Balance de la ley contra los malos tratos en España

CRISTINA CASTRO – EL PAÍS

Cincuenta y cinco mujeres fueron asesinadas en 2009 a manos de sus parejas o ex parejas. Una cifra intolerable, pero la más baja desde que entró en vigor la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Casi un 40% menos que en 2008 y un 15% menos que la media de los últimos cinco años. Los mismos que acaba de cumplir esta ley, que aprobó por unanimidad el Congreso el 28 de diciembre de 2004 y que ha supuesto un cambio radical en la forma de entender la violencia machista.

El descenso en el número de muertes no debe apartar la vista del drama. Han sido 55 vidas, 16 menores de 30 años. De ellas, 13 habían solicitado medidas de protección y el 11% las tenían en vigor cuando fueron asesinadas. Algo más de un tercio eran extranjeras y el 61% convivía con su asesino.

En cinco años, la violencia machista ha dado el gran salto de lo privado a lo público. La ley, tan ambiciosa como necesaria, tiene aún aspectos por desarrollar, sobre todo, respecto a la educación y la atención psicosocial. Faltan recursos materiales y personales, profesionalización y más conciencia social. Pero hay logros, como el creciente número de denuncias y el descenso de muertes. Y en estos cinco años la ley ha constatado su validez a través de diversas sentencias del Tribunal Constitucional. "A pesar de haberse aprobado por unanimidad, es la ley orgánica de la democracia que más recursos de inconstitucionalidad ha suscitado, pero todos han sido resueltos de forma favorable", recuerda Altamira Gonzalo, presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis.

Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, hace balance del lustro y coincide con otros expertos en el hito que supone la pérdida del miedo a denunciar. "Casi el 80% de los casos de violencia machista acaban con sentencias condenatorias, la norma ha conseguido una justicia más rápida y eficaz en los castigos, porque antes la mayoría de los casos terminaban con el archivo o la absolución".

Según un estudio realizado por el observatorio a través de 530 sentencias de audiencias provinciales, la mayoría de las condenas se dan por maltrato ocasional (59%), seguido de amenazas y de quebrantamiento de la pena o la medida cautelar de alejamiento. "Se ha mejorado en la percepción de peligro, y que las mujeres denuncien a la primera en vez de soportar una relación instaurada de fuerza", asegura Consuelo Abril, presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, que indica que en estos años se ha conseguido que el tiempo medio que la mujer aguanta al maltratador pase de siete a cinco años.

Desde la entrada en vigor de la ley se han puesto en marcha 92 juzgados exclusivos de violencia de género (datos de junio de 2009), aunque son muchas las ciudades que siguen funcionando con juzgados mixtos y donde la situación es, según los expertos, caótica.

Javier Martínez Derqui, titular del juzgado número 7 de violencia de género de Madrid, destaca que el mayor logro ha sido el de evitar "la peregrinación de las víctimas por los juzgados, cuando una mujer acude a uno en una agresión, ése se convierte en su juzgado de referencia". Está pendiente un proceso de comarcalización -que se unan varios municipios pequeños a los que se asigne un juzgado exclusivo-, proyecto que comenzó el anterior ministro de Justicia en 2008, pero que quedó aparcado.

Martínez Derqui cree que, en cuanto a las medidas judiciales, uno de los aspectos que habría que revisar es el de la obligatoriedad de establecer medidas de alejamiento en todos los casos. "Son dos años como mínimo y debería ser el juez quien decidiese la necesidad de establecerla. Creo que se evitaría que algunas mujeres dejasen de declarar en el juicio".

Otra cuestión que preocupa es la juventud de las asesinadas (el 30% tiene menos de 30 años), que deja en evidencia una dificultad para cambiar la tendencia. La ley prevé la inclusión de conceptos de igualdad y de resolución pacífica de conflictos durante todo el proceso educativo -desde la educación infantil a la universitaria, incluida la de adultos-, algo que también está por desarrollar. "No se ha incluido, pero es que primero hay que ver quién forma a los formadores, porque falta mucha profesionalización", señala Covadonga Naredo, responsable de violencia de género de la Federación de Mujeres Progresistas.

Los jóvenes han centrado algunas de las últimas campañas, porque se percibe falta de percepción del maltrato entre ellos, sobre todo en las primeras fases. "Hace falta mucha prevención. La libe