Alejandro Solalinde: “En México no hay voluntad política para aplicar la ley en favor de la justicia”

Alejandro Solalinde es un hombre menudo y afable que defiende con firmeza sus convicciones. Este sacerdote mexicano, nacido hace 67 años, lleva lustros denunciando la vulneración de los derechos humanos en México, especialmente los de cientos de jóvenes centroamericanos que quieren llegar a Estados Unidos para tener una vida mejor. A pesar de haber recibido seis amenazas de muerte en dos meses, Solalinde, que se ha visto forzado a dejar un tiempo su país, piensa volver porque no tiene miedo y quiere seguir luchando por los marginados en un país en “el que no hay voluntad política para aplicar la ley en favor de la justicia”.

La Fundación del CGAE se ha puesto en contacto con la Procuradora General de la República de México, Marisela Morales, y al Procurador General de Justicia del estado de Oaxaca, Manuel de Jesús López, para expresar su preocupación por la situación de Solalinde.

El sacerdote mexicano fue recibido el pasado 25 de mayo por miembros de la Fundación del CGAE en el marco de la visita que está realizando actualmente por varios países europeos.

El padre Solalinde fundó en 2007 el albergue de ayuda a inmigrantes Hermanos en el Camino, en la ciudad de Ixtepec, (Oaxaca) cerca de la frontera con Guatemala, donde se produce un gran tráfico clandestino de inmigrantes, fundamentalmente centroamericanos. El albergue se creó para ofrecer asistencia humanitaria a las personas migrantes que necesitan un lugar en el que descansar del largo viaje. Por esta muestra de solidaridad y atención humanitaria, el padre Solalinde ha sufrido hostigamiento constante, ataques y amenazas de muerte por parte de autoridades locales y grupos organizados.

A pesar de ello, Solalinde ha continuado con su labor, aunque en abril pasado al conocer que había contra él una orden de asesinato y un sicario pagado para matarlo, decidió salir del país durante un tiempo, aconsejado por la Procuraduría General de la República, Amnistía Internacional o el Episcopado mexicano. El sacerdote insistió en su visita al CGAE en que piensa volver, porque no tiene miedo y su sitio está allí.

Durante su visita, el padre Solalinde detalló las vulneraciones de las que son objeto las personas transmigrantes en su paso por el territorio mexicano. Aseguró que actualmente México sufre una crisis profunda y denunció que hay “una doble moral respecto a la ley: por una parte parece que vivimos en un estado de derecho, pero no es cierto. La aplicación de la ley se ha vuelto facciosa”, aseguró, “se ha esgrimido como un arma en favor de los que tienen y pueden. Es un estado de derecho y una ley que se han aplicado a modo de políticos y compadritos de políticos y se ha caído en la corrupción. Quien puede pagar la justicia la compra y quedar impune. Ahora estamos viendo los primeros gobernadores que están sometidos a proceso, pero no es fruto de una moral, sino de venganzas políticas y de coyunturas electorales”, explicó.

“Realmente no hay una voluntad política para aplicar la ley en favor de la justicia. Somos un país que no tiene la cultura del respeto a la ley. En ese contexto, los más vulnerables son los indígenas o los migrantes y especialmente las mujeres”, afirmó.

Los migrantes, procedentes en su mayoría de Guatemala, Honduras, Salvador y Nicaragua son en su mayoría jóvenes que sufren todo tipo de agresiones y violaciones de los derechos humanos. Solalinde asegura que muchos son entregados a los carteles de la droga por personal uniformado. También los defensores de los derechos humanos, entre los que él se encuentra, han sufrido agresiones, cárcel, allanamientos de los albergues, intentos de incendio y “criminalización de la ayuda humanitaria” por parte de delegados estatales de migración, que tienen la máxima autoridad en un estado.

Todos estos delitos han quedado impunes porque ni siquiera se han investigado, a pesar de que se han aportado numerosas pruebas. Sin embargo, los defensores de Derechos Humanos van a seguir denunciando “porque es el único caminos que queda”, según Solalinde.

En la carta que el presidente de la Fundación, Carlos Carnicer, ha dirigido a las autoridades judiciales mexicanas asegura que la decidida labor de acompañamiento y cobijo a los migrantes por parte del sacerdote podrían estar directamente relacionadas con las amenazas que recibe. “La investigación de oficio, imparcial y exhaustiva de hechos de esta naturaleza, que permita identificar a los autores materiales e intelectuales, juzgarlos y en su caso condenarlos, es una obligación legal y moral y un paso esencial en la lucha contra la inaceptable impunidad que parece existir cuando se trata de perseguir penalmente los delitos cometidos contra defensores de derechos humanos”, asegura Carnicer.

Durante los últimos tres años, la Fundación mantiene importantes líneas de colaboración con México en el seguimiento de sentencias relativas a casos resueltos por la Corte Interamericana, en prestar apoyo moral y material a defensores amenazados y en la adhesión a iniciativas que coadyuven al fortalecimiento de los marcos de protección de derechos humanos a nivel federal o estatal.

“El caso de Alejandro Solalinde, que cuenta con medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2010, nos parece paradigmático de la situación que viven los defensores de derechos humanos. Tememos que el nivel de protección ofrecido no ha sido suficiente para evitar su salida temporal del país el pasado 16 de mayo. Conscientes de las dificultades que a buen seguro enfrenta en el desarrollo de su labor al frente de la Procuraduría General de Justicia, le queremos transmitir todo nuestro apoyo en este ámbito especialmente sensible y de suma importancia para la consolidación de la protección de los derechos humanos que es la protección de los defensores de derechos humanos”, concluye la carta de Carlos Carnicer.

La Fundación CGAE con los Derechos Humanos

La razón de ser de la Fundación del CGAE es promover y defender los derechos humanos. Con esta premisa, la Fundación ha llevado a cabo numerosas acciones en México, en concreto en el estado de Guerrero, donde ha apoyado a defensores de derechos humanos que, como Maximino García, son criminalizados o sufren agresiones de todo tipo.

Todo este trabajo le fue explicado al padre Solalinde y también se difundió en una conferencia celebrada en el Colegio de Abogados de Pamplona en la que participaron los abogados José María Prat, también patrono de la Fundación, y Macarena Eseverri, quienes visitaron México hace unos meses para apoyar a Maximino García y a Inés Fernández, una mujer indígena violada por funcionarios del ejército mexicano.

Recientemente, el decano del Colegio de Melilla, Blas Jesús Imbroda, y el coordinador de Proyectos de la Fundación del CGAE, Francisco Segovia, participaron en el Programa HELP del Consejo de Europa, que reunió por primera vez a Colegios de Abogados.

Esta Conferencia ha sido un fórum único para la discusión de la importancia de la formación continua en derechos humanos de jueces, abogados y fiscales y el importante papel de las Instituciones de Formación que existen en los países, así como de los Colegios de Abogados en esta cuestión.