México acusa a dos mujeres indígenas por secuestrar a seis policías federales

Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano, A.C.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. 

El pasado 25 de noviembre de 2009, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Procuraduría General de la República reiteró sus infundadas acusaciones en contra de Alberta Alcántara y Teresa González. Lo hizo a través del agente del ministerio público de la federación adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Querétaro, quien presentó conclusiones acusatorias en contra de ambas mujeres. No conforme con solicitar que se les condene, el ministerio público pidió que se les imponga la pena más alta, que podría alcanza más de 40 años de prisión.

Alberta y Teresa están privadas de la libertad en el Centro de Readaptación Social femenil (CERESO) de San José el Alto, Querétaro, desde el 3 de agosto de 2006, cuando fueron aprehendidas por ser señaladas como responsables del secuestro de seis agentes de la hoy extinta Agencia Federal de Investigación (AFI). La acusación derivó de lo ocurrido el 26 de marzo de 2006, cuando dichos servidores públicos pretendieron decomisar ilegalmente la mercancía de algunos tianguistas de la comunidad ñhañhú de Santiago Mexquititlán, Querétaro, propiciando la inconformidad de los vendedores. Por el mismo suceso se presentaron cargos en contra de Jacinta Francisco Marcial quien en septiembre de este año recuperó su libertad al evidenciarse las irregularidades de la acusación.

Para la defensa de Alberta y Teresa, a cargo del licenciado Leonides Ortiz Castillo, y para sus familiares las conclusiones presentadas por el ministerio público expresan, de nueva cuenta, la reiterada intención de la PGR de mantener en prisión a ambas mujeres como represalia en contra de los comerciantes que se defendieron de los abusos de los agentes. Máxime si se considera que fueron Teresa y Alberta quienes les exigieron que se identificaron cuando empezaron a despojar violentamente de su mercancía a la gente.

Para los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) y Fray Jacobo Daciano las conclusiones acusatorias constituyen un claro ejemplo de la inexistencia del debido proceso en México así como de la ilegal y excesiva penalización de las expresiones de protesta. Lo primero, en razón de que como defensores de Jacinta Francisco Marcial constatamos de primera mano la ausencia de pruebas contundentes que conduzcan a sostener que efectivamente los agentes fueron “secuestrados”; lo segundo, atendiendo a que a todas luces lo que busca la PGR en el caso no es tutelar bienes fundamentales y perseguir los delitos que más agravian a la sociedad, sino sancionar desproporcionadamente a quienes se defienden de la arbitrariedad de los servidores públicos de la Procuraduría. En Santiago Mexquititlán jamás se cometió un secuestro, pues sólo abusando de la ley puede equipararse lo ocurrido con ese deleznable crimen.

Tras la determinación de la PGR, el destino de Alberta y Teresa queda en manos del juez cuarto de distrito en el estado de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi. Dicho juzgador, en el pasado, ya dictó sentencia condenatoria en contra de Jacinta, Teresa y Alberta, mostrándose complaciente con las irregularidades patentes en la acusación; aunque dicha sentencia fue revocada en segunda instancia, es ilustrativa del talante del funcionario judicial. Por tal motivo, la defensa de Teresa y Alberta, sus familiares y los centros Prodh y Fray Jacobo Daciano, realizarán en lo inmediato una serie de acciones orientadas a demandar la exoneración de las mujeres, destacando entre ellas: la presentación de las conclusiones absolutorias de la defensa; la difusión de una nueva campaña de firmas y solidaridad; y, la realización de actos públicos, entre otras. Jacinta Francisco Marcial, quien como Teresa y Alberta conoció de primera mano las iniquidades del sistema de justicia mexicano, participará activamente en dichas actividades.

Para la defensa de Alberta y Teresa, sus familiares, y los centros Prodh y Fray Jacobo Daciano, la inocencia de ambas mujeres debe ser confirmada por el juez cuarto de distrito. En Santiago Mexquititlán no hubo ningún secuestro y los afis lejos de ser inocentes víctimas, fueron cómplices de una burda maquinación que se echó a andar como represalia en contra de una comunidad que no toleró los abusos de los servidores públicos de la PGR, institución que se ensañó cobardemente contra quienes suelen ser particularmente discriminadas por la sociedad y el sistema de justicia: las mujeres en situación de exclusión, originarias de una comunidad rural indígena. Es inaceptable, por lo ya dicho, que las autoridades federales pretendan mantener en prisión más de cuarenta años a Alberta y Teresa. Corresponde al Poder Judicial, en la faceta del juez cuarto de distrito en el estado de Querétaro, enmendar este abuso.