18 abril 2011

Extremadura amplía la obtención de tarjeta sanitaria a los abogados y otros profesionales colegiados

19/04/2011 La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad y Dependencia, ha ampliado la obtención de tarjeta sanitaria pública a los abogados y otros profesionales colegiados, según se publica en el DOE de este lunes. Luis Márquez Pérez, decano del Colegio de Abogados de Badajoz, agradeció  a la Junta y su presidente "el interés que han tomado".

En este documento, se señala que, "con independencia del reconocimiento expreso en el ordenamiento jurídico autonómico del derecho a la obtención de la tarjeta sanitaria de todos los residentes en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, se considera conveniente introducir un nuevo apartado donde se contemple expresamente al colectivo constituido por los profesionales colegiados integrados en Mutualidades constituidas con anterioridad al 10 de noviembre de 1995 al amparo de lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento de Entidades de Previsión Social, a las que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, a los efectos de precisar la documentación que han de presentar para solicitar la Tarjeta Sanitaria en la Comunidad Autónoma de Extremadura".

Así, 1.400 abogados colegiados en Extremadura, 260 procuradores, además de otros profesionales de colegiación y mutualidad obligatorias, pueden obtener a partir de ahora la tarjeta sanitaria.
Luis Márquez Pérez, decano del Colegio de Abogados de Badajoz, y Juan Carlos Almeida, del de Procuradores, manifestaron, en una rueda de prensa en la sede de los letrados, su reconocimiento a "la Junta y su presidente por el interés que han tomado" en resolver este asunto, surgido tras el reconocimiento hecho en Cataluña, en septiembre del año 2010
Puede consultar el documento oficial completo en el siguiente enlace:

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/750O/11050097.pdf

Una vieja reivindicación

La cobertura sanitaria pública para los abogados ha sido desde hace mucho tiempo un objetivo prioritario para los abogados extremeños. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aseguró ante los asistentes al II Congreso de la Abogacía Extremeña, celebrado en Cáceres en septiembre del pasado año, que seguiría trabajando por el reconocimiento del acceso a la asistencia sanitaria, "una tarea que estamos tratando de que se resuelva en toda España". Vara dijo que es "absurdo" que en unas comunidades autónomas los abogados tengan acceso a la asistencia sanitaria y en otras no, "por lo que en caso no avance el acuerdo a nivel nacional, no les quepa ninguna duda que lo lograremos en Extremadura", afirmó.

Extremadura se suma así a las comunidades de Galicia y Cataluña, donde ya se aprobaron medidas para que los abogados pudieran tener acceso a la sanidad pública. Así, en Galicia, se ha entregado la tarjeta sanitaria al colectivo de abogados adscritos al turno de oficio y se ha publicado la Ley de Sanidad gallega, que establece el derecho a la asistencia universal y gratuita para todos los residentes en esa Comunidad. Por su parte, en Cataluña se firmó un convenio entre el Servicio Catalán de Salud y el Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña (CICAC), en junio de 2009, para dar esta prestación a los profesionales que no habían cotizado en la Seguridad Social, y que va a permitir que muchos abogados accedan a la sanidad pública antes de que se modifique la Ley del Sistema Nacional de Salud.

En Andalucía, los abogados de varios Colegios se manifestaron a finales de marzo para pedir asistencia sanitaria para su colectivo. Casi de forma paralela, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA), advirtió que adoptará "cuantas medidas sean necesarias" si el Gobierno no cumple con su compromiso de dotar a todos los letrados de asistencia médico-quirúrgica-farmacéutica gratuita. En este sentido, aseveró que esta reivindicación "ha sido injusta y sistemáticamente ignorada por los poderes públicos hasta que, fruto de nuestras reiteradísimas peticiones, adoptaron el compromiso, formalmente exteriorizado por el propio vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, de aprobar el 21 de abril un texto normativo que, al fin, dé cobertura sanitaria a todos los ciudadanos que carecen de la misma".

El CADECA señaló que "se trata de una reivindicación histórica, unánime y permanente de la abogacía andaluza, que considera que esta prestación social tiene por Ley carácter universal, para todos los ciudadanos, sin exclusión ni discriminación de clase alguna, toda vez que se financia mediante los impuestos directos de todos los españoles".

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