La Asamblea de decanos de Derecho analiza la Ley de Acceso a la Abogací­a

11/02/2011 Mariola Urrea, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja,  defendió durante la XVIII Asamblea de la Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho de España, que solo se pueda ejercer la profesión de abogado y procurador con una titulación o grado en Derecho en lugar de lo que dicta la Ley de Acceso a la Abogacía, que entra en vigor en octubre y permitirá acceder a las profesiones de abogado y procurador a titulados procedentes de otros estudios.

Alrededor de 80 decanos se reunieron en esta Conferencia en la que debatieron sobre la Ley de acceso a la abogacía que afecta a la organización de los estudios universitarios, ya que a los cuatro cursos de grado en Derecho, más uno de postrado que establece el Plan Bolonia, añade otro año más.

A lo largo de la jornada se sucedieron las ponencias y mesas redondas en las que se abordaron cuestiones como las propuestas para el nuevo modelo de acceso a la carrera judicial; la entrada en vigor de la Ley de Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador, y las iniciativas adoptadas por distintos colectivos universitarios; la implantación del Grado en Derecho; o los modelos de Máster para el acceso a la profesión de abogado y procurador de los tribunales. La jornada concluirá con la clausura de la asamblea, justo después de la ponencia ‘DIALNET: una herramienta para dar visibilidad a la producción científica’, a cargo de Ferrán Mateo Rueda, director-gerente de la Fundación DIALNET.

El acto fue por José Mª Martínez de Pisón Cavero, rector de la Universidad de La Rioja; Conrado Escobar Las Heras, consejero de Administraciones Públicas y Política Local; M.ª Victoria De Pablo Dávila, decana del Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja; y Mariola Urrea Corres, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja.

LEY DE ACCESO A LA ABOGACÍA

El 31 de octubre de 2011 está previsto que entre en vigor la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, tras cinco años desde su promulgación y sin el desarrollo reglamentario preceptivo; hechos ante los que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y la Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho de España han manifestado su inquietud.