Balda defiende la necesidad de medios para garantizar la protección a víctimas de violencia de género

La consejera del Consejo General de la Abogacía Española, María José Balda ha expuesto en mesa redonda durante la última jornada sobre "Iberoamérica frente al feminicidio: el fin de la impunidad", su visión y preocupación del procedimiento penal que se ejecuta en las denuncias de violencia de género y las previsiones legales que la Ley Integral establece en defensa de las víctimas.

Dentro del programa de las jornadas "Iberoamérica frente al feminicidio: el fin de la impunidad" organizadas por la Universidad Carlos III, la consejera del CGAE ha defendido durante la última mesa redonda de temática sobre "la acción frente a la violencia contra la mujer en España: situación y perspectiva", la importancia de analizar y ser críticos para ver "hasta que punto se han arbitrado los medios económicos para que la Ley funcione".

Balda ha planteado las previsiones legales que establece la Ley Integral contra la Violencia de Género  para garantizar el derecho de defensa de las mujeres y recuerda el artículo 20: "asistencia jurídica inmediata, gratuita y especializada en el momento que lo soliciten y con unidad de defensa para todos los procesos.

También ha recordado que la Ley encomienda a las Comunidades Autónomas que se pongan en marcha para cumplir las garantías pero ha insistido en que es la Administración la que antes debe cumplir con las medidas materiales que permitan desarrollar plenamente este tipo de asistencia.

Para la letrada del CGAE la importancia radica en la "falta de asesoramiento jurídico previo a las víctimas" que en muchas ocasiones "no saben que cuando solicitan la ley de protección están a su vez efectuando una denuncia".  Además incide en que es necesario explicar a la víctima cómo se inicia el procedimiento y su  desarrollo.  "En multitud de casos la primera vez que las víctimas se entrevistan con su abogado es en el juzgado".

Balda ha manifestado la falta de medios alegando que "no hay un abogado de guardia por partido Judicial" y ha denunciado que "si se hace la ley hay que pensar en si la podemos cumplir".

Finalizando su exposición ha insistido en que el concepto de violencia de género engloba la ejercida en el ámbito de las relaciones afectivas, planteando así los numerosos casos que por un aspecto etimológico se desprenden de esta definición y quedan fuera sin regularse, como son la trata de personas, el maltrato paterno-filial o las violaciones. Para la abogada el concepto de violencia contra las mujeres "debería englobar todas estas acciones y desde  Justicia garantizar la protección y asistencia a través del Turno de Oficio".

Por último, Balda ha hecho hincapié en la necesidad de la especialización de los operadores jurídicos para que cada vez puedan prestarse mejor los servicios, con mejores resultados.

La mesa redonda, ha contado con la moderación de José Antonio Martín Pallín, Magistrado Emérito del Tribunal Supremo, Elena Arce Jiménez, Asesora responsable del Área de Migraciones e Igualdad de Trato de la Defensora del Pueblo,  Diego Bázquez, vocal asesor en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y Ana Manero Salvador, Titular de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid.

A estas jornadas también ha asistido Rosa Isela Pérez, periodista de Ciudad Juárez y Premio Derechos Humanos 2010 del Consejo General de la Abogacía Española. En calidad de Medios de Comunicación.  La  mexicana que se vio obligada a huir de su país tras recibir amenazas de muerte por su labor de investigación y denuncia de los crímenes de Ciudad Juárez. Actualmente reside en España, donde consiguió asilo político junto a su marido y sus tres hijos.

Isela ha asistido como ponente en estas jornadas tratando el tema de la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso "Campo Algonodero" y su carácter rupturista e innovador"