser escuchados, porque se reconozca la labor callada y valiente que diariamente llevan a cabo la inmensa mayoría de ellos, sin perjuicio de la existencia de excepciones, de abogados que no merecen el nombre de tales, que por supuesto los hay. Pero ¿Qué profesión tirará la primera piedra para decir que esas ovejas negras no se dan también en ellas? Absolutamente ninguna. Ni en Colombia, ni en ningún otro país.

Hace años que, no sin discrepancias, muchos de ellos luchan por conseguir la creación de un Colegio de Abogados obligatorio que les de protección, amparo y formación. El Proyecto de Ley de Reforma a la Justicia de 2011 pareció abrir por fin ese camino, aunque como en otras ocasiones, los buenos deseos y las ilusiones se hayan quedado por el camino.

Pero no todas. La presentación del Proyecto de ley y la referencia en el mismo a la creación de un Colegio de Abogados, hicieron surgir esperanzas que no desparecieron con el Proyecto. Muy temprano, ya en septiembre de 2011, en Cali surgió la idea de organizar un Congreso Nacional de Abogados donde analizar en profundidad la situación de la profesión. Los Colegios de Abogados Litigantes, de Abogados Afrodescendientes, de Mercantilistas, de Penalistas y de Laboralistas de Cali y el Valle del Cauca unieron sus fuerzas con ese objetivo. Los caucanos, encabezados por un luchador incansable como el Doctor Alejandro Arenas, contagiaron de su entusiasmo a los abogados del resto del país y el 9 de febrero de 2012 nacía en Bogotá el Comité Ejecutivo de la Abogacía Colombiana, que agrupaba en su nacimiento a 20 Colegios de todo el país y que hoy ya supera el medio centenar.

El Comité Ejecutivo de la Abogacía Colombiana, presidido por el Doctor Jairo Enrique Céspedes Espitia, asumió la idea del Congreso, que se convirtió en una realidad el pasado mes de agosto y que finalizó con una valiente declaración de principios

“La Asamblea General conformada por los trescientos noventa y dos (392) abogadas y abogados inscritos, en representación de las treinta y tres (33) organizaciones de abogados que integran el COMITÉ EJECUTIVO DE LA ABOGACIA COLOMBIANA, convocantes del PRIMER CONGRESO NACIONAL DE LA ABOGACÍA COLOMBIANA, conscientes de la trascendencia del más importante evento para los abogados litigantes de nuestro país en toda su historia, por decisión unánime sometemos a la sociedad colombiana en primer término y a las autoridades civiles de la nación, nuestro compromiso y concurso en torno a la presente

“DECLARACIÓN de PRINCIPIOS”

1. Patentizar en la colectividad litigante Colombiana, que se es abogado por el ejercicio de la abogacía y no por la obtención del título académico.

2. La libertad, la independencia y el respeto en el ejercicio de la profesión de abogado, son fundamento esencial para la existencia del Estado Social Democrático de Derecho.

3. El abogado es indispensable para la recta administración de justicia por cuanto ejerce un servicio público.

4. El ejercicio de la profesión de abogado constituye una función social con el derecho de defensa.

En consecuencia, y de acuerdo con los anteriores Principios, aprobamos las siguientes

CONCLUSIONES:

1. Apoyar en un todo la creación de la Colegiación Nacional obligatoria.

2. Efectuar seguimiento y participación, por parte del COMITÈ DE LA ABOGACÌA COLOMBIANA, al proyecto de ley del Estatuto de la Abogacía, que deberá incluir la capacitación permanente para los abogados por parte del Estado, la creación de la seguridad social y el establecimiento de unas tarifas profesionales decorosas.

3. Exigir de los poderes públicos que el disciplinamiento del ejercicio de la abogacía sea efectuado por los colegios de abogados y contar asi con efectiva representación, defensa, selección y disciplina de manera que dispongamos de garantías para el ejercicio de la abogacía, tanto personales como procesales, para los abogados y las partes.

4. Reclamar la concertación y socialización con los gremios de abogados, de todos los proyectos de ley relacionados con la profesión de abogados y la administración de justicia.

5. Reivindicar el nacimiento de un verdadero órgano que representa íntegramente todos los derechos de los abogados en Colombia, ante la sociedad y los poderes públicos, y que se le reconozca como el legítimo interlocutor en todo sentido.”

Tuve el honor de ser invitado al Congreso en reconocimiento a la labor realizada desde la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española y su Área de Internacional, por encargo de los cuales habíamos colaborado en hacer posible ese sueño de un primer Congreso de la Abogacía en el que se debatiera la necesidad de un Colegio de Abogados Nacional. Participamos en una labor previa absolutamente necesaria, elaborando para el Ministerio de justicia un Informe sobre la situación de la abogacía en Colombia y la viabilidad de la colegiación obligatoria y colaborando con el mismo en una Comisión de expertos internacionales que respondió a un cuestionario encaminado a elaborar un Código de deontología profesional.

Disfruté del privilegio de intervenir dos veces ante el auditorio. Una el jueves día 9 para exponerles cual es la situación, organización y funcionamiento de los Colegios de Abogados y de la Abogacía en España, en la que también intervinieron abogados de Brasil, Estados Unidos, Japón, Pakistán y Venezuela. Otra el viernes día 10 para exponerles un resumen de mi Informe sobre la viabilidad de la colegiación obligatoria en Colombia.

Dejé Colombia con el gratísimo recuerdo del maravilloso trato recibido y la imagen ilusionante de la emoción de los compañeros colombianos por haber conseguido dar el primer paso hacia ese sueño al que aspiran. La valentía y decisión de aquellos hombres y mujeres, de Eduardo Cantillo y Claudia Flores de Cartagena, Rafael Villamizar de Cúcuta, Germán León, Nubia Garzón, José María Obando, Orlando Vásquez, Jairo Enrique Herrera, todos ellos de Bogotá, y tantos otros que no llego a mencionar y les pido excusas por ello, es garantía de que lo conseguirán.

Ellos saben que el camino ni será fácil ni corto. Que dentro de la propia profesión hay todavía muchas desconfianzas que vencer, lógicas tras tantos años de violencia que han generado un evidente recelo de los abogados más comprometidos con la defensa de los desplazados y las víctimas del conflicto con cualquier organización que tenga una apariencia de oficial, que temen pueda convertirse en una forma de control. Que las Universidades también plantearán problemas, acostumbradas como están a ser ellas las que dan el título de abogados y a controlar los Colegios más poderosos, los de licenciados, egresados dicen allí, de cada Universidad. Y que en el mismo Gobierno habrá que superar reticencias y medios, lógicas en todo poder al ver formarse otro núcleo de poder que pueda limitar el suyo.

Pero han decidido lanzarse al camino y no solo por su coraje, sino porque lo que ansían conseguir es algo elemental a la profesión de abogado. Ni más ni menos que lo que nosotros mismos aspirábamos tener hace poco más de treinta años y que ahora, a veces, nos cuesta valorar. Por ello merecen contar con nuestra solidaridad y apoyo.

 

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