La sociedad civil lleva a la Administración Española ante los tribunales

“El Gobierno ofrece confidencialidad a vendedores y compradores de armas y desoye la voz de las víctimas” 

Seis organizaciones jurídicas y sociales denuncian al Ministerio de Industria en la Audiencia Nacional para frenar la entrega de armamento bélico a Marruecos 

Esta mañana, en la Audiencia Nacional, seis organizaciones jurídicas y sociales interponían un recurso contencioso administrativo contra una resolución del 29 de abril de 2010 de la Secretaria de Estado de Comercio para intentar frenar la venta de armas a Marruecos. Tres letrados acudían a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la madrileña calle Prim en representación de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS), el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental y la Asociación Canaria  de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos (JUPADEHU). Manuel Ollé, presidente de APDHE y abogado de la acción popular y de la acusación particular en la querella por el genocidio contra el pueblo del Sáhara Occidental; Inés Miranda –Premio Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos de la International Bar Association (IBA)-, presidenta de JUPADEHU y conocida popularmente por ser la representante legal de Aminatou Haidar, y Luis Mangrané Cuevas, integrante del Observatorio Aragonés del Sáhara Occidental y jurista experto en estas cuestiones, presentaban el recurso a las once y media de la mañana.   

Estaban acompañados por dos víctimas del armamento bélico desplegado por el Gobierno marroquí en el Sáhara Occidental en torno al denominado Muro de la Vergüenza: Brahim Lahmaid Kori, un pastor al que una bomba amputó un brazo en el año 79 cuando recorría el desierto saharaui con su rebaño de cabras, y el joven de 19 años Ibrahím Husain Abait, que perdió el año pasado el pie y parte de la pierna derecha al pisar una mina antipersona. “30 años después la historia se sigue repitiendo”, declararon las víctimas, que insistieron en los riesgos en los que vive la población saharaui a causa de las armas utilizadas por el reino alauita para mantener la ocupación de su territorio. El pasado 9 de abril, se había presentado por primera vez en la historia de nuestro país una denuncia administrativa ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MTIYC) para paralizar la concesión de  autorizaciones de exportación de material bélico al Reino de Marruecos, por considerar que se está contraviniendo la normativa española (Ley 53/2007) y europea (Posición Común 2008/944/PESC). La respuesta de la Administración fue la negativa a tramitar dicha denuncia alegando falta de legitimación de las entidades solicitantes (por no tener a su entender la condición de interesados) y por el carácter secreto de las actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU).  

“La violación de los Derechos Humanos en Marruecos y en el Sahara Occidental, así como el resto de los criterios cuya infracción se ponía de manifiesto en la denuncia, debería conllevar inexorablemente la calificación de Marruecos como un país no apto para ser destinatario de dichas exportaciones. La actitud del Gobierno español, por medio de la Secretaria de Comercio Exterior, convierten las declaraciones del mismo en materia de Derechos Humanos en palabras vacías y huecas”. Esta fue la primera reacción de las organizaciones denunciantes ante la respuesta del MTIYC y por esta razón han decido dar el siguiente paso y demandar al Gobierno ante la Audiencia Nacional. Inés Miranda declaraba esta mañana que “el Gobierno recurre al oscurantismo para ignorar la petición de los ciudadanos que en un ejercicio de responsabilidad, en un ejercicio del Derecho a la Participación e Información, están legitimados para exigirle que cumpla su propia ley y respete los Derechos Humanos. La Administración se ampara en la ley de secretos oficiales para no revelar el nombre de las empresas ni el tipo de armamento que se vende a Marruecos, cuando dicha ley no incluye a este tipo de negocios, la venta de armas que están en el mercado libre de compraventa. El Gobierno ofrece confidencialidad a vendedores y compradores de armas y desoye la voz de la víctimas, en contra de todos los principios democráticos”, ­añadió la letrada. Por su parte, Manuel Ollé exigía al Gobierno de España “que cumpla la Ley y los compromisos internacionales y deje de suministrar o autorizar la cesión de armas al Reino de Marruecos, así como a cualquier otro país, mientras no se demuestre su carácter de Estado respetu