Las negociaciones con la Consejería de Justicia valenciana por el turno de oficio se encuentran estancadas y en peligro de ruptura

(28/10/2011).- El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) – que agrupa a los ocho Ilustres Colegios de Abogados de la Comunidad Valenciana: Alcoy, Alicante, Alzira, Castellón, Elche, Orihuela, Sueca y Valencia) – reunido el viernes en asamblea extraordinaria, ha hecho público que las reuniones con la Conselleria de Justicia y Bienestar Social se encuentran "estancadas" y en "peligro de ruptura" por la falta de acuerdo en torno a la prestación del servicio público del turno de oficio.

Según el CVCA, en todas las reuniones que se han venido realizando durante las últimas semanas no se ha producido un solo avance para garantizar el adecuado cumplimiento de un servicio público fundamental y consagrado en la Constitución. Ni en las cuestiones relativas al cobro por parte de los abogados del turno de oficio de la deuda que mantiene con ellos la Generalitat ni en el presupuesto previsto.

SIN COBRAR Y SIN PERSPECTIVAS

El CVCA ha dado a conocer que la Generalitat debe actualmente 10,06 millones de euros correspondientes al cobro de un 60% del trabajo desarrollado por los abogados del turno de oficio entre el 1 de enero y el 31 de marzo y a la totalidad de lo trabajado el 1 de abril en adelante. Frente a las declaraciones públicas del Conseller de Justicia el pasado 4 de octubre en las que señalaba que en una semana o quince días se les pagaría parte de la deuda pendiente, más de tres semanas después no sólo no se ha cobrado nada sino que no hay ninguna perspectiva de hacerlo.

Por otro lado, la Conselleria de Justicia ha presupuestado durante los últimos ejercicios y tiene previsto seguir haciéndolo en 2012 una cantidad muy inferior (en torno a un 30%) a los gastos que genera el servicio. En estas condiciones, los abogados consideran que esta partida es "manifiestamente insuficiente" y pone en riesgo un derecho básico para todos los ciudadanos y, en especial, para los más desfavorecidos.

Finalmente, el CVCA quiere señalar que alternativas que se han planteado como la privatización del servicio son inadmisibles ya que el derecho básico de defensa no puede guiarse por criterios de rentabilidad, tal y como han reflejado en recientes declaraciones el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, o el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.