Abogados andaluces exigen volver a asistir a presos

Europa Press

Los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria andaluces (Soajp) han mostrado su descontento ante la suspensión continuada del servicio que venían ofreciendo desde 2001 y señalan que la Junta de Andalucía no tiene “interés alguno” en restablecer el servicio. Por su parte, desde la Consejería de Justicia han señalado al Gobierno como responsable de dicha paralización.

Fuentes de la Junta han lamentado a Europa Press, además, las quejas presentadas por los abogados, pues es su voluntad “renovar el convenio con Interior y hacerlo indefinido por sus positivos resultados”.

Según han recordado desde Soajp, el motivo de dicha paralización es que aún no se ha firmado la Addenda del convenio tripartito acordado en 2010 entre la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, el Ministerio del Interior y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) según el cual los servicios serían indefinidos.

Dos años después, según se quejan los citados servicios jurídicos, dicha firma, con la consecuente prórroga indefinida –que se debía a la satisfactoria valoración del servicio–, aún no se ha realizado, razón por la cual la asistencia jurídica gratuita en las cárceles andaluzas se encuentra paralizada desde el pasado mes de abril por indicaciones de la Consejería de Justicia.

En enero de 2012, el Ministerio del Interior comunicó a la Junta que para que se firmase era necesario un informe favorable por parte del Ministerio de Hacienda, lo cual aún no se ha realizado, han añadido en un comunicado.

Ante el retraso continuado de la restauración del servicio y la falta de “opciones alternativas”, la Soajp ha señalado que no ve “la más mínima voluntad por parte de la Consejería de restablecer este servicio”.

Compromiso de la Junta

Por su parte, fuentes de la Consejería del ramo han mostrado a Europa Press su “compromiso” con el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria y sostiene que “su suspensión es responsabilidad del Estado”.

La prestación de este servicio “es imposible en la actualidad –señalan desde la Consejería– por la no renovación por parte del Gobierno del Estado del convenio que manteníamos con el Ministerio del Interior para permitir este apoyo jurídico a la población reclusa”. Desde la Consejería se lamenta “que se cuestione el compromiso por parte de este departamento de mantener este servicio, cuya suspensión no es imputable en absoluto a la Junta”.

La Consejería, según ha indicado a través de una nota, “ha venido impulsando y financiando íntegramente desde hace años este servicio, muy bien valorado por los internos y los profesionales de Instituciones Penitenciarias, por entender que, además de orientar de primera mano a los internos, como puede ser derivarlos a los servicios adecuados de Justicia Gratuita, es un importante instrumento de mejora de la convivencia y pacificación de la población reclusa”.

Por estos positivos resultados, “la Junta mantiene su voluntad” por reanudar este servicio “como así se lo ha manifestado en reiteradas ocasiones y también trasladado a los abogados sevillanos y al Ministerio del Interior, que precisamente mantiene una positiva valoración de este servicio como así lo ha manifestado Instituciones Penitenciarias en las últimas reuniones mantenidas en el seguimiento del convenio”.

 Carta de Carnicer

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, instó al Gobierno el pasado mes de abril a que restableciera este servicio, ya que su desaparición implica una restricción de los derechos de los internos.

Carnicer envió sendas cartas a los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Galardón, e Interior, Jorge Fernández Díaz, para mostrar la sorpresa y preocupación que causó en la Abogacía Española la suspensión del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria en Andalucía. En las misivas, Carnicer hacía constar que este servicio es de vital importancia tanto para el normal funcionamiento de la vida dentro de los centros penitenciarios como para el ejercicio de los derechos de las personas que se encuentran en ellos.

La Abogacía Española considera que esta situación pone sobre la mesa la importancia de que se establezca y se regule el derecho a este fundamental servicio dentro del marco normativo de la Asistencia Jurídica Gratuita.