El CGAE presenta el Informe Guerrero

El Consejo General de la Abogacía Española presentaba el pasado jueves el informe Guerrero. A través del mismo se analizan las causas del incumplimiento de las Medidas Provisionales dictadas en abril de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a las comunidades indígenas del Estado de Guerrero en México, por asesinatos, violaciones intentos de secuestro, desapariciones forzadas y otras formas de violencia.

El Informe, realizado por la Fundación CGAE y presentado en el Círculo de Bellas Artes, contó con la presencia de Vidulfo  Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero y los integrantes del equipo seleccionado por la Fundación CGAE que son los responsables del trabajo de investigación y de la elaboración de dicho informe.

Este equipo está formado por: D. Javier García, abogado balear miembro de la Comisión de Derechos Humanos de las CGAE, Dª Vania Oliveros, abogada canaria especializada en Cooperación Internacional, D. Joaquín Sánchez, abogado penalista murciano, especializado en criminalistica y los Consejeros del CGAE  Dª María José Baldá y D. José María Prat.

La finalidad es conseguir que cese la impunidad del Gobierno Mexicano ante las denuncias de las comunidades indígenas por más de treinta años de militarización de su territorio, por los hostigamientos y la violación de sus derechos fundamentales.

El informe, con título "Impunidad e indefensión: Caso Fernández Ortega y otros vs. México", estudia, observa y esclarece, tras un arduo trabajo de la Fundación CGAE en el terreno,  las irregularidades, impunidad e incumplimiento de las medidas de protección que se supone deberían acatar para con las comunidades indígenas.

En concreto está basado en el caso de la violación sexual a Inés Fernández Ortega por parte de militares, la esterilización de catorce miembros de las comunidades indígenas, las constantes amenazas y violencia a las que son sometidos.

De este modo, el informe sugiere la imposición de mejoras en la coordinación y colaboración entre todas las instituciones implicadas así como entre el Ministerio Público y el denunciante, promover un protocolo de actuación para frenar las amenazas o agresiones a defensores de los derechos humanos, establecer controles administrativos y judiciales y acelerar el sistema de justicia del Estado de Guerrero, entre otros.

Vidulfo Rosales celebró la presentación del informe ya que según señaló ha rebasado expectativas resultando ser una completa radiografía de lo que lleva pasando en su comunidad desde hace más de treinta años. Lo urgente es que sea eficaz para que se cumplan las medidas de prevención sobre los indígenas, y se comience a reestructurar el sistema jurídico mexicano.